Corruptores y corruptos bajo el gobierno de Camps

El 12 de mayo decidir¨¢ el Tribunal Supremo si el hecho de haber aceptado trajes regalados por la trama de corrupci¨®n del caso G¨¹rtel llevar¨¢ al presidente del Consell, Francisco Camps, ante un jurado. Pero los regalos de trajes son s¨®lo un elemento llamativo, tal vez el m¨¢s llamativo, de un episodio de supuesta financiaci¨®n ilegal del PP valenciano que, a su vez, forma parte de una vasta red de financiaci¨®n irregular en otras administraciones de Espa?a gobernadas por los populares. El alcance de los regalos efectuados por ?lvaro P¨¦rez, representante en Valencia de la trama de corrupci¨®n que dirig¨ªa Francisco Correa, actualmente en prisi¨®n, se revela cada vez m¨¢s amplio y m¨¢s sistem¨¢tico. El levantamiento del secreto del sumario por parte del juez Antonio Pedreira, instructor del caso G¨¹rtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), permite constatar c¨®mo funcionaba el desv¨ªo de dinero p¨²blico para pagar actos del PP y para enriquecer a miembros de la trama. Es el relato de c¨®mo se movieron corruptores y corruptos bajo el gobierno de Camps.

Hay indicios de que se desvi¨® dinero p¨²blico para pagar actos del PP

Debajo de los trajes regalados exist¨ªa una fluida relaci¨®n de la trama con el poder

De los regalos navide?os a la financiaci¨®n irregular del PP

Entre los implicados, hay cinco empresarios, de quienes las dos representantes de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en el caso, Myriam Segura y Concepci¨®n Sabadell, pidieron la imputaci¨®n a finales de 2009. Su declaraci¨®n est¨¢ pendiente. Son los cinco empresarios incluidos por los socialistas en la querella que presentaron ante el Ttribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que permanece en stand by a la espera de que Pedreira culmine una investigaci¨®n que todav¨ªa debe dar m¨¢s de s¨ª, puesto que ha citado a declarar el mi¨¦rcoles a ?lvaro P¨¦rez para profundizar en la trama valenciana. En el momento en que la fiscal¨ªa ampl¨ªe su petici¨®n de imputaci¨®n a Camps y otros aforados valencianos, tambi¨¦n incluidos en la querella de los socialistas, esa parte del caso deber¨¢ volver al TSJCV o ser remitida con el conjunto de las actuaciones al Tribunal Supremo, como pretende el ministerio p¨²blico. El sumario del caso G¨¹rtel aporta muchos datos sobre la actuaci¨®n de corruptores y corruptos en la pol¨ªtica valenciana durante a?os.

- ?Cu¨¢ndo y por qu¨¦ empez¨® a actuar la trama en Valencia?

Las empresas que dirig¨ªa Correa ya hab¨ªan realizado trabajos para el PP valenciano en septiembre de 2002 con motivo del d¨¦cimo congreso regional. Un c¨®nclave, del que figuran pagos en dinero negro en la contabilidad de la trama, en el que Camps ya ejerc¨ªa de secretario regional con el entonces todopoderoso presidente Eduardo Zaplana. Sin embargo, Correa no se decidi¨® a abrir franquicia en Valencia hasta 2004, cuando el PP, con Mariano Rajoy de candidato, perdi¨® las elecciones generales. Ese a?o Correa decide enviar a ?lvaro P¨¦rez a Valencia para ampliar el negocio. El Bigotes logra pronto la confianza de Camps -que lo convierte en su escen¨®grafo de cabecera y lo incluye en su c¨ªrculo personal-, y sella su amistad con otros altos cargos del PP valenciano. En cuesti¨®n de meses, Orange Market empieza a trabajar tanto para el PP como para la Generalitat.

- ?C¨®mo funcionaba la red de corrupci¨®n?

Seg¨²n los datos que figuran en el sumario, Orange Market facturaba al PP por la celebraci¨®n de actos. Una parte del dinero se pagaba en A y otra en B, que se ingresaba en la caja conjunta de la trama. La empresa que dirig¨ªa ?lvaro P¨¦rez tambi¨¦n obten¨ªa ingresos por los contratos con la Administraci¨®n valenciana, tanto de las consejer¨ªas como de las empresas y organismos aut¨®nomos. Buena parte de los trabajos se trocearon en varias facturas para contratar directamente con Orange Market y otras firmas de la trama corrupta -la adjudicaci¨®n directa sin concurso se puede realizar en la Administraci¨®n si el total de lo contratado no excede 12.000 euros-. En otros casos se facilit¨® el paso a la trama corrupta, pese a utilizar empresas que carec¨ªan de experiencia y presentaban las ofertas m¨¢s caras, como en el primer contrato de Fitur o en la instalaci¨®n del montaje audiovisual de la visita del Papa. En algunos de esos trabajos se subcontrat¨® con otras firmas de la trama, a las que se pag¨® en A y en B. El dinero negro se ingresaba en la caja com¨²n.

Por ¨²ltimo, Orange Market ingres¨® por trabajos efectuados para cinco grandes constructoras -que obtienen sustanciosos contratos de la Generalitat- por trabajos reales y otros de los que no hay constancia que se hicieran. En este ¨²ltimo caso, ese dinero habr¨ªa servido para financiar eventos del PP. Cuando ?lvaro P¨¦rez necesitaba liquidez inmediata deb¨ªa recurrir a la misma caja central donde se hab¨ªan realizado los dep¨®sitos. En definitiva, Orange Market era el proveedor principal de eventos del PP, pero tambi¨¦n recib¨ªa encargos de la Generalitat, de instituciones de car¨¢cter p¨²blico como Feria Valencia y Canal 9 y de constructoras cuya actividad depende de la Administraci¨®n valenciana.

- ?Qu¨¦ papel desempe?aban los regalos?

?lvaro P¨¦rez le explica a su mujer en una de las conversaciones telef¨®nicas grabadas por la polic¨ªa que para hacer negocios tiene que llevarse bien con las esposas de los pol¨ªticos. En efecto, las esposas de Francisco Camps, del vicepresidente Vicente Rambla y el ex vicepresidente V¨ªctor Campos ten¨ªan una relaci¨®n fluida con el jefe de Orange Market, que personalizaba los regalos que les hac¨ªa y que ellas llegaban a considerar "una pasada". Adem¨¢s de los trajes que recibieron el propio Camps, Campos, el ex secretario regional del PP, Ricardo Costa, el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, y el ex director de RTVV Pedro Garc¨ªa, el sumario revela que la trama de corrupci¨®n lleg¨® a gastar 140.000 euros en relojes de lujo. Uno de ellos, valorado en 2.400 euros, fue regalado en 2006 a la entonces consejera de Turismo y hoy presidenta de las Cortes, Milagrosa Mart¨ªnez. ?lvaro P¨¦rez registraba cuidadosamente los regalos, sus destinatarios y sus precios. Su contabilidad desglosa, por ejemplo, 8.800 euros en regalos de Navidad a cargos p¨²blicos y dirigentes del PP valenciano.

- ?Cu¨¢les fueron los principales contratos?

Si bien la empresa de ?lvaro P¨¦rez comenz¨® t¨ªmidamente en 2004 a trabajar para la Administraci¨®n valenciana, con apenas un encargo de 138.678 euros para elaborar un documento de sensibilizaci¨®n ambiental para Vaersa, ya en diciembre de aquel a?o gan¨®, con Milagrosa Mart¨ªnez de consejera, el encargo de la Agencia Valenciana de Turismo para instalar el pabell¨®n de la Comunidad Valenciana en Fitur-2005. Un contrato de 930.000 euros por el que acab¨® facturando 1,57 millones.

Orange Market gan¨® otros cuatro a?os consecutivos los concursos de Fitur, por los que cobr¨® un total de 5,4 millones de euros. Y gir¨® cada a?o decenas de facturas menores para otras consejer¨ªas, fundaciones y empresas de la Generalitat. Lo que elev¨® su facturaci¨®n a 6,7 millones de euros entre 2004 y 2009. Y a este sistema se unieron otras ocho empresas de la trama, que llegaron a facturar por separado y por los mismos conceptos al mismo organismo. La trama levant¨® finalmente en esos a?os 7,1 millones de euros solo de organismos de la Generalitat. No obstante, en 2008 el mejor cliente de Orange Market pas¨® a ser Feria Valencia, con 1.438.400 euros facturados. Adem¨¢s, fue un ejercicio en que ganaron peso los trabajos cobrados a constructores como Enrique Ortiz (231.000 euros), las empresas de Sedesa (151.000) o Lubasa (58.000). Firmas a las que se investiga por la posible financiaci¨®n irregular del PP valenciano a trav¨¦s de pagos en negro a la trama. En conjunto, las empresas de la trama recibieron 11,7 millones en cinco ejercicios.

- ?Qu¨¦ hac¨ªan los cinco constructores implicados?

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidi¨® el pasado octubre la imputaci¨®n de cinco empresarios valencianos y una empleada de Orange Market. Concretamente, solicit¨® que declararan en condici¨®n de imputados Enrique Tom¨¢s Ortiz Selfa, de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA; Enrique Gimeno Escrig, presidente de la Sociedad de Fomento Agr¨ªcola Castellonense, Facsa; Vicente Cotino Escriv¨¢, sobrino del vicepresidente Cotino, de la empresa familiar Sedesa; Luis Batalla Romero, administrador de Lubasa; Antonio Pons Dols, de la mercantil Piaf SL, y una empleada de Orange Market identificada como Merche, seg¨²n el escrito del ministerio p¨²blico. Los cinco est¨¢n supuestamente implicados en la financiaci¨®n irregular del PP (que es delito si coincide con campa?as electorales, como es el caso). En parte, a trav¨¦s de pagos de actos organizados por Orange Market al PP y, tambi¨¦n, por las aportaciones directas a ese partido. Para aclarar esos extremos la fiscal¨ªa pidi¨® que la Agencia Tributaria examinara la documentaci¨®n intervenida a Orange Market, datos bancarios e informaci¨®n aportada por el PP sobre gastos en las campa?as electorales de 2005 a 2008.

- ?Qu¨¦ pasar¨¢ con el proceso judicial?

Antonio Pedreira mantiene viva la instrucci¨®n. Esta pr¨®xima semana incorporar¨¢ a sus actuaciones los testimonios de ?lvaro P¨¦rez y de la mujer del senador y ex tesorero del PP Luis B¨¢rcenas. Como juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es competente para imputar a cualquier aforado de esa comunidad aut¨®noma, pero no de cualquier otra. Por tanto, en el momento en el que lo hiciera, la causa, en todo o en parte, escapar¨¢ de sus manos. La polic¨ªa nacional y la fiscal¨ªa, hasta ahora, han hablado siempre de que el caso G¨¹rtel es en realidad una trama organizada. Seg¨²n juristas consultados, la l¨®gica apunta a que Pedreira decida enviar el conjunto de la causa al Tribunal Supremo por tratarse de una trama. La fiscal¨ªa teme especialmente la fracturaci¨®n entre el Supremo, el TSJM y el TSJCV porque podr¨ªa darse el caso de que hechos id¨¦nticos tuvieran un resultado penal diferente. Sin embargo, por cuestiones de log¨ªstica, el Tribunal Supremo ha evitado hasta ahora hacerse cargo de una causa tan voluminosa y compleja como el caso G¨¹rtel. No obstante, tampoco es descartable que el juez instructor opte por enviar al TSJ valenciano el asunto.