Matas

Pol¨ªticamente hablando, esta Semana Santa ha estado marcada por el enjuiciamiento del ex ministro y ex presidente auton¨®mico balear Jaume Matas por m¨²ltiples imputaciones relacionadas con delitos de corrupci¨®n. Y no se sabe qu¨¦ sorprende m¨¢s, si la magnitud desmedida de tan vergonzosas acusaciones, la imprudencia temeraria que demostr¨® Matas al incurrir en sus presuntos delitos, el silencio de su jefe de filas (y ex compa?ero de Gobierno) Mariano Rajoy ante un esc¨¢ndalo que afecta directamente a su partido o la inicial renuncia de la Fiscal¨ªa de Baleares (y del fiscal general del Estado) a investigar los indicios delictivos contra Matas, pretendiendo archivar una causa que afortunadamente el juez de instrucci¨®n ha terminado por iniciar.

Bien est¨¢ que PSOE y PP acuerden por consenso reformas legales contra la corrupci¨®n

Demasiadas sorpresas ¨¦stas, que a¨²n podr¨ªan despu¨¦s incrementarse seg¨²n c¨®mo discurra en el futuro su procesamiento, sin que quepa descartar, a la luz de los recientes precedentes del caso Camps y del caso G¨¹rtel, que termine por quedar reducido a casi nada si se anulasen las pruebas de cargo por defectos de forma o vulneraci¨®n de garant¨ªas.

Y lo peor del caso Matas es que viene a sumarse a un largo rosario de otros casos tambi¨¦n relacionados con la corrupci¨®n, tanto a escala municipal (con numerosos procesos abiertos en m¨²ltiples ayuntamientos de todos los colores ideol¨®gicos) como auton¨®mica (pues el caso G¨¹rtel afecta a las comunidades de Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y Le¨®n, adem¨¢s de los otros casos que se siguen en Canarias, Murcia, Baleares, Catalu?a y Euskadi) y gubernamental (si tenemos en cuenta que el caso G¨¹rtel se inici¨® bajo el mandato de Aznar, seg¨²n revela el ejemplo de la boda escurialense de su hija, por no hablar de otros casos mucho m¨¢s lejanos surgidos bajo los distintos Gobiernos de Gonz¨¢lez). De ah¨ª que cunda la percepci¨®n ciudadana de que existe un clima de corrupci¨®n generalizada, seg¨²n demuestran los sondeos demosc¨®picos, como el ¨²ltimo publicado por el CIS la semana pasada, que elevan a la clase pol¨ªtica al tercer rango de preocupaci¨®n (tras el desempleo y la crisis econ¨®mica, pero por delante del terrorismo y la inmigraci¨®n) entre los peores problemas que afectan a los espa?oles.

Pero esta creencia podr¨ªa ser infundada, pues afortunadamente lo que crece no es tanto la corrupci¨®n pol¨ªtica como su persecuci¨®n judicial, desde que la Fiscal¨ªa del Estado ha incrementado los recursos materiales y humanos dispuestos a investigarla. Pero aunque no sea del todo cierta, lo peor es que esta percepci¨®n de impunidad pol¨ªtica ha terminado por traducirse en otro clima todav¨ªa m¨¢s preocupante de tolerancia ciudadana con la corrupci¨®n, como demuestra que se reelija una y otra vez a demasiadas autoridades locales penalmente enjuiciadas. Algo que podr¨ªa suceder tambi¨¦n a escala estatal si, como parece, a causa de la crisis gana las pr¨®ximas elecciones generales el principal partido de la oposici¨®n, pol¨ªticamente responsable de los m¨¢s recientes esc¨¢ndalos de corrupci¨®n comentados en esta columna.

Al parecer, quiz¨¢s alertados por las encuestas del CIS que revelan la desafecci¨®n ciudadana con la casta pol¨ªtica, nuestros dos principales partidos se disponen a pactar una serie de reformas legales encaminadas a combatir la corrupci¨®n, destacando tres tipos de medidas: la sustituci¨®n de pol¨ªticos por t¨¦cnicos en materia urban¨ªstica, la supervisi¨®n mediante auditor¨ªas externas y la garant¨ªa de transparencia. Bienvenidas sean esas reformas pero cabe desconfiar de que cumplan sus objetivos si, como es de temer, la supervisi¨®n t¨¦cnica fuera escogida por las propias autoridades a supervisar. Seg¨²n sostiene el administrativista Alejandro Nieto, y seg¨²n confirma tambi¨¦n la c¨¦lebre ecuaci¨®n de Klitgaard sobre la corrupci¨®n, es imprescindible que esa supervisi¨®n externa sea independiente y act¨²e de oficio, tal como ocurr¨ªa con el antiguo cuerpo estatal de interventores municipales.

Por lo dem¨¢s, bien est¨¢ que PSOE y PP acuerden por consenso reformas legales contra la corrupci¨®n, pero entre tales reformas habr¨ªa que incluir tambi¨¦n el C¨®digo Penal. En efecto, la causa ¨²ltima de la corrupci¨®n es la financiaci¨®n ilegal de los partidos, que entre nosotros s¨®lo es sancionada por un ¨®rgano administrativo (el mal llamado Tribunal de Cuentas nombrado por los propios partidos) pero no est¨¢ tipificada como delito, como reclama sin ¨¦xito una y otra vez la Fiscal¨ªa del Estado en su informe anual (y como tambi¨¦n exige el Grupo Europeo contra la Corrupci¨®n). Actualmente, se tramita en las Cortes la reforma del C¨®digo Penal para endurecerlo todav¨ªa m¨¢s, pero el PSOE y el Partido Popular siguen rechazando de mutuo acuerdo la iniciativa propuesta por la izquierda parlamentaria de tipificar como delito la financiaci¨®n ilegal de los partidos. ?Valiente consenso!