El voluble rasero del PP

El ex presidente del Gobierno de Baleares y del PP de las islas, Jaume Matas, reconoci¨® el pasado jueves ante un juez haber cometido irregularidades fiscales. Ni sospechas, ni imputaciones. Lo dijo ¨¦l mismo. El lunes siguiente, el PP todav¨ªa no hab¨ªa tomado ning¨²n tipo de medida disciplinaria contra Matas. Fue ¨¦l mismo, de nuevo, el que pidi¨® al partido una suspensi¨®n "temporal" como militante. Cualquier decisi¨®n del PP, ya llega tarde. El lunes, Mariano Rajoy le dese¨® "lo mejor" a Matas y se limit¨® a anunciar que acepta su solicitud. Ayer, se neg¨® a comentar el asunto.

Es el ¨²ltimo episodio del desconcertante, como m¨ªnimo, criterio del Partido Popular a la hora de atajar con contundencia sus casos de corrupci¨®n. El PP tiene unos estatutos internos que, aplicados al pie de la letra, servir¨ªan para expulsar del partido pr¨¢cticamente a cualquiera que salga en los peri¨®dicos implicado en casos de corrupci¨®n. Pero la doble, triple o cu¨¢druple vara de medir demostrada en los casos destapados en el ¨²ltimo a?o revela que la disciplina se aplica tarde y a medias, la mayor¨ªa de las veces, o nunca, dependiendo del rango del implicado.

B¨¢rcenas es el ¨²nico imputado al que le pagan los gastos de defensa

Hoy d¨ªa, si Mar¨ªa Dolores de Cospedal puede decir en rueda de prensa que todos los imputados en la trama G¨¹rtel est¨¢n fuera del partido o relevados de sus cargos es gracias a Esperanza Aguirre, que empez¨® dando ejemplo al destituir a su consejero m¨¢s querido, Alberto L¨®pez Viejo, el 9 de febrero de 2009, tres d¨ªas despu¨¦s de estallar el caso. Esa misma semana, mientras Mariano Rajoy denunciaba una conspiraci¨®n contra el PP, Aguirre obligaba a dimitir a varios alcaldes. Despu¨¦s, con m¨¢s dudas, vinieron los diputados Alfonso Bosch y Benjam¨ªn Mart¨ªn Vasco.

Hasta que no fueron citados a declarar como imputados, a principios de mayo de 2009, el PP no suspendi¨® la militancia de los tres diputados madrile?os implicados en la red de comisiones del caso G¨¹rtel. Formalmente, lo hab¨ªan solicitado ellos dos meses antes. Cuando se le preguntaba a Cospedal por el asunto aseguraba que el Comit¨¦ de Derechos y Garant¨ªas estudiaba "caso por caso" la petici¨®n.

Para entonces, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana citaba a declarar como imputados al presidente de la Comunidad Valenciana, al ex vicepresidente, al secretario general del PP valenciano y a un ex alto cargo, todos vestidos con dinero de la trama corrupta. Camps y Costa mantuvieron sus cargos, y nadie exigi¨® suspensiones de militancia, dejando en evidencia a la direcci¨®n del PP en la comparaci¨®n con la situaci¨®n en Madrid. G¨¦nova no hizo la m¨¢s m¨ªnima sugerencia sobre asumir responsabilidades, y Camps actu¨® como si no pasara nada. El 3 de agosto, el Tribunal valenciano archiv¨® la causa en un controvertido auto en el que reconoc¨ªa como probados los regalos a los implicados, pero no los consideraba delito. El fiscal recurri¨® al Supremo.

Menci¨®n aparte merece el caso de Ricardo Costa. El ex secretario general del PP valenciano fue defenestrado cuando el caso G¨¹rtel afectaba m¨¢s a otros implicados. De los cuatro imputados por el Tribunal valenciano, Costa fue el ¨²nico exculpado por unanimidad del tribunal, sin votos discrepantes. Es decir, que ser¨ªa el m¨¢s limpio formalmente de la rama valenciana del caso en cuanto a los regalos. Pero sus bochornosas conversaciones con los corruptos, incluidas en un informe policial sobre la financiaci¨®n ilegal del PP valenciano, hicieron que la direcci¨®n nacional de su partido alimentara la presi¨®n sobre ¨¦l. Finalmente, en octubre, el PP nacional oblig¨® a Camps a destituir a Costa como secretario general del PP y como portavoz del grupo parlamentario. La rebeli¨®n indignada de Costa sirvi¨® para suspenderlo adem¨¢s de militancia por un a?o.

Sobre todas estas diferencias de actuaciones frente a la corrupci¨®n, resplandece el caso del senador Luis B¨¢rcenas. Renunci¨® "temporalmente" a su cargo de tesorero dos semanas despu¨¦s de que el Supremo le citara como imputado. Mantiene su estatus intacto en el partido y nadie ha querido o podido siquiera sugerir mayores consecuencias. El tesorero del partido est¨¢ imputado por cohecho y delito fiscal, algo que compromete seriamente la imagen de rectitud de los ¨®rganos vitales del PP. El partido le paga la defensa y en casi un a?o no ha logrado armar un discurso coherente que justifique este apoyo.

El pasado mes de diciembre, despu¨¦s de un a?o como poco complicado, el PP present¨® un C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas. Se centraba en comprometer a todos los cargos del partido en desterrar aquellas pr¨¢cticas que estaban en el centro del caso G¨¹rtel, como recibir regalos o contratar a dedo y de forma opaca a los proveedores. Es decir, que el partido proclama por escrito que es reprochable exactamente aquello que hizo Camps, seg¨²n ha considerado probado un tribunal. A la vista de las consecuencias, se deduce que el C¨®digo no tiene efecto retroactivo.