Garz¨®n y el Rey

Tal vez las gestiones de don Juan Carlos en favor de un pacto contra la crisis se expliquen sencillamente por su deseo de acreditar la utilidad de la Monarqu¨ªa como poder mediador. Es decir, por su deseo de hacer frente a esa forma de cuestionamiento de la legitimidad de la instituci¨®n asociada al revisionismo sobre la Transici¨®n que se ha abierto paso en sectores de la opini¨®n p¨²blica. Si la hip¨®tesis fuera cierta, ser¨ªa posible establecer un hilo entre los dos temas pol¨ªticos del momento: la propuesta de un pacto de Estado anticrisis y algunas implicaciones pol¨ªticas del caso Garz¨®n en relaci¨®n con la causa sobre los cr¨ªmenes del franquismo, y en particular con la reinterpretaci¨®n de la amnist¨ªa como imposici¨®n postrera de ese r¨¦gimen para indultarse a s¨ª mismo.

De la reinterpretaci¨®n de la amnist¨ªa como autoindulto franquista derivan efectos potencialmente desestabilizadores

Es dudoso que la actuaci¨®n de Garz¨®n en defensa de su competencia en esa causa tenga encaje en el delito de prevaricaci¨®n. Pero es lamentable que esa defensa le llevara a ignorar, mediante complicados razonamientos, el alcance (y significado profundo) de la Ley de Amnist¨ªa de 1977. Esa norma complet¨® lo que hab¨ªan dejado pendiente los indultos que siguieron a la muerte de Franco y la amnist¨ªa parcial decretada por Su¨¢rez en julio de 1976, que exclu¨ªa a los condenados o acusados por actos que hubieran "puesto en peligro o lesionado la vida o la integridad de las personas".

La oposici¨®n reclamaba que se ampliase a "todos los delitos de intencionalidad pol¨ªtica" a fin de culminar, dijo Carrillo en la sesi¨®n constitutiva de las Cortes salidas de las elecciones de junio de 1977, el "proceso de reconciliaci¨®n". Como ha recordado Santos Juli¨¢, esa palabra, reconciliaci¨®n, fue incorporada a la argumentaci¨®n en favor de una amnist¨ªa sin excepciones. Pero en las conversaciones de Su¨¢rez con la oposici¨®n se introduce, en paralelo a la inclusi¨®n de los delitos de sangre, una referencia a las actuaciones contra los derechos humanos de las autoridades y funcionarios franquistas. Amnist¨ªa total es un t¨¦rmino que pasa a identificarse, dice Juli¨¢, "con el fin de la Guerra Civil y de la dictadura".

De forma que cuando la ley es finalmente aprobada en el Congreso (con s¨®lo dos votos en contra y 18 abstenciones), el entonces diputado Xabier Arzalluz la saluda como norma votada por un Parlamento en el que comparten esca?os "personas con muchos a?os de c¨¢rcel y exilio en sus biograf¨ªas junto a otras que han participado en los Gobiernos causantes de esa c¨¢rcel y ese exilio". Y recuerda que "hechos de sangre" los hab¨ªa habido por ambas partes, por lo que interpreta la norma como cancelaci¨®n de ese pasado y gesto de perd¨®n rec¨ªproco.

Durante m¨¢s de 20 a?os el consenso establecido sobre la Transici¨®n part¨ªa de la consideraci¨®n de la guerra como un fracaso colectivo a superar, de la Constituci¨®n como marco compartido por todas las opciones pac¨ªficas, igualmente leg¨ªtimas, y de la amnist¨ªa como reconciliaci¨®n. Ese consenso se debilit¨® hacia el cambio de siglo, por razones generacionales pero tambi¨¦n pol¨ªticas. El revisionismo sobre la Transici¨®n la presenta como un proceso incompleto o semifracasado (por la coacci¨®n militar y la falta de arrojo de la izquierda para provocar la ruptura); y a la amnist¨ªa, como auto-exculpaci¨®n del franquismo.

J. M. Ruiz Soroa, en un art¨ªculo publicado en El Correo (7-12-2008), alertaba sobre las consecuencias aparentemente no buscadas pero altamente desestabilizadoras que podr¨ªan derivar de ese cambio de visi¨®n: el cuestionamiento de la legitimidad de la Monarqu¨ªa, dada su relaci¨®n pasada con el franquismo, y la desautorizaci¨®n moral de la derecha pol¨ªtica como heredera del r¨¦gimen del General, lo que a su vez deslegitima la posibilidad de alternancia, y que se manifiesta en expresiones como "bloque constitucional", que la excluye, o condenas al ostracismo como la del Pacto del Tinell o el compromiso ante notario de Artur Mas de no pactar nada con el PP.

En la situaci¨®n actual de incomunicaci¨®n entre las partes, y con las encuestas reflejando el deseo mayoritario de concertaci¨®n frente a la crisis, el Rey habr¨ªa tomado la iniciativa de abogar p¨²blicamente por ella. Tal vez desde el recuerdo de aquel octubre de 1977 en el que, con un intervalo de 10 d¨ªas, se aprobaba la Ley de Amnist¨ªa y firmaban los Pactos de la Moncloa, que contribuyeron, escribe Charles Powell (Espa?a en democracia. 2001), a legitimar "medidas de austeridad inevitablemente impopulares" y a la "reconciliaci¨®n entre antiguos antagonistas". Tal vez de acuerdo con Tuc¨ªdides, historiador de la guerra del Peloponeso para quien la pol¨ªtica sirve para que "el odio no sea eterno".