Otro Constitucional

El Tribunal Constitucional ha sido incapaz, por quinta ocasi¨®n en casi cuatro a?os, de dirimir sobre la constitucionalidad del Estatuto de Catalu?a. No deber¨ªa intentarlo una sexta vez. No existe ninguna garant¨ªa de que con la actual composici¨®n este tribunal sea capaz de evitar un nuevo fracaso. Y se trata, adem¨¢s, de una composici¨®n que no har¨ªa m¨¢s que a?adir sombras a una decisi¨®n adoptada en la sexta pr¨®rroga. De los 12 magistrados que empezaron la discusi¨®n, uno est¨¢ recusado, otro fallecido, cuatro han desbordado el plazo para el que fueron elegidos y otros tres lo har¨¢n en noviembre.

Noviembre es la fecha l¨ªmite para celebrar las elecciones catalanas (quiz¨¢ sean antes), y no resultar¨ªa tampoco conveniente una sentencia en plena campa?a o precampa?a electoral. Tanta precariedad erosiona su legitimidad -aunque naturalmente no la anula- para dictar la esperada sentencia. Ante el continuado bloqueo del tribunal demostrado en este asunto, debe ser el Parlamento quien tome las riendas y renueve su composici¨®n. La situaci¨®n es grave.

Es grave para Catalu?a y para el resto de la sociedad espa?ola. Ni una ni la otra merecen este trato. El autogobierno consagrado en la Constituci¨®n es algo demasiado serio como para seguir, voluntariamente o no, degradando su horizonte al someterlo al albur de quinielas, amagos de cambios de opini¨®n de un juez si el vecino modifica la suya, recusaciones y otros episodios poco edificantes. Espa?a en su conjunto no merece esta incertidumbre, que no representa m¨¢s que inseguridad jur¨ªdica a futuro.

Lo quieran o no los magistrados del Constitucional, su tardanza e incapacidad han producido da?os pol¨ªticos de grueso calibre: sobre sus posiciones reales o adivinadas han estado urdiendo t¨¢cticas, estrategias y aut¨¦nticas subastas tanto el neocentralismo espa?ol como el soberanismo catal¨¢n, que han ocupado la vida pol¨ªtica con discusiones eternas y virtuales que da?an al dise?o constitucional. No pueden alegar ignorancia, pues conforman un tribunal, con disciplina jur¨ªdica, pero de extracci¨®n y funciones pol¨ªticas, al ser elegido por las C¨¢maras y ejercer entre sus funciones la de enjuiciar las leyes, producto pol¨ªtico del Parlamento.

La tarea del Constitucional no radica s¨®lo en la escueta validaci¨®n, o rechazo, de las leyes impugnadas. Tambi¨¦n consiste en establecer, si las hay, entre las distintas posibles lecturas de las mismas, interpretaciones conformes a la Constituci¨®n, y como consecuencia, imponerlas como v¨¢lidas. Y la finura de la tarea constructiva que se le exige aumenta en el examen de leyes, como el Estatut, insertas en el bloque de constitucionalidad, que han pasado el triple filtro de la votaci¨®n de dos Parlamentos y un refer¨¦ndum popular.

El eventual choque de legitimidades -la pol¨ªtica contra la del tribunal- no debe derivar, en contra lo que algunos pretenden en Catalu?a, en negar la competencia del Constitucional para dirimir. La tiene toda. Y sin menoscabo alguno. Pero tampoco se puede obviar la realidad: en estos a?os se ha aprobado una cuarentena de nuevas leyes auton¨®micas, existe una veintena en tr¨¢mite, y otra veintena de traspasos pactados bajo el amparo del Estatut. Son normas y acuerdos de muy distinto calado (de la financiaci¨®n a la ense?anza) que no han generado ning¨²n terremoto.

El actual tribunal ha sido incapaz de realizar su tarea. La sentencia debe redactarla un nuevo cuerpo de magistrados con plenitud de facultades y de prestigio, y sin interferir en el proceso electoral catal¨¢n que se abrir¨¢ en los pr¨®ximos meses. Y si el Parlamento tampoco es capaz de estar a la altura de las circunstancias, los actuales magistrados tienen un m¨¦todo para forzarle a ello: la dimisi¨®n.