Los municipios aspiran a los ingresos de las comunidades

El Gobierno y las comunidades aut¨®nomas atraen todos los focos, pero son los ayuntamientos los que sufren el rigor del desplome de los ingresos p¨²blicos en primera l¨ªnea. Como el resto, en los buenos tiempos pisaron el acelerador del gasto y ahora, con las arcas demediadas, se enfrentan a la disyuntiva de recortar plantillas o de dejar de prestar servicios. Pero lo que hace que esa elecci¨®n sea m¨¢s apremiante es que, a diferencia de otros niveles de la Administraci¨®n, apenas tienen margen para aumentar la recaudaci¨®n con subidas de impuestos (el alza en las tasas tiene un efecto en los ingresos limitado). Y el recurso al endeudamiento est¨¢ muy acotado por la ley. Resultado: es la Administraci¨®n con menor nivel de d¨¦ficit (0,5% del PIB) y deuda p¨²blica (3,3% del PIB), pero la que tiene m¨¢s dificultades.

Apenas tienen margen para aumentar recursos con m¨¢s impuestos

Expertos y pol¨ªticos locales coinciden en se?alar que en 2011 la situaci¨®n ser¨¢ peliaguda: el sistema de financiaci¨®n va con dos a?os de retraso, y las entidades locales deben devolver entonces, con las arcas ya tiritando, el dinero que el Ejecutivo central les transfiri¨® de m¨¢s en 2009, bas¨¢ndose en unas previsiones que la Gran Recesi¨®n destroz¨®. Tambi¨¦n coinciden en que la soluci¨®n pasa por que se culmine la reforma de la financiaci¨®n local, patata caliente de los ¨²ltimos Gobiernos, y se cierre, de forma definitiva, el reparto de competencias. Pero, como se?ala Alfonso Utrilla, profesor de Econom¨ªa de la Universidad Complutense, "con el sistema tributario funcionando tan mal por la crisis, es el peor momento posible".

"Si las entidades locales s¨®lo prestaran el m¨ªnimo de servicios que les exige la ley, tendr¨ªan muchos menos problemas", puntualiza N¨²ria Bosch, catedr¨¢tica de Hacienda P¨²blica de la Universidad de Barcelona. Aprovechando el man¨¢ de los ingresos p¨²blicos derivados del boom inmobiliario, los ayuntamientos se lanzaron a atender "las necesidades de los ciudadanos", argumento infinito que justifica cualquier decisi¨®n. "Si el pueblo de al lado hac¨ªa un campo de f¨²tbol de hierba o un polideportivo, t¨² hac¨ªas otro igual", ejemplifica Bosch. Son inversiones que luego hipotecan gasto corriente.

Pero el desembolso no se hinch¨® s¨®lo para lograr votos. En muchos casos, las leyes de las comunidades obligan a los ayuntamientos a completar proyectos auton¨®micos. En otros casos, es el dinero municipal lo que permite que los equipamientos sociales sigan en marcha. Y aqu¨ª es donde entra en juego la falta de definici¨®n en el reparto de competencias.

"Tras el pacto de la financiaci¨®n auton¨®mica, ahora toca descentralizar desde las comunidades a los municipios, que tengan una mayor participaci¨®n en sus ingresos", afirma la catedr¨¢tica de la Universidad de Barcelona, en alusi¨®n a uno de los puntos clave de la reforma de la financiaci¨®n local, que el Gobierno ha prometido afrontar en 2011.

La situaci¨®n es tan precaria que ha llevado al Ejecutivo a concentrar en los municipios sus fondos extraordinarios de inversi¨®n (13.000 millones del Plan E entre 2009 y 2010) y a facilitarles financiaci¨®n para que puedan pagar a los proveedores. Y, aun as¨ª, algunos ayuntamientos (Jerez de la Frontera es la localidad de mayor tama?o afectada) han tenido que recurrir a expedientes de regulaci¨®n de empleo. "Aunque su utilidad a medio plazo sea dudosa, los fondos del Plan E han cumplido con el cometido de completar el gasto de capital de los municipios, pero siguen teniendo muchos problemas con el gasto corriente", se?ala Utrilla, quien cree que, como ocurriera con las comunidades, el Gobierno tendr¨¢ que aplazar las devoluciones de 2011 "si no quiere que la situaci¨®n sea insostenible".

"La descentralizaci¨®n est¨¢ por terminar, las comunidades deb¨ªan dejar la gesti¨®n de las pol¨ªticas sociales a los ayuntamientos o entidades mancomunadas, como se hace en algunos pa¨ªses n¨®rdicos, y centrarse en el dise?o de pol¨ªticas y en el control de resultados", opina Joan Subirats, del Instituto de Pol¨ªticas P¨²blicas de la Aut¨®noma de Barcelona. M¨¢s all¨¢ de la voluntad de las comunidades, el problema radica en el minifundismo de la Administraci¨®n local, con m¨¢s de 8.000 entidades. "La mancomunidad para prestar ciertos servicios deber¨ªa ser obligatoria", aconseja Bosch.