El centro Nevada busca una soluci¨®n a las puertas del juicio
Administraciones y promotor intentan legalizar la licencia
El que se proyect¨® como centro comercial m¨¢s grande de Andaluc¨ªa, el Parque Nevada, en Armilla (Granada), lleva tres a?os con las obras paralizadas por orden judicial pero parece enfilar una soluci¨®n, aunque no va a ser inminente. El martes est¨¢ previsto que comience el juicio para determinar las posibles responsabilidades penales de los 11 imputados, entre los que se encuentran el que fuera alcalde socialista de Armilla, Jos¨¦ Antonio Morales Cara, el ex edil de Urbanismo Gabriel Ca?avate y el promotor del centro, Tom¨¢s Olivo.
Pero en la singular historia de este accidentado proyecto tambi¨¦n copa una parte importante la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa. Por esta v¨ªa se inst¨® hace ya un a?o a la Junta de Andaluc¨ªa y al Ayuntamiento de Armilla a revisar la licencia de obras otorgada y buscar as¨ª "soluciones alternativas" en aras de los intereses p¨²blicos y econ¨®micos implicados. El juez de lo Contencioso-administrativo 1 de Granada no anul¨® la licencia puesto que no se impugn¨® en plazo y apost¨® por una nueva resoluci¨®n modificando el proyecto o aprobando incluso una nueva normativa siempre dentro de la legalidad.
Las obras del centro comercial llevan tres a?os paradas por orden judicial
Esa negociaci¨®n, que se produce a tres bandas entre Junta, Ayuntamiento y promotor, se ha intensificado en el ¨²ltimo mes, seg¨²n reconocen las propias administraciones implicadas, que conf¨ªan en llegar pronto a un acuerdo. Y aunque la jurisdicci¨®n penal prevalece sobre la administrativa, es este ¨¢mbito el m¨¢s "adecuado" para "juzgar sobre la naturaleza de la licencia concedida (...) sin que el pronunciamiento que se dicta tenga por qu¨¦ tener relevancia o consecuencia alguna en el ¨¢mbito penal", seg¨²n detall¨® entonces el juez en dicha resoluci¨®n.
De este modo, el acuerdo que alcancen las partes no va a interferir en el juicio penal, si bien no deja de ser significativo que se intensifiquen precisamente ahora esas negociaciones. Hay que recordar que adem¨¢s de las responsabilidades penales, el fiscal pide la demolici¨®n total del centro por las sucesivas irregularidades cometidas, aunque considera tambi¨¦n la posibilidad de demolerlo parcialmente y crear as¨ª un "verdadero anillo verde" entre el centro comercial y las viviendas colindantes. Las negociaciones se centran en ese punto y no descartan derribos parciales.
Alrededor de 80.000 metros cuadrados para zonas verdes y equipamientos tendr¨ªa que ceder el promotor entre solar y espacios libres, puesto que super¨® en mucho la edificabilidad permitida. Cambios en la normativa y planeamientos tambi¨¦n son precisos, as¨ª como demoler partes de un centro que impermeabiliza 123.000 metros cuadrados de Vega y contiene 275.000 metros sin cumplir la legalidad urban¨ªstica. S¨®lo en suelo p¨²blico y no urbanizable destinado a zonas verdes y dotacionales los peritos cifran en casi 40.000 los metros cuadrados perdidos por su construcci¨®n. No se descarta desplazar viales, ya que por ejemplo uno fue suprimido por este proyecto anteponi¨¦ndose as¨ª el inter¨¦s particular al general.
El informe pericial cree "necesario", como tambi¨¦n sostuvo posteriormente el fiscal, la demolici¨®n al menos de lo construido en suelo no urbanizable, dotacional y de espacios libres. Los peritos detallaron el particular crecimiento del proyecto desde que se consider¨® por primera vez en 1996 hasta lo construido en 2007: en superficie contemplaba en 1996 cerca de 67.000 metros cuadrados, que pasaron a ser 120.000 en 2005 y casi 123.000 los realmente construidos; el incremento de altura de las plantas supuso en t¨¦rminos de volumen 170.000 metros c¨²bicos m¨¢s; y las plantas -sin contar la inferior de aparcamiento- pasaron de casi 61.000 metros cuadrados en 1996 a 156.000 realmente construidos.
En este proceso, denunciado por el PP -partido que no se opone a su apertura en s¨ª-, se incumpli¨® la legalidad vigente con "reiteradas vulneraciones del planeamiento" y una edificaci¨®n por encima de lo legal y razonablemente "exigible" considerando, por ejemplo, planta s¨®tano a un espacio cuyo techo est¨¢ 4,80 metros por encima de la calle contigua. Los miembros del equipo de gobierno municipal que dieron luz verde al centro comercial fueron expedientados y suspendidos de militancia por el PSOE, partido del que se dio de baja el ex regidor.
Las peticiones del fiscal
- Para Jos¨¦ Antonio Morales Cara (ex alcalde) y Gabriel Ca?avate (ex concejal de Urbanismo) pide dos a?os de c¨¢rcel, 20 de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico y una multa de 10.800 euros al atribuirles posibles delitos de prevaricaci¨®n urban¨ªstica, contra la ordenaci¨®n del territorio e infidelidad en la custodia de documento p¨²blico.
- Para el promotor Tom¨¢s Olivo, imputado en la Operaci¨®n Malaya, el fiscal solicita dos a?os y dos meses de prisi¨®n, dos a?os de inhabilitaci¨®n y la misma multa de 10.800 euros por un delito contra la ordenaci¨®n del territorio y otro de desobediencia grave.
Cuatro concejales, dos arquitectos, un abogado y una letrada de Diputaci¨®n se enfrentan a la petici¨®n de ocho a?os de inhabilitaci¨®n por la posible comisi¨®n de un delito contra la ordenaci¨®n del territorio o prevaricaci¨®n, seg¨²n el caso
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