Que las autonom¨ªas no escurran el bulto
Espa?a, como el resto del mundo, afronta el reto de salir de una crisis que nos ha demostrado que la ¨²nica forma sensata de desarrollo es la que garantice el Estado del bienestar y la que prime el bien com¨²n sobre los abusos de la especulaci¨®n. Es en los momentos de crisis cuando lo p¨²blico adquiere su verdadero valor, no s¨®lo para ayudar a los m¨¢s d¨¦biles, sino tambi¨¦n para consolidar estructuras que proporcionen riqueza y bienestar a largo plazo, apostando por un desarrollo econ¨®mico social y humano. Y en esta tarea, los distintos niveles de Gobierno tienen la misma responsabilidad, el mismo derecho y la misma obligaci¨®n a participar en la toma de decisiones. Por eso, los Gobiernos locales, ahora, son m¨¢s necesarios que nunca.
El desarrollo del nuevo modelo econ¨®mico y la sostenibilidad de las finanzas p¨²blicas, el futuro del Estado del bienestar, en definitiva, est¨¢n ¨ªntimamente ligados a la capacidad que puedan tener los Gobiernos locales de contribuir a su consolidaci¨®n. Por ello, es m¨¢s necesario que nunca aplicar, de verdad y de forma efectiva, el principio de subsidiariedad y la gobernanza multinivel.
Durante los ¨²ltimos 30 a?os, los ayuntamientos han sido los principales art¨ªfices del incremento de los servicios a las personas y de la calidad de vida de los ciudadanos. Si de verdad queremos que sigan prestando servicios con la misma eficacia que hasta ahora y que contribuyan al mantenimiento del bienestar, sin que se resientan los principios de una sociedad justa y solidaria, es imprescindible cambiar el marco normativo actual y que se apruebe cuanto antes un sistema de financiaci¨®n suficiente, justo y previsible.
Los ayuntamientos hemos dado ejemplo de responsabilidad y de lealtad institucional. Nuestro d¨¦ficit es insignificante en relaci¨®n con el de las dem¨¢s Administraciones p¨²blicas y nuestra deuda apenas ha variado cuatro d¨¦cimas respecto al PIB en la ¨²ltima d¨¦cada. Al mismo tiempo, hemos tenido que cubrir responsabilidades y obligaciones de otras Administraciones, por unos importes que rondan un tercio del total de nuestros gastos.
Es inaplazable la aprobaci¨®n de las leyes de Gobierno Local y de Financiaci¨®n Local. El Gobierno central ya ha manifestado su intenci¨®n de afrontar estas reformas pronto; esperamos que las comunidades aut¨®nomas no escurran el bulto y acometan la parte que les corresponde: garantizar la participaci¨®n de los ayuntamientos en sus ingresos tributarios, como dice el art¨ªculo 142. No hacerlo significar¨ªa un grave incumplimiento del mandato constitucional.
Hoy Espa?a es un Estado m¨¢s descentralizado, pero no un Estado descentralizado, porque no ha llegado al escal¨®n m¨¢s cercano a los ciudadanos. Hay que avanzar mucho m¨¢s hasta ser un Estado cooperativo, en el que cada parte haga lo que tenga que hacer de la forma m¨¢s eficaz, con los recursos necesarios para alcanzar el mayor grado de eficiencia. Un Estado en el que los gobiernos locales sean considerados socios, no meros intermediarios, en la definici¨®n y ejecuci¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas y sectoriales que afectan a cada territorio.
Los 8.115 municipios, las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares forman la m¨¢s amplia red p¨²blica de Espa?a; la que garantiza realmente la cohesi¨®n social en todo el territorio nacional y la extensi¨®n m¨¢s eficaz, democr¨¢tica y solidaria de la red de servicios. No ser¨ªa justo ni rentable que se les impida trabajar al m¨¢ximo de sus posibilidades. Las comunidades aut¨®nomas y los Gobiernos locales tienen un papel complementario y no excluyente.
Es cierto que estamos ante problemas globales, pero que afectan directamente a las personas que est¨¢ a nuestro lado, personas a las que los alcaldes s¨ª ponemos nombre y rostro, porque son nuestros vecinos o nuestras vecinas. Problemas globales a los que tenemos que dar necesariamente soluciones locales.
Pedro Castro es presidente de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP).
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