El 'caso Garz¨®n'

El ostracismo al que los sectores antidemocr¨¢ticos de Espa?a quieren condenar al juez Baltasar Garz¨®n no es una mera cuesti¨®n interna espa?ola, sino que ata?e a Europa entera y a su porvenir: se debate si las perspectivas de futuro del viejo continente seguir¨¢n siendo las de la democracia liberal, o si sobre las ruinas de una divisi¨®n de poderes aborrecida por el establishment se afirmar¨¢ cada vez m¨¢s la tentaci¨®n de un modelo neototalitario, al estilo de Putin o de Berlusconi.

Lo que est¨¢ en juego en el caso Garz¨®n es, en efecto, la propia autonom¨ªa de la judicatura. Sin una intransigente custodia de esa autonom¨ªa, y sin un sistema informativo realmente pluralista e imparcial (cuya estrella polar ha de ser el respeto por las "modestas verdades de hecho", en las que Hannah Arendt ve¨ªa el ant¨ªdoto contra las tentaciones totalitarias de toda forma de poder), la democracia liberal corre serio peligro, al ver minada su propia esencia.

Se instaura la l¨®gica de la depuraci¨®n de todo juez que interprete la ley de modo distinto al Supremo

La c¨²pula judicial se reserva el derecho a ser la ¨²nica que puede actuar con autonom¨ªa

Pero los enemigos de Garz¨®n (que en este caso coinciden con los enemigos de la democracia liberal) se defienden sosteniendo que son ellos los aut¨¦nticos defensores de la autonom¨ªa del poder judicial, dado que es una instancia judicial, el Tribunal Supremo (TS), la que debe juzgar a Garz¨®n y su supuesta prevaricaci¨®n. Sin embargo, observando las cosas sin ira et studio y sobre todo recurriendo a la l¨®gica de forma rigurosa (lo que en la actividad jur¨ªdica no puede ser nunca un extra), no resulta dif¨ªcil apreciar el vuelco orwelliano que experimenta la expresi¨®n "autonom¨ªa de la magistratura". Ve¨¢moslo con detenimiento.

Magistrado de la Audiencia Nacional, Garz¨®n representa -para simplificar y atenernos al lenguaje internacional comprensible- al juez de instrucci¨®n. Considera que ciertos hechos pueden adscribirse a una categor¨ªa delictiva prevista por una ley (asume una notitia criminis), realiza las indagaciones pertinentes y procede eventualmente a la incriminaci¨®n de quienes considera culpables. El juez de instrucci¨®n, obviamente, puede equivocarse: sea por considerar culpable a un inocente (para quien las pruebas no resultan suficientes, "m¨¢s all¨¢ de toda duda razonable"), sea por considerar hecho delictivo un comportamiento que no est¨¢ tipificado como tal por la ley (y el imputado ser¨¢ absuelto "porque los hechos no constituyen delito").

Que el juez de instrucci¨®n pueda haberse equivocado es decisi¨®n del juez enjuiciador (por lo general un tribunal de varios miembros, en n¨²mero impar). Todos los distintos ordenamientos democr¨¢tico-liberales, sin embargo, prev¨¦n la posibilidad de una "apelaci¨®n", es decir, de una (o incluso dos) instancias sucesivas de juicio, que pueden dar la vuelta a la sentencia inicial y declarar errado un comportamiento juzgado justo, as¨ª como justo otro que hab¨ªa sido considerado errado. S¨®lo la sentencia definitiva e inapelable es, en sentido jur¨ªdico, la "justa". Por m¨¢s que, como sabemos, no pocas sentencias definitivas resulten err¨®neas en su esencia (se condena a inocentes, a muerte incluso, y se absuelve a culpables, de horrendos cr¨ªmenes incluso). Pero es eso lo mejor que se ha conseguido excogitar hasta ahora para aproximarnos al ideal de la justicia.

Son cosas archisabidas que ni siquiera deber¨ªa hacer falta recordar. Debemos prestar atenci¨®n, sin embargo, a una consecuencia: en todas las fases de este procedimiento "en distintos estratos" podr¨ªa darse el caso de que cada juez se equivocara en virtud de la decisi¨®n del juez sucesivo (y respecto a la justicia en sentido ideal y sustancial). Ahora bien, la ¨²nica sanci¨®n que para tal equivocaci¨®n cabe es una sentencia que desmienta las conclusiones del juez en cuesti¨®n. Si tales conclusiones, por el contrario, pudieran convertirse a su vez en motivo para una incriminaci¨®n del juez (si una investigaci¨®n, o una sentencia, pudieran convertirse en delito de prevaricaci¨®n), la autonom¨ªa de la magistratura quedar¨ªa aniquilada y engullida en una guerra entre jueces en la que todos se hallar¨ªan, en relaci¨®n a sus colegas, en la situaci¨®n hobbesiana de homo homini lupus. ?Cu¨¢ntos jueces podr¨ªan seguir incriminando, dado que en caso de absoluci¨®n del imputado podr¨ªan ser acusados de prevaricaci¨®n? Pero es que tampoco podr¨ªan absolver tranquilamente, porque si la instancia superior condenase m¨¢s tarde al imputado, quien lo hubiera absuelto en primer grado podr¨ªa ser acusado de prevaricaci¨®n (hacia las v¨ªctimas del delito, por ejemplo).

Es ¨¦ste el verdadero aquelarre de anomia al que podr¨ªa llegarse si se llevara a sus extremas (es decir, l¨®gicas) consecuencias la pretensi¨®n de acusar de prevaricaci¨®n a un juez s¨®lo por interpretar una ley de forma diferente a la de su colega.

Pero en el caso de Baltasar Garz¨®n, la cuesti¨®n es a¨²n m¨¢s grave, porque no se ha producido todav¨ªa la sentencia de un tribunal acerca de la culpabilidad o inocencia de los eventuales "criminales" de la ¨¦poca de Francisco Franco, sobre los que Garz¨®n estaba investigando. Lo que se pretende juzgar como "delito" es nada menos que la apertura de diligencias y sus primeras medidas (exhumaci¨®n de cad¨¢veres, etc¨¦tera).

De esta manera se convierte en ley suprema la siguiente aberraci¨®n jur¨ªdica: cualquier juez de cualquier clase o instancia, cuando advierte indicios de delito, instruye diligencias, lleva a juicio o, con mayor motivo, promulga una sentencia, en caso de que choque con la opini¨®n de la mayor¨ªa del Tribunal Supremo, podr¨ªa ser acusado de prevaricaci¨®n. Lo que significa que la ¨²nica magistratura "aut¨®noma" en Espa?a ser¨ªa el propio TS, y todos los dem¨¢s jueces se ver¨ªan abocados a volverse clones del TS, so pena de ser expulsados de la carrera judicial. Una aut¨¦ntica l¨®gica de la depuraci¨®n, que hace del TS no ya un ¨®rgano de rango superior que no s¨®lo puede dar la vuelta a los veredictos del resto de los jueces, sino tambi¨¦n expedientarlos a su gusto, impidiendo que los procesos tengan lugar, o incluso que comiencen.

Omito la circunstancia de que en el Tribunal Supremo haya una densa presencia de magistrados con evidentes simpat¨ªas por el franquismo (algo que en su momento la reci¨¦n nacida democracia espa?ola hubiera debido impedir, con una depuraci¨®n an¨¢loga por lo menos a la realizada en Alemania tras el periodo nazi), y que la voluntad de exiliar a Garz¨®n se plantee con singular tempestividad tras sus indagaciones en dos de los casos menos digeribles para la derecha espa?ola (cada vez m¨¢s tentada por las sirenas extremistas): el de los cr¨ªmenes franquistas y el de la supuesta amplia corrupci¨®n del caso G¨¹rtel en Valencia.

Me he querido limitar ¨²nicamente a los aspectos de l¨®gica jur¨ªdica que la eventual defenestraci¨®n de Garz¨®n de la magistratura implica. Y es que est¨¢n sonando las alarmas por la autonom¨ªa de la magistratura en toda Europa, visto que dicha autonom¨ªa es objeto de ataques cada vez m¨¢s frecuentes. Lo digo desde un pa¨ªs donde el tiro al blanco del r¨¦gimen de Berlusconi y del establishment contra los magistrados que persiguen la corrupci¨®n y la mafia (y las tramas pol¨ªtico-empresariales que de ellas se derivan) es desde hace a?os sistem¨¢tica y cada vez m¨¢s violenta, sin que las instituciones europeas se percaten de la gravedad del peligro. Espa?a, gracias entre otras cosas a las actuaciones ejemplares de Baltasar Garz¨®n (que parecen encarnar aquel "?Jueces hay en Berl¨ªn!" de la famosa an¨¦cdota del molinero de Federico II) parec¨ªa desde este punto de vista un posible baluarte contra tentaciones putinianas, berlusconianas o autoritarias de cualquier tipo. Evidentemente, era s¨®lo una ilusi¨®n.

Me parece imposible pensar que un recurso contra las pretensiones del TS (si es que realmente llega a procesar al juez Garz¨®n) pueda ser rechazado por el Tribunal Constitucional espa?ol o por alguno de los tribunales europeos. Porque en tal caso quedar¨ªa legitimado ese caos jur¨ªdico que a grandes l¨ªneas hemos dibujado (hasta el caso l¨ªmite, aunque no imposible en esta l¨®gica, de que una distinta mayor¨ªa del Supremo pudiera depurar a algunos de sus propios miembros que en el pasado hubieran...). Pero habr¨ªan pasado ya a?os y, entretanto, Baltasar Garz¨®n habr¨ªa dejado de estar en condiciones de hacer da?o, es decir, de ejercer como magistrado con esa autonom¨ªa y rigor jur¨ªdico y moral que en todo el mundo democr¨¢tico se le reconoce y por el que se le admira (mundo en sentido literal, de norte a sur). Y en Europa todos ser¨ªamos un poco menos iguales y menos libres.

Paolo Flores d'Arcais es fil¨®sofo y editor de la revista Micromega. Traducci¨®n de Carlos Gumpert.