El director de Portos achaca a errores judiciales la querella por prevaricaci¨®n

Tiene en contra una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza y una denuncia del fiscal especializado en la defensa del Medio Ambiente por prevaricaci¨®n medioambiental y urban¨ªstica, pero Jos¨¦ Manuel ?lvarez-Campana, director general de Calidade e Avaliaci¨®n Ambiental en el ¨²ltimo Gobierno de Manuel Fraga y actual presidente de Portos de Galicia, sostiene que la declaraci¨®n de impacto ambiental que firm¨® y dio el visto bueno en 2005 a la piscifactor¨ªa de Rinlo, en Ribadeo, fue correcta y rigurosa. "Los jueces tienen mucho trabajo y estos temas ambientales son complej¨ªsimos, con una mara?a de leyes locales, auton¨®micas, estatales y europeas", arguye para explicar las resoluciones en su contra. Con respecto a la querella, lo mismo: "Quiero creer que el fiscal tiene much¨ªsimo trabajo", aventura.

"Estoy deseando explicar lo que hicimos con toda la claridad del mundo"

Para ?lvarez-Campana, las imputaciones del fiscal -que le acusa de imponer los criterios comerciales sobre los naturales cuando aprob¨® el documento- carecen de fundamento. "Me extra?ar¨ªa mucho que hubiese planteado la demanda si hubiese hablado conmigo antes", sostiene. Aduce que la declaraci¨®n de impacto ambiental que suscribi¨® no autorizaba la construcci¨®n de la planta -ubicada en un espacio protegido por la Red Natura con h¨¢bitats prioritarios-. "Es un acto de tr¨¢mite", asegura, y alega que la decisi¨®n final depend¨ªa de la Direcci¨®n Xeral de Recursos Mari?os, que entonces comandaba Carmen Bouso Montero. Tambi¨¦n insiste en que su resoluci¨®n llamaba a tener en cuenta las competencias de la Direcci¨®n Xeral de Conservaci¨®n da Natureza, que lideraba Javier Ruiz de Almir¨®n. Seg¨²n entiende, la declaracion de impacto ambiental es un "informe de informes para que el que decida tenga todo en cuenta".

"El procedimiento se hizo siguiendo escrupulosamente los principios administrativos, normativos, t¨¦cnicos y cient¨ªficos", asevera. Si el tribunal la anul¨® lo hizo, a su juicio, porque se li¨® con la numerosa normativa aplicable. "A veces los jueces est¨¢n en otros mundos m¨¢s que en este derecho administrativo". A?ade que la aplicaci¨®n de un criterio "muy restrictivo" respecto a las actividades posibles en espacio de Red Natura hiz¨® el resto.

Sobre el argumento central del fiscal, que se basa en que la declaraci¨®n obvia las limitaciones de la normativa estatal y europea respecto a los proyectos en h¨¢bitats protegidos de Red Natura, el presidente de Portos niega su responsabilidad y apunta a Recursos Mari?os como responsable de la autorizaci¨®n de la obra. "Yo ni siquiera era competente en gesti¨®n de espacios naturales". Insiste, adem¨¢s, en una denuncia de la asociaci¨®n ecologista Adega a la Comisi¨®n Europea contra la declaraci¨®n, que Bruselas rechaz¨® tras un proceso en el que recab¨® informaci¨®n de las propias instituciones. "Es curioso que el fiscal no la incluya en su escrito", apunta. Desde Adega, Daniel Vispo apunta que la asociaci¨®n desisti¨® de recurrir la decisi¨®n despu¨¦s de que el juez paralizase las obras. "Ni siquiera mandamos los informes periciales del juzgado a Europa", recuerda.

El presidente de Portos entiende, adem¨¢s, que de los dos cargos que le imputa el fiscal, prevaricaci¨®n medioambiental y urban¨ªstica, el segundo carece de raz¨®n de ser porque la declaraci¨®n se emiti¨® "s¨®lo a efectos ambientales".

Utiliza una comparaci¨®n para explicar su proceder. "Las declaraciones de impacto son en toda Europa casi siempre positivas pero condicionadas. Si fuese un sem¨¢foro, ser¨ªa uno en naranja, con condiciones muy potentes", explica, y se muestra confiado en que obr¨® con diligencia: "Estoy deseando explicar lo que hicimos con toda la claridad del mundo. No tengo nada que ocultar, y estoy encantado de poder ponerlo de manifiesto".