Jueces y fiscales discrepan sobre qu¨¦ considerar delito urban¨ªstico
La Audiencia de M¨¢laga aboga por la m¨ªnima intervenci¨®n del derecho penal
El alcalde de La Vi?uela, Juan Mill¨¢n, acaba de ser condenado a una pena de inhabilitaci¨®n y multa por conceder tres licencias para construir en suelo no urbanizable. La ex alcaldesa de C¨¢rtama, Leonor Garc¨ªa-Agua, ha sido absuelta por haber autorizado licencias de segregaci¨®n de fincas para construir en suelo r¨²stico. El ex alcalde de Sayalonga Jos¨¦ Luis Navas ha sido absuelto por la Audiencia de M¨¢laga, que revoc¨® la condena a un a?o de prisi¨®n que le impuso un juez de lo penal y por la que dimiti¨® del cargo. Cada uno de estos tres recientes casos con resoluciones tan dispares tiene evidentemente sus particularidades, pero presentan un denominador com¨²n, se trata de prevaricaci¨®n urban¨ªstica por autorizar construcciones en suelo no urbanizable y en los tres la fiscal¨ªa solicitaba penas de prisi¨®n.
La fiscal¨ªa estima el da?o colectivo por el abuso de casas en suelo r¨²stico
La jurisprudencia de los tribunales malague?os no muestra un criterio ¨²nico en la respuesta a los casos urban¨ªsticos, y deja de relieve la disparidad de criterio entre la fiscal¨ªa y la Audiencia Provincial sobre cu¨¢ndo deben considerarse delito las ilegalidades urban¨ªsticas y aplicar el C¨®digo Penal y cu¨¢ndo basta con la sanci¨®n del derecho administrativo.
En una provincia donde hay m¨¢s de una veintena de alcaldes imputados en causas por este tipo de delitos, el debate se mantiene tambi¨¦n en el ¨¢mbito pol¨ªtico. El presidente de la Diputaci¨®n, Salvador Pend¨®n, promovi¨® hace dos a?os un foro que reivindica que no se juzgue en la v¨ªa penal la construcci¨®n de viviendas unifamiliares en el suelo no urbanizable. S¨®lo en la comarca de La Axarqu¨ªa se estima que existen m¨¢s de 10.000 casas en suelo r¨²stico.
El presidente de la Audiencia Provincial de M¨¢laga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, recuerda que "el derecho penal se rige por el principio de la intervenci¨®n m¨ªnima", por lo que aboga por dejar el C¨®digo Penal "s¨®lo para situaciones extremas". "Cuando las infracciones no son muy groseras y no ha habido cohecho de por medio, entiendo que la intervenci¨®n deber¨ªa venir por el derecho administrativo", explica.
Arroyo Fiestas conmina a tener en consideraci¨®n cuestiones como "ayuntamientos muy peque?os, deprimidos econ¨®micamente, que tienen poco asesoramiento y apenas medios", que cuando han autorizado construcciones lo han hecho sin mala fe.
El presidente de la Audiencia sostiene que es la fiscal¨ªa la que tiene que marcar un criterio de actuaci¨®n, ya que los jueces no intervienen en estos asuntos si no es a instancias del ministerio p¨²blico.
Y la postura que defiende el fiscal jefe de M¨¢laga, Antonio Morales, es que hay una respuesta penal justamente porque la extensi¨®n de las ilegalidades es lo que hizo que se incluyeran en el C¨®digo Penal los delitos urban¨ªsticos para dar respuesta a una situaci¨®n abusiva. "En una sociedad normalizada, el juego del derecho administrativo frente al penal est¨¢ bien, pero cuando se exagera y hay abuso hay que tomar medidas m¨¢s contundentes", explica.
Morales rechaza que se reste importancia a la concesi¨®n de licencias en suelo no urbanizable porque se trata de un fen¨®meno y "no es ya un da?o particular o privado, sino que hay un perjuicio colectivo, al paisaje y al medio ambiente, y tambi¨¦n tiene consecuencias econ¨®micas importantes para la sociedad, que tiene que hacer frente a servicios de saneamiento, agua, etc¨¦tera".
El fiscal jefe sostiene que ser¨ªa "contraproducente" unificar criterios previamente y que conviene actuar caso a caso analizando las circunstancias espec¨ªficas de cada uno.
Graduaci¨®n de penas
En la pr¨¢ctica judicial espa?ola dif¨ªcilmente hay dos casos id¨¦nticos, por m¨¢s que lo aparenten. El C¨®digo Penal establece para el delito de prevaricaci¨®n urban¨ªstica la posibilidad de penas de inhabilitaci¨®n, multa econ¨®mica y prisi¨®n. La cuesti¨®n est¨¢ en qu¨¦ graduaci¨®n aplicar en cada caso. Jos¨¦ Carlos Aguilera, abogado malague?o de dilatada experiencia como acusaci¨®n y defensa en delitos urban¨ªsticos, se queja de que por lo general las sentencias no especifican la motivaci¨®n de por qu¨¦ la pena impuesta entre las posibles. Ello contribuye a la confusi¨®n. No es f¨¢cil entender por ejemplo por qu¨¦ permitir dos edificios con 237 viviendas en suelo de sistema general de espacios libres mereci¨® seis meses de prisi¨®n ( caso Banana Beach) y un a?o la licencia para tres unifamiliares en suelo con menos protecci¨®n del caso Proinsa.
Se supone que la graduaci¨®n de penas obedece a la gravedad de cada asunto. Pero no s¨®lo las penas, los propios casos en ocasiones parecen algo incomprensibles, como el procesamiento a un alcalde por dar una licencia que posteriormente revis¨® y anul¨® y sin que llegara a hacerse obra alguna.
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