Conde-Pumpido decreta nula la pena de muerte a Companys

La revisi¨®n de la sentencia a pena de muerte a Llu¨ªs Companys ha causado divisiones en el tripartito y diversidad de criterio en la fiscal¨ªa. El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, ha rechazado la petici¨®n del Gobierno catal¨¢n de recurrir ante el Supremo la condena al estimar que el fallo es "radicalmente nulo de pleno derecho". La fiscal superior de Catalu?a, Teresa Compte, hab¨ªa apoyado, por el contrario, la viabilidad de la apelaci¨®n.

El Gobierno catal¨¢n celebr¨® en octubre una sesi¨®n extraordinaria en la que inst¨® solemnemente a la fiscal¨ªa a recurrir ante el Supremo la pena de muerte a Companys. Compte hizo suya esa propuesta al esgrimir que exist¨ªan dos "hechos nuevos" que permit¨ªan reabrir el caso. Se trataba, por un lado, de la aprobaci¨®n de la misma Ley de la Memoria Hist¨®rica, de 2007, y, por otro, de la Declaraci¨®n de Reparaci¨®n a la figura de Companys que el Ministerio de Justicia entreg¨® a Maria Llu?sa Gally, nieta del pol¨ªtico.

Sin embargo, Conde-Pumpido ha desestimado el recurso al alegar que las dos penas contra Companys son "inexistentes" porque la ley de la Memoria Hist¨®rica estima esos juicios "ileg¨ªtimos". "[En el certificado] se hace p¨²blica la injusticia de su condena por el ileg¨ªtimo consejo de guerra, expresi¨®n m¨¢xima de violencia por razones pol¨ªticas ideol¨®gicas, por lo que cualquier apariencia de legalidad de dicha resoluci¨®n se encuentra, en la actualidad, totalmente desvirtuada", dice el decreto firmado el lunes por Conde-Pumpido que recoge la decisi¨®n de los fiscales de sala del Supremo. El ex fiscal anticorrupci¨®n. Carlos Jim¨¦nez Villarejo, y Josep Cruanyes, presidente de la Comisi¨®n de la Dignitat, entre otros juristas, sostienen que una sentencia s¨®lo se puede anular a trav¨¦s de una ley o un tribunal, pero que nunca puede hacerlo un fiscal.

"Si los juicios son nulos, vamos a pedir la prueba del algod¨®n y seguramente, saldr¨¢ negro", avis¨® ayer Joan Ridao, diputado de Esquerra Republicana (ERC) que record¨® que el acalorado debate previo a la aprobaci¨®n de la ley residi¨® en si se declaraban los consejos de guerra nulos o ileg¨ªtimos. El Gobierno acord¨® no anularlos y los tach¨® de "ileg¨ªtimos". El PP lo consider¨® una afrenta y ERC, una ocasi¨®n perdida. Ridao presentar¨¢ esta semana en el Congreso una proposici¨®n para reformar el art¨ªculo 3.3 de la ley para que se pueda pedir a la fiscal¨ªa un certificado que declare un juicio nulo. "Veremos entonces si dan el papel. Ah¨ª se habr¨¢ acabado el debate porque volver¨¢n a decir que no", dijo.

Esquerra es el ¨²nico socio del tripartito que mantiene una actitud beligerante respecto al caso Companys. El Partit dels Socialistes (PSC) est¨¢n satisfechos con la decisi¨®n del fiscal e Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), despu¨¦s del primer visto bueno del consejero Joan Saura, cree que es un paso "adelante". "Nos podemos poner piedras en el h¨ªgado pero el fiscal ha dicho que el juicio es nulo de pleno derecho, y no es poca cosa", afirm¨® el ecosocialista Joan Herrera. Josep Huguet, consejero de Innovaci¨®n, de ERC, ayer portavoz del Ejecutivo, admiti¨®: "El Gobierno tiene visiones diferentes, pero la memoria se debe seguir impulsando". La familia de Companys puede presentar un recurso ante la justicia al margen del Gobierno. El presidente Montilla se da por satisfecho con el decreto del fiscal, que menciona como en Alemania y Austria se expidieron certificados de anulaci¨®n a condenados por el nazismo. La diferencia es que la ley en ese caso anul¨® los juicios y en Espa?a, no.