No hay quien repare el cierre de un medio

La madrugada del 3 de febrero de 2003, la Guardia Civil precint¨® la entrada del peri¨®dico Euskaldunon Egunkaria con un grueso candado. El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenaba as¨ª el cierre del primer diario ¨ªntegramente en euskera y la detenci¨®n de 10 trabajadores del rotativo vasco por presunta vinculaci¨®n con ETA. Siete a?os despu¨¦s, la misma Audiencia Nacional ha dictado una sentencia absolutoria para los cinco directivos que fueron procesados, incomunicados bajo supuestos malos tratos y en prisi¨®n preventiva, en la que se?ala que no hubo causa para procesar a los inculpados y que el cierre del rotativo se produjo sin habilitaci¨®n constitucional.

En un momento de alta tensi¨®n dentro del sistema judicial espa?ol, la sentencia del caso Egunkaria plantea de nuevo el debate sobre la reparaci¨®n de los errores judiciales y de c¨®mo se resarcen los da?os ocasionados. ?Quedan impunes las actuaciones de los jueces? ?Existe una deuda moral con los absueltos? Con el derecho constitucional a la libertad de expresi¨®n en la mano, la clausura de un rotativo habr¨ªa supuesto un varapalo para el Gobierno de cualquier pa¨ªs occidental. En Estados Unidos, por ejemplo, un proceso as¨ª habr¨ªa sido impensable, seg¨²n los expertos en derecho penal.

"Lo m¨¢s com¨²n ser¨ªa indemnizar", dice el catedr¨¢tico G¨®mez Colomer

"Hay que reflexionar sobre qu¨¦ ocurre con la justicia", afirma Urbaneja

"En la pr¨¢ctica espa?ola la reparaci¨®n de los errores judiciales se est¨¢ convirtiendo en un calvario porque se necesita obtener una declaraci¨®n judicial de que ha habido error y, adem¨¢s, el proceso no es autom¨¢tico. Si se recurre al Supremo, ¨¦ste tendr¨¢ que reconocer que ha habido un error judicial, que a su vez tendr¨¢ que confirmar la sentencia de la Audiencia Nacional constatando que el embargo y el secuestro del medio de comunicaci¨®n vasco fue inconstitucional. Se puede reparar a trav¨¦s de una indemnizaci¨®n econ¨®mica pero ser¨ªa largo y costoso. "Las decisiones judiciales err¨®neas no son de mala fe; los jueces son humanos y se pueden equivocar. Lo importante es que legalmente se pueda reconocer el error y se pueda reparar de alguna manera, y la m¨¢s com¨²n es la indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios", reconoce Juan Luis G¨®mez Colomer, catedr¨¢tico de Derecho Procesal en la Universidad de Castell¨®n.

En Espa?a, en 1998 se cerr¨® el diario Egin por orden del juez Garz¨®n, al considerar que la empresa estaba supeditada a ETA, pero a diferencia del caso de Egunkaria, seg¨²n los jueces, s¨ª se demostr¨® el v¨ªnculo del diario de la izquierda abertzale con la banda terrorista. Otro caso fue el cierre del diario Madrid el 26 de noviembre de 1971. La posterior voladura de su sede tres a?os despu¨¦s se convirti¨® en un grito contra la represi¨®n franquista y en un s¨ªmbolo de la lucha por la libertad de prensa.

Todo lo relacionado con la clausura de un medio resulta inquietante, sobre todo, cuando se alarga siete a?os en el tiempo por los escollos de la burocracia judicial. Fue el periodista conservador, Luis Mar¨ªa Ans¨®n, en los ant¨ªpodas de la l¨ªnea ideol¨®gica de los diarios Egin y Egunkaria quien recrimin¨® sus cierres diciendo que "son las personas quienes delinquen, no la mancheta".

Los magistrados insisten en que el derecho a comunicar y recibir informaci¨®n veraz, cuyo paradigma es la prensa, es un derecho doble, de forma que toda injerencia o limitaci¨®n en la libre potestad de emitir informaci¨®n va a afectar al derecho de todos a recibirla. "En el momento en que los fiscales retiraron la causa, el caso ten¨ªa que haberse llevado mucho m¨¢s deprisa. Estamos ante un preocupante fallo del sistema y eso implica que hay que hacer una reflexi¨®n profunda de qu¨¦ est¨¢ ocurriendo con la justicia en Espa?a cuando es tan barato poner querellas y ¨¦stas se acumulan de forma preocupante dentro del sistema judicial", se?ala Fernando Gonz¨¢lez Urbaneja, presidente de la Asociaci¨®n de la Prensa de Madrid (APM).

Los principales partidos pol¨ªticos y la sociedad en general, sobre todo la vasca, han aplaudido la absoluci¨®n de los directivos de Egunkaria, aunque muchos de ellos tambi¨¦n aplaudieron en su d¨ªa el cierre. Los socialistas vascos han se?alado que "la justicia funciona y destacan la equidad y la imparcialidad de la justicia espa?ola" en el caso Egunkaria. Pero siete a?os, ?no agrava el mal cometido? Los partidos nacionalistas advierten de que la absoluci¨®n no supone de ninguna manera que se haya reparado el da?o realizado en un proceso en el que "seguramente lo m¨¢s grave fueron las denuncias de torturas realizadas por los detenidos". Para Eusko Alkartasuna, la absoluci¨®n no va a compensar a nadie y exige "la depuraci¨®n de responsabilidades. Alguien debe asumir la responsabilidad de aquella injusticia". ?Pero c¨®mo?

La ley contempla dentro del r¨¦gimen jur¨ªdico que existe lo que se llama Responsabilidad de Error Judicial, regulada en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. En la jurisdicci¨®n penal, como es el caso de Egunkaria, no es que toda persona absuelta tenga derecho a que se le indemnice por los perjuicios que le haya podido ocasionar el pleito, pero s¨®lo se produce la responsabilidad cuando se demuestra que ha habido error, y eso aqu¨ª a¨²n no se ha producido. "En el caso de Egunkaria ha habido dos medidas cautelares, una personal, la prisi¨®n provisional de las personas sometidas a juicio y la otra el cierre del peri¨®dico. De la lectura de la sentencia se desprende que no hubo prueba de cargo [seg¨²n la Guardia Civil, el informe presentado no fue una prueba concluyente] por lo tanto si es as¨ª, el Estado deber¨ªa responder con una indemnizaci¨®n, aunque hay matices que complican la reclamaci¨®n econ¨®mica, porque no existen precedentes al cierre del rotativo vasco y a la absoluci¨®n de sus directores. En cuanto a la clausura del peri¨®dico, la sentencia es muy clara al se?alar que se produjo sin habilitaci¨®n constitucional, por eso, los perjuicios son claros. Se resarcen los da?os ocasionados, el lucro cesante y el da?o moral", explican fuentes judiciales.

El catedr¨¢tico de Derecho penal de la Universidad Aut¨®noma de Madrid, Manuel Cancio, cree que no hubo error judicial con Egunkaria sino "la culminaci¨®n de una pol¨ªtica criminal deliberada de confundir lo que es apoyo ideol¨®gico con lo que es realmente apoyar a una organizaci¨®n terrorista. No es que solo haya sucedido porque el juez instructor lo haya hecho mal, que no lo discuto, sino que es consecuencia de una ampliaci¨®n general a trav¨¦s de una nueva interpretaci¨®n de la jurisprudencia en los ¨²ltimos 15 a?os que ha conducido a esto".

Para Loreto Corredoira, profesora de Derecho de la Informaci¨®n en la Universidad Complutense de Madrid, la medida del cierre provisional de Egunkaria fue inadecuada. "Pod¨ªa haber habido una suspensi¨®n, pero para cerrar un medio de comunicaci¨®n. La fiscal¨ªa y la parte acusadora tienen que estar muy seguras de las pruebas que tienen. Si la orden del cierre era de dudosa constitucionalidad, quiz¨¢s deber¨ªan haber remitido el caso al Constitucional, pero como fue un asunto vinculado al terrorismo se tramit¨® en la Audiencia Nacional. La funci¨®n de los jueces es pacificar, ordenar y hacer justas las cosas y en el caso de Egunkaria metieron el dedo en un enjambre", explica Corredoira.

Cuando el entonces director de Egunkaria, Martxelo Otamendi, fue detenido en febrero de 2003 y los guardias civiles lo metieron en un coche en direcci¨®n a la Audiencia Nacional, ¨¦ste pens¨®: "Ya est¨¢. Todo el trabajo de tantos a?os y la ilusi¨®n de tanta gente en torno a un proyecto de peri¨®dico en euskera se va a la mierda".

Otamendi, que denunci¨® vejaciones homof¨®bicas durante los cinco d¨ªas que pas¨® incomunicado, recuerda: "Consiguieron romperme por dentro porque soy un periodista, no un vaquero del oeste". Se refiere al momento en que le interrogaban sobre c¨®mo consigui¨® entrevistar en tres ocasiones a ETA (1999, 2000 y 2001). Informaci¨®n que ni siquiera el juez Garz¨®n logr¨® arrancar de su boca, despu¨¦s de que lo llamase a declarar en dos ocasiones tras solicitarlo el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairi?o, tras ampararse el periodista, actual director del diario Berria, en el secreto profesional: "Una regla de oro para nosotros y una garant¨ªa de nuestro trabajo". Denuncia Otamendi que "torturar a un periodista para sacar informaci¨®n es lo que hac¨ªa Pinochet".

El tiempo es un factor que ha pesado en el proceso judicial contra Egunkaria y sus cinco directivos. No es el ¨²nico caso, multitud de procesos siguen abiertos a la espera de un juicio y se alargan en el tiempo. "Los da?os son irreparables y cuantificarlos es dif¨ªcil. Lo peor es el retraso de las sentencias y ponerles precio. Eso es complicado. Hay que reflexionar sobre c¨®mo se aceleran todos estos procedimientos. Porque, que los espa?oles paguen los errores de unos se?ores [jueces] es un disparate. El an¨¢lisis es que los jueces del Consejo del Poder Judicial en vez de ponerse a hacer notas para que no los toquen, deber¨ªan reunirse para preguntarse qu¨¦ est¨¢ pasando con la justicia espa?ola, aunque tambi¨¦n es verdad que el sistema debe protegerse de sus propios excesos", opina el presidente de la Asociaci¨®n de la Prensa de Madrid.

Para el escritor Felipe Juaristi es kafkiano que se haya estado siete a?os con el caso de Egunkaria abierto. "C¨®mo resarces entonces, despu¨¦s de tanto tiempo, el cierre de un peri¨®dico. Est¨¢ bien que los jueces hayan reculado, pero tarde. La salida m¨¢s digna ser¨ªa la indemnizaci¨®n". Entre las sombras de este proceso, es clave la fecha del 15 de diciembre de 2006 cuando el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel ?ngel Carballo, dictamin¨® que no hab¨ªa fundamentos para continuar con el caso y pidi¨® su sobreseimiento. Pero el 10 de mayo de 2007 anunci¨® que habr¨ªa juicio oral. En la ¨²ltima sesi¨®n sobre la clausura de Egunkaria, en junio de 2009, el fiscal Carballo ratific¨® su petici¨®n de archivar el caso; la defensa de los imputados hizo lo propio pero la acusaci¨®n popular, las asociaciones AVT y Dignidad y Justicia demandaron la apertura del juicio. Siete a?os despu¨¦s, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia dice que la clave de la absoluci¨®n ha sido "el cambio de criterio de la fiscal¨ªa" y se?ala "que no se puede dictar sentencia diciendo cosas inciertas como que hemos atacado el euskera". Portero lamenta que "se admitan las torturas de estos individuos".

Egunkaria se cerr¨® en 2003 en un contexto pol¨ªtico y social muy particular, que determin¨® el inicio y el curso del proceso del peri¨®dico clausurado bajo la premisa de colaboraci¨®n con ETA, que en esa ¨¦poca protagoniz¨® una fuerte ofensiva tras romperse en 1999 la tregua que manten¨ªa desde 1998. Entre enero de 2000 y mayo de 2003, la banda terrorista acab¨® con la vida de 43 personas. El Gobierno popular de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar protagoniz¨® la crispaci¨®n social que se viv¨ªa con todo lo relacionado con el Pa¨ªs Vasco.

Cuando ocurri¨® el cierre de Egunkaria, el rotativo, que se financiaba en gran parte por las ayudas del Gobierno vasco al euskera, contaba con 150 trabajadores. Tras el cierre naci¨® Berria, siguiendo la estela del anterior rotativo. "De alguna manera el Estado tiene que mandar un mensaje no s¨®lo a Egunkaria sino a la sociedad vasca por las acusaciones que se han estado haciendo sobre todo lo relacionado con el euskera, con su utilizaci¨®n. Tiene que haber un mensaje que diga que ha sido muy grave lo ocurrido y que no volver¨¢ a pasar. Nosotros ¨¦ramos una empresa editorial que trabaj¨¢bamos tranquilamente. Todav¨ªa no est¨¢ el caso totalmente cerrado y no se puede hablar de reclamar indemnizaciones econ¨®micas, pero seguro que el Estado preferir¨¢ asumir que ha habido un error judicial antes que darnos un euro", se?ala Otamendi.