"Los miembros del Poder Judicial tienen que volver a la normalidad"
Esta semana ha tenido que v¨¦rselas con tres enmiendas a la totalidad presentadas contra la reforma del C¨®digo Penal por la izquierda y el PNV, contrarios a que se siga endureciendo la norma. El ministro de Justicia, Francisco Caama?o, sali¨® del atolladero gracias al apoyo del Partido Popular. Conf¨ªa, a pesar de todo, en que conseguir¨¢ una ley de consenso. Caama?o, siempre cauto, sobre las pol¨¦micas palabras de Felipe Gonz¨¢lez diciendo que la justicia est¨¢ "hecha unos zorros por el ganado que hay dentro", considera que el ex presidente habl¨® "en el contexto de un mitin" y que "as¨ª deben entenderse sus palabras".
Pregunta. Da la impresi¨®n de que el C¨®digo Penal se cambia a golpe de suceso.
"Es incoherente que el PP pida la cadena perpetua revisable"
"Tenemos uno de los c¨®digos m¨¢s duros del entorno democr¨¢tico"
Respuesta. Debemos legislar desde la raz¨®n, no desde el coraz¨®n, pero hay situaciones en las que la finalidad de la pena, que es la rehabilitaci¨®n, es dif¨ªcil de lograr, como sucede con la pederastia. Esto produce inquietud a las v¨ªctimas. Por eso hemos introducido la libertad vigilada.
P. Pero es una pena que se impone cuando la condena ya est¨¢ cumplida. El diputado del PNV Emilio Olabarr¨ªa ha dicho que es una cadena perpetua encubierta.
R. No es una pena, sino una medida de seguridad que se aplica a casos muy concretos: delitos sexuales y terrorismo. Mientras el condenado est¨¢ en la c¨¢rcel se sigue su evoluci¨®n, y si al final los servicios penitenciarios consideran que no hay ning¨²n problema, la medida que en su d¨ªa adopt¨® el juez no llegar¨¢ a ser acordada.
P. ?En qu¨¦ va a consistir?
R. Puede ser la prohibici¨®n de acercarse a la v¨ªctima, pasar cada cierto tiempo por una dependencia judicial, verificar que se sigue un tratamiento m¨¦dico...
P. En el caso de los delitos sexuales no se va a imponer s¨®lo a los graves, sino a todos, incluyendo el acoso o el exhibicionismo, con penas m¨ªnimas de tres y seis meses. ?No es desproporcionado?
R. Como son penas cortas, la idea es que despu¨¦s exista cierta seguridad para la v¨ªctima, como en el caso de un exhibicionista que est¨¢ en la puerta de los colegios. Debemos incorporar a las v¨ªctimas al derecho penal.
P. ?Por qu¨¦ rechaza tanto la cadena perpetua revisable?
R. El PP, en una ola de progresi¨®n punitiva, primero defend¨ªa la cadena perpetua, lisa y llanamente. Cuando le dijimos que era inconstitucional, que la pena se orienta a la reinserci¨®n y que nadie puede estar condenado de por vida, busc¨® esta f¨®rmula.
P. ?Cu¨¢l es el problema?
R. Es incompatible con el principio de cumplimiento ¨ªntegro de las penas que tanto defiende el PP. Adem¨¢s, sugieren que la revisi¨®n se haga a los 20 a?os. No es l¨®gico que alguien pueda ser castigado a 40 a?os sin revisi¨®n posible y que a un condenado a cadena perpetua s¨ª se le pueda revisar. Si hay revisi¨®n, que la haya para todos. Pero eso es abandonar el principio de cumplimiento ¨ªntegro. Est¨¢n siendo incoherentes.
P. ?Podr¨ªa considerarse la revisi¨®n para todos los casos?
R. Quiz¨¢, pero ese es otro debate en el que ahora no estamos.
P. ?No tenemos un c¨®digo demasiado duro? La tasa de presos es la m¨¢s alta de Europa.
R. Es uno de los m¨¢s duros de los entornos democr¨¢ticos, pero las leyes penales cumplen m¨¢s funciones aparte de castigar, como evitar que la gente cometa delitos. Tenemos la tasa de delincuencia m¨¢s baja de la d¨¦cada.
P. ?Y cree que se debe a la dureza del C¨®digo Penal?
R. La prevenci¨®n general es muy importante, aunque es cierto que porque un c¨®digo penal incluya la pena de muerte no se van a prevenir los asesinatos; la prevenci¨®n no llega a tanto. Por otro lado, hemos introducido penas alternativas a la prisi¨®n.
P. El 66% de los reclusos est¨¢n condenados por delitos contra el patrimonio o contra la salud p¨²blica y se siguen manteniendo las penas de c¨¢rcel para estos delitos.
R. No se han endurecido todas las penas. En las de tr¨¢fico de drogas s¨®lo se ha hecho para los que realmente act¨²an de forma grave y perjudicial, pero las hemos atenuado para los delitos vinculados al consumo y con baja repercusi¨®n. Estos constituyen el 95% de las condenas por estos delitos.
P. Estas conductas leves se siguen castigando con c¨¢rcel.
R. Pero son sanciones menores y el juez puede suspender la condena en algunos casos.
P. Habr¨¢ prisi¨®n obligatoria para los cargos corruptos en delitos de urbanismo o medioambiente, pero son de uno a tres a?os. El robo en casa habitada se castiga con c¨¢rcel de dos a cinco. El c¨®digo seguir¨¢ siendo mucho m¨¢s duro con los delitos cometidos por las clases desfavorecidas.
R. Hemos hecho un ejercicio de ponderaci¨®n. Si en alg¨²n lugar se nos ha disparado algo, se corregir¨¢. ?ste no quiere ser un c¨®digo fuerte frente al d¨¦bil y d¨¦bil frente al fuerte.
P. ?C¨¢rcel para los manteros?
R. Con la reforma se permitir¨¢n penas distintas a la prisi¨®n.
P. Pero la decisi¨®n queda en manos del juez.
R. Hay que ver en cada caso. No es lo mismo alguien que lo hace una o dos veces que otro que lo hace de forma sistem¨¢tica. Al igual que condenamos cuando alguien roba una cartera, aqu¨ª tambi¨¦n se est¨¢ cometiendo un delito.
P. El grupo socialista introdujo una enmienda para que este hecho sea considerado falta si el valor de los derechos defraudados no supera los 400 euros. Casi todos los manteros llevan un n¨²mero similar de CD, los que caben en la manta, y los jueces est¨¢n valorando esos derechos defraudados en cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 2.500 euros. Esa medida no se va a aplicar a nadie.
R. Bueno, la valoraci¨®n se hace intentando calcular la cantidad que el autor cobrar¨ªa en derechos de autor por cada CD.
P. ?Se compromete a aprobar en esta legislatura la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal?
R. Me comprometo a llevarla a las Cortes Generales.
P. ?Incluir¨¢ que la instrucci¨®n pase a los fiscales?
R. S¨ª. La investigaci¨®n la tiene que llevar el ministerio fiscal. Debe haber un juez en la instrucci¨®n, pero para garantizar los derechos fundamentales, como ocurre ya en pr¨¢cticamente todos los Estados democr¨¢ticos del mundo. El juez instructor produce un efecto sumamente extra?o.
P. ?Se har¨¢ una nueva regulaci¨®n de las intervenciones de las telecomunicaciones?
R. Vamos a regular todas las garant¨ªas vinculadas al proceso.
P. ?C¨®mo se explica a los ciudadanos que en el proceso G¨¹rtel sigan siendo v¨¢lidas las escuchas y que sin embargo haya un procedimiento contra Garz¨®n por ordenarlas?
R. Son dos cuestiones jur¨ªdicamente distintas, aunque por la l¨®gica est¨¢n conectadas. Es verdad que en este asunto se produce un efecto extravagante, que es c¨®mo una persona que est¨¢ encausada en un asunto judicial, en lugar de defenderse se suma a una acci¨®n punitiva contra el juez.
P. El CGPJ vive su propia guerra interna. ?Qu¨¦ opina de que un vocal haya denunciado el sistema de nombramientos?
R. Es un ¨®rgano de composici¨®n plural y con distintas sensibilidades. Cuando sus discrepancias se transmiten a la opini¨®n p¨²blica, esto da una sensaci¨®n de des¨¢nimo a los ciudadanos respecto a su valoraci¨®n de la justicia. La responsabilidad de sus miembros es volver a la normalidad.
P. La vocal Margarita Robles envi¨® una carta a su asociaci¨®n, Jueces para la Democracia, haciendo gala del elevado n¨²mero de nombramientos conseguidos para ellos.
R. No voy a entrar en lo que hace cada uno de los vocales.
P. ?Qu¨¦ tipo de aclaraci¨®n esperan del auto del juez Eloy Velasco en el que constata que puede haber alguna relaci¨®n entre miembros del Gobierno de Venezuela, las FARC y ETA?
R. Queremos saber si lo que se persigue es una intervenci¨®n de naturaleza diplom¨¢tica o si lo que quiere es abrir una cooperaci¨®n jur¨ªdica internacional, porque ser¨ªa el Ministerio de Justicia el que tendr¨ªa que hacer la conexi¨®n entre las autoridades judiciales espa?olas y venezolanas.
P. ?Se va a regular la objeci¨®n en la Ley de Libertad Religiosa?
R. Sin duda. La libertad de conciencia es uno de los d¨¦ficits de nuestro sistema.
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