Granados adjudica un contrato de un mill¨®n al perito que us¨® para desmentir el espionaje

La consejer¨ªa de Interior de la Comunidad de Madrid, investigada por supuesto espionaje pol¨ªtico, adjudic¨® el mes pasado un contrato de casi un mill¨®n de euros para suministrar traductores en los juzgados a la asociaci¨®n que preside Castor Iglesias. Este perito fue el que us¨® hace un a?o el consejero de Interior, Francisco Granados, para desmentir el supuesto espionaje pol¨ªtico que mantiene a cuatro de sus hombres de confianza imputados en un juzgado de Plaza de Castilla.

El 17 de febrero de 2009, Iglesias firm¨® un informe grafol¨®gico encargado a dedo por Granados donde exculpaba al agente auton¨®mico Jos¨¦ Manuel Pinto de ser el autor de las anotaciones manuscritas en los partes del espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente regional Alfredo Prada, ambos adversarios dentro del PP de Esperanza Aguirre. El informe, que utiliz¨® Granados para rechazar las acusaciones de espionaje, contradec¨ªa las conclusiones de dos peritos contratados por EL PA?S. Ambos sosten¨ªan que Pinto era el autor de anotaciones en los partes, y esto vinculaba el espionaje con agentes de Granados.

Iglesias admite que antes s¨®lo hab¨ªan hecho traducciones puntuales

Algunos de sus contratados carecen de cualificaci¨®n, seg¨²n los jueces

El Gobierno regional le encarg¨® trabajos antes de ganar el concurso

Sus traductores alegan que cobran 14 euros por hora. Iglesias lo niega

Con meras fotocopias del trabajo ajeno, Iglesias rebati¨® a los dos peritos contratados por este peri¨®dico, que s¨ª analizaron los originales (imprescindible para identificar claves como la presi¨®n al escribir). Ambos graf¨®logos, cuyas periciales han pesado en sonoros procesos de la Audiencia Nacional, conclu¨ªan que Pinto era el autor de las notas y est¨¢n dispuestos a testificarlo ante la juez del caso. Iglesias cobr¨® 3.600 euros por el trabajo que exculp¨® a Pinto. Se lo encargaron porque no era un desconocido. Su Asociaci¨®n Espa?ola de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ) estaba bajo contrato de la Comunidad de Madrid desde 2003 para prestar peritajes en los juicios r¨¢pidos, tarea por la que percibe 60.000 euros cada 18 meses.

Tras la pericial exculpatoria de Pinto, la AEPTJ de Iglesias logr¨® un contrato a dedo de mes y medio para suministrar traductores e int¨¦rpretes a los juzgados. Tras este encargo a dedo, el 19 de febrero pasado, la Asociaci¨®n de Iglesias gan¨® un concurso, con car¨¢cter bianual, dotado con 900.000 euros, al que se presentaba por vez primera para la prestaci¨®n de int¨¦rpretes y traductores en los juzgados madrile?os. Iglesias reconoce que con anterioridad s¨®lo hab¨ªan prestado una labor semejante de manera "puntual" en alg¨²n juicio. De hecho, la traducci¨®n e interpretaci¨®n no figura entre los servicios que la p¨¢gina web de la asociaci¨®n publicita. Nada de eso le impidi¨® quedarse con la mitad de un servicio que en Madrid monopolizaba Seprotec desde 2007. Un servicio privado cuyas deficiencias ya hab¨ªa denunciado Jueces para la Democracia por entender que la nula o baja cualificaci¨®n profesional de los int¨¦rpretes lesionaba las garant¨ªas procesales.

Seg¨²n un portavoz de la consejer¨ªa de Interior, se contrat¨® a la asociaci¨®n de Iglesias por ser la oferta m¨¢s barata para un servicio crucial que puede dirimir si una persona va o no a la c¨¢rcel. Seg¨²n jueces consultados por EL PA?S, algunos traductores de AEPTJ han calcado los defectos de sus antecesores: nula o baja cualificaci¨®n. Iglesias aduce que nadie se ha quejado por escrito sobre la supuesta mala calidad de sus traductores, pero no excluye que en alg¨²n caso se haya producido alg¨²n error con el curr¨ªculo de sus contratados. Este diario tiene documentado a modo de ejemplo el caso de tres de sus traductores que incumplen los requisitos m¨ªnimos de calidad:

- Una argelina que acudi¨® para un juicio el 9 de febrero de 2010 para asistir a un marroqu¨ª. El juez anot¨® lo siguiente: "Viene por AEPTJ. No tiene t¨ªtulo alguno (no dice los conocimientos que tiene). Oculta datos. No hace bien la interpretaci¨®n. Se pone a charlar con la v¨ªctima".

- "El traductor viene de AEPTJ", anota el juez, "para un caso de da?os y para atender a una perjudicada portuguesa. El permiso de residencia es de Guinea, pero dice que es de Senegal y viene para hablar en portugu¨¦s. Y dice que s¨®lo tiene bachiller. No est¨¢ cualificado. No sabe interpretar. Habla pis¨¢ndole las palabras a la testigo".

- El tercer traductor sin titulaci¨®n espec¨ªfica trabaja en el ¨¢rea de lenguas no europeas. Fue repescado del desempleo por la Comunidad de Madrid en septiembre de 2009 para que acudiera como int¨¦rprete a la sede de AEPTJ, seis meses antes de que esta entidad resultara ganadora del concurso de traductores. El formulario le exig¨ªa acreditar t¨ªtulos y experiencia ante dicha entidad. No lo hizo porque carec¨ªa de ambas, seg¨²n admite.

La organizaci¨®n de Iglesias realiz¨® tareas de traducci¨®n en una docena de juicios ya en enero de 2010 cuando a¨²n no hab¨ªa ganado el concurso. De hecho, el 22 de diciembre de 2009, la direcci¨®n general de Justicia, dependiente del consejero Granados, anuncia que desde el 1 de enero de 2010 "una vez comprobado que los servicios de traducci¨®n e interpretaci¨®n no pueden ser prestados por el servicio de int¨¦rpretes y traductores propios de la Comunidad de Madrid, se podr¨¢n encargar directamente los trabajos de referencia, sin necesidad de autorizaci¨®n previa de la direcci¨®n general de Justicia, a la Asociaci¨®n Espa?ola de Peritos Judiciales, sita en la calle General Pardi?as, 98". Iglesias admite que, antes del concurso, la consejer¨ªa de Granados les contrat¨® "por alguna raz¨®n" para tal servicio del 1 de enero al 15 de febrero de 2010. AEPTJ, seg¨²n documentan sus traductores, paga la hora a 14 euros, cuando el monto abonado por la Comunidad rondaba los 40 ¨® 50 euros. Iglesias niega estas cifras, pero alega no poder precisarlas. Estos hechos est¨¢n en la base de la denuncia de Jueces para la Democracia: es imposible tener un int¨¦rprete cualificado a ese precio. Por ello, demandan que la Comunidad de Madrid gestione directamente dichos contratos, para mejorar el servicio y el salario.