El Tribunal valenciano ve indicios de delito en la financiaci¨®n del PP

La querella por financiaci¨®n ilegal del PP presentada hace tres meses por cuatro diputados auton¨®micos socialistas contra el presidente valenciano, Francisco Camps, seis altos cargos de la Generalitat, cinco miembros de la trama G¨¹rtel y cinco conocidos empresarios, contiene "hechos de posible significaci¨®n delictiva". As¨ª lo reconoce el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un auto que hizo p¨²blico ayer la Sala de lo Penal y Civil. El tribunal decide "no asumir" por ahora, "dadas las circunstancias procesales", la competencia para instruir la querella. Considera, siguiendo la opini¨®n de la fiscal¨ªa, que el conjunto del caso G¨¹rtel, que investiga el juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, afecta a una "organizaci¨®n delictiva" -la que encabezaba Francisco Correa, actualmente en prisi¨®n- cuya unidad de actuaci¨®n no se puede deslindar sin menoscabar la comprensi¨®n de su funcionamiento.

En consecuencia, el TSJCV, dado que no conoce las actuaciones de Pedreira por estar sometidas a secreto del sumario, se declara no competente en este momento para investigar la querella y emplaza al TSJ de Madrid a "realizar y practicar las diligencias que estime oportunas y que se enmarquen en la investigaci¨®n general del supuesto complejo delictivo". El auto define como "cualificado" el informe de la Unidad Especial de Polic¨ªa contra la Criminalidad Organizada sobre el que se sustenta la querella de los diputados socialistas. ?ste, en esencia, se?ala que cinco conocidas empresas que habitualmente contratan con la Generalitat habr¨ªan pagado facturas del PP valenciano a trav¨¦s de la empresa Orange Market, considerada una terminal de la trama de corrupci¨®n y dirigida por ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes.

Ese mismo informe policial fue ignorado por el TSJCV (presidido por Juan Luis de la R¨²a) en agosto cuando le lleg¨® en medio de la deliberaci¨®n por el caso de los trajes regalados por la red G¨¹rtel a Camps y otros tres cargos p¨²blicos. Una imputaci¨®n por cohecho que la Sala archiv¨®, pese a la opini¨®n contraria del juez instructor, Jos¨¦ Flors, y el voto particular del magistrado Juan Montero. El auto de ayer no registr¨® objeciones de ning¨²n miembro de la Sala y tuvo a Jos¨¦ Francisco Ceres como ponente, el mismo que en el caso de los trajes. En ¨¦l se pide a la fiscal¨ªa -conocedora del "¨¢mbito, el objeto y las circunstancias" al estar personada en la investigaci¨®n del juez Pedreira en Madrid- que, "en defensa de la legalidad competencial", promueva la remisi¨®n de las actuaciones al tribunal valenciano o al Supremo cuando afecten a personas aforadas.

Los argumentos fundamentales del auto, que da por buenas como pruebas las conversaciones telef¨®nicas aportadas al sumario, y puestas en cuesti¨®n en reiteradas ocasiones por el PP, son los siguientes:

- La investigaci¨®n. La "reiteraci¨®n, contundencia y argumentos" expuestos en el informe policial permiten "apuntar y valorar la necesidad de una ¨²nica perspectiva judicial investigadora de todos los hechos".

- Una trama. El tribunal comparte el criterio de calificar los supuestos hechos delictivos como fruto de "una trama". Eso hace dif¨ªcil separar lo que ocurri¨® en Madrid y en Valencia.

- Unidad de la causa. Tanto la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en Madrid, personada en la investigaci¨®n del juez Pedreira, como el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, han reiterado que conven¨ªa no romper la unidad de la causa.

- Aforados. La Sala no renuncia a investigar los hechos. Se queda a la espera de lo que haga el TSJ de Madrid, pero recuerda que la conclusi¨®n tendr¨¢ dos caminos: o volver a Valencia o ir al Supremo. Se?ala, adem¨¢s, algo que pas¨® inadvertido a los diputados que presentaron la querella: la administradora general del PP en las elecciones auton¨®micas de 2007 en la Comunidad Valenciana fue Cristina Ib¨¢?ez Vidal, que no ha sido querellada y no es aforada.