El relevo del juez frena el sumario de la trama urban¨ªstica de Polop
La defensa del due?o del prost¨ªbulo pide la imputaci¨®n del testigo protegido
La investigaci¨®n judicial sobre la supuesta trama urban¨ªstica que la polic¨ªa destap¨® a ra¨ªz del asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, est¨¢ en v¨ªa muerta dos meses despu¨¦s. El relevo de juez en la oficina instructora, el Juzgado n¨²mero 3 de La Vila Joiosa, ha frustrado la pr¨¢ctica de diligencias. En la causa no consta todav¨ªa ning¨²n imputado. La Fiscal¨ªa de Alicante tampoco ha decidido en ese tiempo qui¨¦n asumir¨¢ la acusaci¨®n.
A finales de enero, la instructora del asesinato de Ponsoda, la titular del juzgado n¨²mero 2 de La Vila, decidi¨® separar del sumario las diligencias relacionadas con el urbanismo, probable m¨®vil del crimen. Este segundo sumario recay¨® en el juzgado n¨²mero 3. En ese momento, su responsable era una juez sustituta, por enfermedad de la titular. Esta magistrada acaba ahora de reintegrarse al puesto.
La fiscal¨ªa a¨²n no ha designado qui¨¦n llevar¨¢ la causa urban¨ªstica
La juez suplente no acord¨® la pr¨¢ctica de diligencias y la titular ha pedido un aplazamiento de las primeras pruebas previstas: la declaraci¨®n, en calidad de testigos, de personas vinculadas a la trama. Entre esos testigos se encuentra un empresario al que supuestamente el cerebro del crimen de Ponsoda, su predecesor en el cargo, Juan Cano, le pidi¨® dinero para un PAI.
El juzgado no ha fijado fecha para las comparencias de los testigos. La Fiscal¨ªa de Alicante asegur¨® ayer que est¨¢ a la espera de la pr¨¢ctica de esas diligencias para decidir qui¨¦n asume el caso. Inicialmente, se ha hecho cargo la fiscal de ¨¢rea de Benidorm, que tambi¨¦n lleva la acusaci¨®n en el sumario del asesinato.
La ralentizaci¨®n de las diligencias de la trama urban¨ªstica no ha paralizado, en cambio, la actividad de las defensas de los detenidos por el crimen. Los abogados de dos de los arrestados han recurrido su encarcelamiento a la Audiencia de Alicante. Estos letrados representan al sucesor de Ponsoda en el cargo, Juan Cano, y Pedro Hermosilla, due?o del prost¨ªbulo Mesalina. La investigaci¨®n policial considera a Cano como el inductor del mortal complot, fraguado en el mencionado lupanar. Por estos hechos, hay otros cinco encarcelados, entre ellos, dos sicarios checos que presuntamente ejecutaron a tiros a Ponsoda el 19 de octubre de 2007.
Francisco Gonz¨¢lez, abogado de Hermosilla, ha ido m¨¢s lejos y pide la imputaci¨®n del testigo protegido de la acusaci¨®n, un ex portero del club de alterne. Gonz¨¢lez asegura que el entonces portero del prost¨ªbulo puede acusado a su vez, seg¨²n el art¨ªculo 450.1 del C¨®digo Penal, de la omisi¨®n del deber de impedir un delito por no haber acudido a la polic¨ªa nada m¨¢s haber recibido la il¨ªcita propuesta.
El testigo protegido acudi¨® a la Guardia Civil en julio de 2009, justo dos a?os despu¨¦s de una de las reuniones en las que se urdi¨® la trama. Fue invitado a entrar en el macabro c¨®nclave para recibir el encargo de matar a Ponsoda. Pero declin¨® la oferta y sugiri¨® a los instigadores la contrataci¨®n de los dos sicarios ahora encarcelados como autores materiales de los disparos que acabaron con la vida de Ponsoda. El portero ubic¨® en el reservado del Mesalina a un empresario del calzado de Polop, al due?o y el gerente del club, a Juan Cano y a otra pareja que formaban un hombre y una mujer rubia. ?stos dos ¨²ltimos todav¨ªa no han sido identificados.
El testigo reconoci¨® en su declaraci¨®n ante la Guardia Civil y la juez que hab¨ªa sido mercenario en ?frica trabajando para gobiernos y guerrillas, antecedentes que conoc¨ªan en el club donde dice que trabajaba. Porque tampoco est¨¢ tan clara su vinculaci¨®n laboral con el Mesalina. El portero present¨® una demanda por despido improcedente contra La Llar de Altea, SL, la sociedad que explota el lupanar, dos meses despu¨¦s de declarar y desencadenar las detenciones.
El testigo protegido tambi¨¦n tiene causas pendientes con la justicia. Est¨¢ a la espera de juicio por lesiones provocadas en diciembre de 2006, cuando trabajaba de portero en una discoteca de Benidorm, por el que le piden 21 meses de prisi¨®n. Por todo ello, Francisco Gonz¨¢lez sostiene que "el testigo miente" y que "quitando el acervo probatorio de su declaraci¨®n, no existe prueba alguna para mantener en prisi¨®n a los acusados".
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