El presidente del Tribunal del 'caso G¨¹rtel' busca micr¨®fonos ocultos

En plena deliberaci¨®n de su Sala de lo Penal sobre la legalidad de las escuchas ordenadas en la c¨¢rcel a los implicados del caso G¨¹rtel -la m¨¢s extensa trama de corrupci¨®n vinculada al PP en toda la historia de este partido-, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Jos¨¦ Vieira, ha pedido a la polic¨ªa que haga un exhaustivo barrido electr¨®nico en las instalaciones de su sede judicial con el fin de comprobar si hay micr¨®fonos ocultos. ?l y los otros dos magistrados de su Sala est¨¢n deliberando en estos d¨ªas si admiten los recursos de los abogados de los implicados en la trama corrupta y cree que puede haber micr¨®fonos ocultos en los despachos judiciales.

La petici¨®n de Vieira causa perplejidad en ¨¢mbitos policiales y judiciales

El tribunal debate si anula parte de las escuchas de la red de corrupci¨®n

La deliberaci¨®n de estos tres magistrados, entre los que se encuentra el propio Vieira, puede dar un vuelco a la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel en el caso de que la Sala de lo Penal de este tribunal decida -por dos votos contra uno- anular una parte o el conjunto de las escuchas en prisi¨®n ordenadas en febrero de 2009 por el juez Garz¨®n, primer instructor de un proceso que afecta a una decena de altos cargos del PP.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Jos¨¦ Vieira, aupado a este cargo a propuesta de la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, af¨ªn al PP, sospecha que alguien puede estar espiando desde fuera lo que ocurre dentro del edificio judicial. Y por esa raz¨®n, ha pedido al responsable del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa en Madrid que haga un barrido electr¨®nico del edificio del Tribunal Superior en busca de posibles micr¨®fonos ocultos.

Vieira se ha reunido en las dos ¨²ltimas semanas en al menos cuatro ocasiones con los otros dos magistrados de la Sala de lo Penal, ambos conservadores, Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano y Emilio Fern¨¢ndez de Castro, para resolver los numerosos recursos, una treintena, presentados por los abogados de los implicados en el caso G¨¹rtel. Estos letrados pretenden que se anulen las grabaciones judiciales sobre las comunicaciones que mantuvieron con sus clientes en la c¨¢rcel de Soto del Real y que fueron ordenadas por el juez Baltasar Garz¨®n. Tales intervenciones fueron instadas al juez por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y revelan connivencias delictivas entre algunos letrados y sus clientes.

Seg¨²n ha trascendido, en esas deliberaciones Vieira y Fern¨¢ndez de Castro se han mostrado partidarios de anular total o parcialmente las escuchas porque, seg¨²n sostienen, contravienen el art¨ªculo de la Ley General Penitenciaria en el que se apoy¨® Garz¨®n para ordenar las intervenciones puesto que ese precepto s¨®lo permite esa actuaci¨®n excepcional contra abogados si se trata de casos de terrorismo.

En contra del criterio de Viera y Fern¨¢ndez Castro, el juez Su¨¢rez Robledano defiende validar todas las escuchas realizadas y entiende que tienen valor probatorio y cobertura legal dentro de la investigaci¨®n de la m¨¢s extensa trama de corrupci¨®n que salpica a altos cargos del PP desde el caso Naseiro.

Determinados aspectos de las deliberaciones sobre las escuchas, que a¨²n no han concluido, han trascendido a la opini¨®n p¨²blica. Por eso, Vieira, que preside el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras ser avalado por los vocales del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP y algunos de los elegidos por el PSOE, ha trasladado su preocupaci¨®n a la polic¨ªa y ha pedido un rastreo. La polic¨ªa a¨²n no ha realizado el citado barrido electr¨®nico, una operaci¨®n ins¨®lita que ha causado perplejidad tanto en ¨¢mbitos judiciales como policiales.