Peralta orden¨® la "intervenci¨®n m¨ªnima estricta" en El Cabanyal

La Delegaci¨®n del Gobierno en la Comunidad Valenciana asegura que orden¨® "la intervenci¨®n m¨ªnima estricta para controlar el orden p¨²blico" en el barrio de El Cabanyal, que termin¨® con una carga policial contra los vecinos que intentaban paralizar los derribos de media docena de viviendas, ordenados por la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢.

El Gobierno investiga las razones de la brutal carga policial que tuvo lugar hace una semana contra los vecinos que trataban de impedir el derribo de una vivienda en la calle de Francesc de Eximenis del barrio valenciano de El Cabanyal. A ra¨ªz de los incidentes, al menos diez personas han presentado ya denuncia en los juzgados por los golpes que sufrieron en la carga de la Polic¨ªa Nacional. La plataforma Salvem el Cabanyal ha denunciado de momento a la Polic¨ªa Local y tiene previsto hacer lo mismo con la Nacional cuando recoja todas las denuncias individuales.

"No se pod¨ªan permitir actuaciones de tomarse la justicia por su mano"

El informe elaborado por la Delegaci¨®n del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que dirige Ricardo Peralta, argumenta que "en ning¨²n momento se impidi¨® la concentraci¨®n o la expresi¨®n de la voluntad disconforme con los derribos".

"S¨®lo se actu¨® en la medida en la que se trataba de impedir unos derribos no declarados ilegales y con el car¨¢cter m¨ªnimo imprescindible para permitir dicha actuaci¨®n", recalca el informe remitido al Ministerio del Interior, que insiste en que "no se pod¨ªan permitir actuaciones de tomarse la justicia por su mano e impedir los derribos".

El escrito defiende la coherencia de la actuaci¨®n y niega que existiera ninguna colaboraci¨®n en la ejecuci¨®n de la orden de derribo de las seis viviendas de El Cabanyal afectadas, sino que se actu¨® ante "la posible existencia de un problema de orden p¨²blico".

Para la Delegaci¨®n del Gobierno en la Comunidad Valenciana, dado que esas ¨®rdenes de derribo no hab¨ªan sido declaradas ilegales en ese momento por ning¨²n tribunal, no era posible impedir la ejecuci¨®n por la v¨ªa de los hechos.

La argumentaci¨®n elaborada por la representaci¨®n del Gobierno en la Comunidad Valenciana insiste en que no se ha colaborado en la destrucci¨®n del barrio de El Cabanyal. El escrito remarca que se han impugnado los derribos concretos de los que se ha tenido conocimiento.

Para la Delegaci¨®n del Gobierno, los derribos que motivaron la carga policial fueron posibles por la coexistencia de dos normas: una orden del Ministerio de Cultura que deja en suspenso el plan de El Cabanyal por considerarlo un expolio al patrimonio y la aprobaci¨®n de un decreto ley de la Generalitat valenciana -convertido en ley por las Cortes Valencianas- que permit¨ªa ejecutar el plan urban¨ªstico con los derribos previstos. Esta ¨²ltima normativa es la que ayer suspendi¨® con car¨¢cter provisional el Tribunal Constitucional.

Para la Delegaci¨®n del Gobierno, que dirige Ricardo Peralta, el centro del debate en El Cabanyal no est¨¢ en el enfrentamiento entre los vecinos y los agentes de la Polic¨ªa Nacional, sino en la "voluntad contumaz" del Ayuntamiento y la Generalitat de ejecutar los planes urban¨ªsticos en el barrio marinero.