El 'mobbing' inmobiliario se paga

Tres personas cuyas edades oscilan entre los 70 y los 75 a?os ser¨¢n indemnizadas con 12.000 euros m¨¢s intereses desde 2003 cada una por los da?os morales infligidos por la propiedad de los pisos donde residen, y que se concret¨® en mobbing inmobiliario.

El Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona declara probado que la inmobiliaria propietaria de su edificio, situado en el n¨²mero 33 de la calle de Robadors, les someti¨® a "unas condiciones indeseables, alterando la tranquilidad en el uso pac¨ªfico de sus viviendas". Entre otras pr¨¢cticas, la inmobiliaria cambiaba sistem¨¢ticamente el lugar establecido para el pago de los alquileres y luego trataba de conseguir el desahucio de los vecinos aduciendo impago de las cuotas. Adem¨¢s, la empresa consinti¨® en el edificio actividades que alteraban la convivencia, como pisos patera y otros en los que se ejerc¨ªa la prostituci¨®n. La empresa demandada es Sofic Investiments, de nacionalidad samoana, lo que dificultaba a los inquilinos tener un interlocutor para resolver los problemas.

La demanda ped¨ªa tambi¨¦n que la empresa, que se hizo con la propiedad del edificio en 2003, realizara diversas obras necesarias para el mantenimiento de la finca, pero el juez desestima esta petici¨®n ya que los vecinos no presentaron en su d¨ªa un requerimiento formal a la propiedad, por lo que ¨¦sta no pudo darse por enterada.

Dos polic¨ªas locales que declararon en el juicio afirmaron conocer las pr¨¢cticas contra los inquilinos. "A todos los inquilinos de renta antigua se les ha sometido a presiones", declar¨® un agente. "Fueron objeto de desahucio por omisi¨®n de cobro, no de pago", se?al¨® otro. Y ¨¦ste mismo afirm¨®: ""Existen pensiones clandestinas en los pisos patera, personas en situaci¨®n irregular, adem¨¢s de prostituci¨®n".

Esta sentencia responde a la demanda presentada por tres v¨ªctimas de acoso inmobiliario, representadas por el abogado Roger Granados. Paralelamente, la fiscal¨ªa present¨® una querella que investiga un juzgado de instrucci¨®n de Barcelona y que incluye estos mismos casos y varios m¨¢s hasta la decena. La querella se produjo a instancias del Ayuntamiento de Barcelona, que le comunic¨® diversos casos de mobbing en el distrito de Ciutat Vella que, en su opini¨®n, constitu¨ªan claramente delitos. A partir de ese momento y de diversas investigaciones y denuncias ciudadanas, el Ayuntamiento y la fiscal¨ªa firmaron un protocolo para actuar de modo sistem¨¢tico cuando hubiera casos similares, que con frecuencia afectan a personas de "edad y faltas de recursos econ¨®micos".