El alcalde de Portas eludir¨¢ su condena si recurre

El alcalde de Portas, Roberto V¨¢zquez, podr¨¢ seguir ejerciendo si recurre en apelaci¨®n la sentencia, en los pr¨®ximos 7 d¨ªas, por la que fue condenado a un a?o de suspensi¨®n de empleo o cargo p¨²blico y multa de 3.600 euros por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios al utilizar dos de sus empresas familiares como intermediarias para realizar contratos p¨²blicos. Sin embargo, en el supuesto de que la Audiencia Provincial confirmase los t¨¦rminos de la sentencia del Juzgado n¨²mero 2 de lo Penal de Pontevedra, V¨¢zquez Souto podr¨ªa quedar apartado de la candidatura del PP para las pr¨®ximas elecciones municipales, tras 18 a?os en la alcald¨ªa.

Seg¨²n la sentencia, entre 1998 y 1999, las sociedades familiares del alcalde, Comercial V¨¢zquez V¨¢zquez S.A. y Comercial Chandouteiro S.L., hicieron trabajos para el ayuntamiento como la recogida de basuras y otros transportes, aunque la tesorer¨ªa municipal emiti¨® facturas a nombre de terceras personas.

El alcalde vio reducida su condena por dilaciones indebidas en el proceso, ya que la denuncia de la oposici¨®n que dio origen a la causa fue presentada ante la Fiscal¨ªa de Pontevedra en 2000. La sentencia, sin embargo, desestim¨® las peticiones de la acusaci¨®n particular, que solicitaba penas de c¨¢rcel para el regidor, al alegar no se han hallado indicios de que hubiese "¨¢nimo de defraudar" por parte de alcalde.

Solicitud de dimisi¨®n

Los dos grupos de la oposici¨®n, PSOE y BNG, exigen la dimisi¨®n del alcalde "por higiene democr¨¢tica". El portavoz nacionalista Jorge Garc¨ªa pidi¨® la intervenci¨®n de las m¨¢ximas instancias del PP si V¨¢zquez no se va voluntariamente. Tambi¨¦n los socialistas creen que el alcalde debe renunciar al cargo, recurra o no la sentencia, y entienden que el partido deber¨ªa tomar medidas y no consentir que una persona condenada pueda seguir al frente del ayuntamiento "al l¨ªmite de la ley". El alcalde tiene adem¨¢s pendiente otro juicio por delito fiscal, que a¨²n no ha sido se?alado, que podr¨ªa conllevar de tres a seis a?os de inhabilitaci¨®n especial y pena de uno a cuadro a?os de c¨¢rcel as¨ª como una multa cercana al mill¨®n de euros. En la querella de la fiscal¨ªa presentada en marzo pasado, la Agencia Tributaria detect¨® gastos inflados en la contabilidad de la empresa del alcalde, la promotora Pazos Souro 2000.