Sin ascensor por la Seguridad Social

Adri¨¢n Yepes es un adolescente de 16 a?os que vive en Cornell¨¤ (Baix Llobregat) y padece un grado de disminuci¨®n del 82%. Eso significa, entre otras cosas, que para moverse depende por completo de sus padres. Y ellos no lo tienen f¨¢cil: la finca donde residen carece de ascensor y deben subir al chaval a casa todos los d¨ªas. "Menos mal que vivimos en un primero, pero cada vez se hace m¨¢s duro", confiesa el padre, Jes¨²s. El problema podr¨ªa haberse resuelto hace cinco a?os, cuando los vecinos decidieron instalar el elevador. Pero toparon con la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social, que en este tiempo se ha negado a ceder 2,5 metros cuadrados de un local de su propiedad que permitir¨ªa la instalaci¨®n.

"Por suerte vivimos en un primer piso", afirma Jes¨²s Yepes, padre del chaval

"Vamos a estudiar la situaci¨®n", dice un portavoz oficial del ministerio

La historia arranca en 2005. La comunidad de propietarios del n¨²mero 8 de la calle de Vistalegre acord¨® instalar el ascensor "con la mayor urgencia", dado que, adem¨¢s de Adri¨¢n, en el bloque viven otras dos personas con dificultades de movilidad: una mujer de 52 a?os (con una minusval¨ªa del 53%) y una anciana de 82. Por las dimensiones y la estructura de la finca, el ¨²nico emplazamiento viable para el ascensor (as¨ª lo indicaron los t¨¦cnicos) es un patio de luces situado encima de un local de la Seguridad Social de 600 metros cuadrados.

Tras cinco a?os de espera infructuosa, los vecinos -en especial, la familia Yepes- han agotado la paciencia y han interpuesto una demanda contra la Administraci¨®n, que investiga ahora el Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 2 de Cornell¨¤. En la demanda, elaborada por la abogada Susana S¨¢nchez, del bufete Reinosa, se recalca que el perjuicio para el local (que perder¨ªa 2,5 metros) es "m¨ªnimo". Pero hay m¨¢s. Resulta que el establecimiento est¨¢ vac¨ªo desde hace dos a?os, porque la oficina se traslad¨® a otra direcci¨®n de Cornell¨¤. "No se est¨¢ desarrollando all¨ª ning¨²n tipo de actividad, ni se perjudica a negocio alguno", se explicita en la demanda.

Los vecinos estuvieron dispuestos desde el primer d¨ªa a indemnizar a la Administraci¨®n, que no acudi¨® a las reuniones de la comunidad. Calculan que bastar¨ªa con 3.600 euros. Pero ni por esas. En junio de 2005, la direcci¨®n provincial de Barcelona contest¨® por carta que no era posible acceder a la petici¨®n porque el ascensor "perjudicar¨ªa la distribuci¨®n del local". El Ayuntamiento de Cornell¨¤ medi¨® y asegur¨® a los vecinos, tambi¨¦n por carta, que la tesorer¨ªa hab¨ªa aceptado el proyecto. No fue as¨ª. Tres a?os m¨¢s tarde, en 2008, una nueva misiva de la tesorer¨ªa era aun m¨¢s expl¨ªcita: la zona elegida para colocar el elevador "estrangula" el paso del local y "limita" la circulaci¨®n y la iluminaci¨®n de un local "ya oscuro de por s¨ª". En conclusi¨®n: habr¨ªa una "merma considerable de su valor de mercado", seg¨²n un informe t¨¦cnico.

"Llevamos una lucha muy larga. Se comprometieron a cedernos el espacio cuando se cambiara la sede. Pero una vez hecho el traslado, reiteraron que no lo har¨ªan", explica Yepes, que ha movido cielo y tierra para mejorar la calidad de vida de su hijo y de su familia. Entre otras cosas, ha escrito al Ministerio de Trabajo y al presidente del Gobierno. Yepes apela a que la Administraci¨®n muestre "su cara m¨¢s amable" y recuerda que el Ejecutivo "debe cumplir las leyes que aprueba".

Un portavoz oficial del Ministerio de Trabajo asegura que el patrimonio de la tesorer¨ªa "no es particular" y, por tanto, no puede cederse sin m¨¢s. Sostiene, adem¨¢s, que la tesorer¨ªa no puede tomar una decisi¨®n en contra de los criterios de los t¨¦cnicos. "La Administraci¨®n debe atender a unas normas y tiene unas limitaciones", subray¨®. El portavoz admiti¨® que la tesorer¨ªa dispone de un escrito en el que los vecinos expresan su intenci¨®n de pagar por la cesi¨®n de los 2,5 metros. Con ese matiz, la cosa cambia. "Vamos a estudiar la situaci¨®n y si hay una oferta formal para ver qu¨¦ se puede hacer".

La "p¨¦rdida de valor" no justifica la negativa de la tesorer¨ªa, seg¨²n los vecinos, que solicitan la declaraci¨®n de servidumbre. En la demanda se pide que se permita el acceso al local para instalar el ascensor con vistas a "la protecci¨®n del inter¨¦s general" y la defensa de "los derechos de las personas con minusval¨ªa". El ascensor "no es un lujo", se subraya en la demanda, sino una "necesidad inaplazable" para eliminar las barreras arquitect¨®nicas de la finca y "permitir que los vecinos puedan deambular con total libertad". De ejecutarse la obra, los vecinos "ver¨ªan su calidad de vida mejorada notablemente".