Justicia de doble velocidad

Si existe una imagen asociada a la justicia espa?ola es su lentitud. Tambi¨¦n est¨¢ extendida la creencia de que los jueces espa?oles trabajan poco. Pero no es un diagn¨®stico suficiente, porque los males del sistema judicial, como los de la sanidad o los de la educaci¨®n, responden a causas diversas que no se solventan ¨²nicamente con una mayor presencia del juez en su despacho. Como tampoco se resuelven los males end¨¦micos del sistema sanitario exigiendo a los m¨¦dicos que pasen m¨¢s tiempo en los hospitales o a los profesores en los centros educativos, si, adem¨¢s, no disponen de los medios humanos y t¨¦cnicos para trabajar en mejores condiciones.

?Ha de permitirse que algunos jueces acumulen m¨¢s de un centenar de casos pendientes sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenga mecanismos eficaces de control m¨¢s all¨¢ de las inspecciones rutinarias que sirven de poco y que se anuncian semanas antes? ?Es tolerable que muchos secretarios judiciales pasen buena parte de su horario laboral en la sala de vistas mirando al techo, mientras el equipo de grabaci¨®n cumple su funci¨®n y da fe p¨²blica del juicio, en lugar de dedicarse a la gesti¨®n y tramitaci¨®n de los procedimientos? ?No deber¨ªa exigirse a todos los funcionarios judiciales una m¨ªnima preparaci¨®n antes de ponerlos a redactar escritos que a menudo revisa el juez porque no se f¨ªa de lo que ha de firmar? ?No parece incre¨ªble que en plena ¨¦poca de Internet no exista un sistema inform¨¢tico que conecte un juzgado de Sevilla con otro de Barcelona, por ejemplo? ?Es inevitable que cada d¨ªa se desperdicien miles de horas de la jornada de polic¨ªas, forenses y peritos antes de entrar a testificar un minuto ante un tribunal, situado en ocasiones en la otra punta de Espa?a, para decir que se ratifican en el informe emitido en su d¨ªa, en lugar de declarar por videoconferencia?

Un caso contencioso tarda cuatro a?os en Andaluc¨ªa y siete meses en La Rioja

Robles: "La planta judicial est¨¢ muy mal dise?ada y hay grandes diferencias"

No existe el equivalente a un control de calidad de las resoluciones

La ciudadan¨ªa sigue sin notar mejoras en un sistema b¨¢sico para la sociedad

Son algunos ejemplos de lo que ocurre con la justicia en Espa?a. La relaci¨®n de preguntas podr¨ªa continuar, aunque la respuesta ser¨ªa siempre la misma: falta voluntad pol¨ªtica para atajar los males cr¨®nicos. Y eso compete al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades aut¨®nomas. De unos depende el control sobre los jueces, de otros la pol¨ªtica judicial y los secretarios judiciales, mientras una decena de autonom¨ªas tienen traspasadas las competencias sobre los funcionarios y los medios materiales, como el sistema inform¨¢tico.

Ahora no existen mecanismos de control eficaces sobre la labor de los jueces, su capacidad y dedicaci¨®n que permita despojarlos del recurrente paraguas de la "independencia" que todo lo justifica, incluida la escasa dedicaci¨®n al trabajo en algunos casos. Pero si no dan abasto por el colapso de expedientes que sufren, si no tienen sistemas inform¨¢ticos eficientes, si los secretarios judiciales est¨¢n infrautilizados y si los funcionarios no est¨¢n formados es dif¨ªcil que se invierta el panorama actual, en la que cada partido judicial es un reino de taifa. De esta manera, un mismo caso no s¨®lo puede acabar de una manera o de otra en funci¨®n del juez que a uno le toque, sino que el tiempo hasta obtener sentencia puede ser hasta cinco veces superior en funci¨®n de d¨®nde se tramite.

As¨ª, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa tarda casi cuatro a?os en resolver un contencioso administrativo, mientras que en La Rioja el tiempo es de siete meses. Un asunto civil se resuelve en 10 meses en Baleares y de cuatro y medio en Navarra. Un juzgado de lo social de Canarias tarda 10 meses y medio en terminar un asunto, mientras que en el Pa¨ªs Vasco y Catalu?a lo hacen en cuatro.

Son algunos de los datos de 2008 extra¨ªdos de las memorias del Consejo General del Poder Judicial que avalan la doble velocidad de la justicia, seg¨²n la jurisdicci¨®n de la que se hable, el n¨²mero de asuntos que entran, el partido judicial y, c¨®mo no, la dedicaci¨®n de los jueces. Pero tambi¨¦n de las condiciones en las que trabajan.

Espa?a es uno de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea con menor proporci¨®n de jueces. Un estudio del Consejo de Europa realizado en 2008 lo situaba en el n¨²mero 38 de 47 Estados. La estad¨ªstica del CGPJ indica que al iniciarse aquel a?o hab¨ªa en Espa?a 4.674 jueces, lo que supone 10,15 plazas por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2001 eran de 9,57 plazas.

Ese ligero aumento de jueces ha ido acompa?ado de un desorbitado incremento de los pleitos. En la jurisdicci¨®n penal, por ejemplo, se ha pasado de 5,4 millones de casos registrados en 2001 a 6,6 millones en 2008. En ese tiempo, los asuntos civiles casi se duplicaron (de 892.965 a 1.708.762), y en la jurisdicci¨®n social se pas¨® de 323.390 a 420.699, sin contar la avalancha que ha llegado en los ¨²ltimos meses por la crisis econ¨®mica. Lo mismo ocurre en la jurisdicci¨®n contencioso administrativa, que ha registrado un aumento de 187.686 a 307.146 asuntos.

Y si se analiza lo ocurrido entre 2001 y 2005, cuando se dispar¨® la poblaci¨®n espa?ola, se comprueba que incluso disminuy¨® la proporci¨®n de jueces. En 2001 hab¨ªa 9,57 por 100.000 habitantes, y en 2005 eran 9,52. Aquella ¨¦poca coincidi¨® con el segundo Gobierno del PP y el mandato del anterior Consejo General del Poder Judicial, cuando se plante¨® liquidar la Escuela Judicial, con sede en Barcelona, de la que salen cada a?o los jueces de toda Espa?a. El retorno del PSOE al poder reactiv¨® el centro, y el ministro Francisco Caama?o se comprometi¨® al asumir el cargo a la creaci¨®n de 750 plazas judiciales en tres a?os.

"Un juez que trabaje 14 horas al d¨ªa no puede ser un buen juez. Hay que acabar con esas situaciones", afirma la vocal del CGPJ Margarita Robles, quien tambi¨¦n admite sin reparos que "la planta judicial est¨¢ muy mal dise?ada y existen grandes diferencias" en la carga de trabajo. Eso explica que conforme aumenta la experiencia del juez, disminuyen las horas que ha de dedicar al trabajo porque puede optar a destinos m¨¢s c¨®modos: de un juzgado abarrotado de pueblo comparable al infierno se pasa a otro que puede ser el purgatorio. De ah¨ª a la placidez de un juzgado o un tribunal de la Audiencia Provincial o al Tribunal Superior correspondiente. Solo unos cuantos alcanzan la gloria del Tribunal Supremo.

El nuevo CGPJ al que pertenece Robles lleva ya casi a?o y medio funcionando, y los jueces a los que se consulta siguen sin notar la nueva etapa, m¨¢s all¨¢ del mercadeo de cargos entre el sector progresista y el conservador. Robles replica que "las reformas son complicadas, ning¨²n Ayuntamiento ni comunidad aut¨®noma quiere que le quiten juzgados, pero es evidente que en unos sitios sobran y en otros faltan".

El nuevo ministro de Justicia tambi¨¦n lleva poco m¨¢s de un a?o en el cargo. Se estren¨® tras la primera huelga de jueces de la historia de Espa?a, el 18 de febrero de 2009, y su talante nada tiene que ver con el de su antecesor, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo. Los jueces dicen que tampoco ha adoptado las medidas necesarias, excepto la supresi¨®n del llamado ascenso forzoso de juez a magistrado, que pod¨ªa comportar en algunos casos que les enviasen a la otra punta de Espa?a.

Al igual que Robles, Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia, asegura que "no hay soluciones m¨¢gicas, sino medidas a corto y largo plazo", al tiempo que enumera los objetivos del plan estrat¨¦gico que se present¨® en septiembre de 2009. "Lo importante es que ahora vamos de la mano con las comunidades aut¨®nomas, el CGPJ y el ministerio", insiste. Pero la ciudadan¨ªa sigue sin percibir que haya mejorado el servicio. Campo repite que en esta ocasi¨®n va en serio, y recuerda que el 4 de mayo entrar¨¢ en vigor una ley que saca a los secretarios de las salas de vista y los pone a trabajar de verdad, realizando tareas de tr¨¢mite y gesti¨®n de los pleitos que ahora han de pasar necesariamente por el juez.

"Vamos a revolucionar el modelo de justicia actual", asegura Campo con un optimismo que no comparten las comunidades aut¨®nomas, que durante m¨¢s de una d¨¦cada han sido incapaces ni siquiera de ponerse de acuerdo en un sistema inform¨¢tico que permita intercambiar informaci¨®n entre dos territorios distintos. Por no hablar de la escasa formaci¨®n que tienen algunos trabajadores, especialmente los interinos. Y eso no depende del Gobierno central, sino de los aut¨®nomos.

Los jueces que hacen jornadas infernales de los que habla Margarita Robles no son una excepci¨®n. Corresponden a los primeros o segundos destinos y representan un tercio de la carrera judicial. Son 1.529 plazas, y las ocupan profesionales con menos de 40 a?os, con una proporci¨®n de dos mujeres por cada hombre (997 frente a 532). Para el 68,2% de ellos, es su primer trabajo, tras una media de cuatro a?os y cuatro meses preparando la oposici¨®n, dos a?os en la Escuela Judicial y la carrera.

Una parte de esos jueces no alcanza los 30 a?os, como Rosa Monrab¨¤, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Balaguer (Lleida). Es un ejemplo de las nuevas promociones que se incorporan a la carrera y que dicen estar hastiadas de promesas pol¨ªticas, de que las asociaciones judiciales se hayan convertido en agencias de colocaci¨®n para mercadear con los cargos y de que nadie se ocupe de ellos. Esos jueces exigen condiciones dignas de trabajo antes de que se les cuelgue el sambenito de gandules. Monrab¨¤, por ejemplo, trabaja en un juzgado que no se pinta desde hace dos d¨¦cadas, donde el mobiliario es preconstitucional y donde los expedientes se extienden por los pasillos y el lavabo. Por las mesas de los funcionarios se acumulan m¨¢s de 400 escritos pendientes de proveer. Es decir, que la juez decida qu¨¦ hacer con ellos es mero tr¨¢mite, pero son imprescindibles para que avance el pleito.

Ella califica su destino de asfixiante, porque asegura que s¨®lo vive para trabajar desde que debut¨® en julio de 2007. Se ve como una turista de la judicatura, salvo que la maleta que acarrea a diario de casa al juzgado y vuelta est¨¢ llena de expedientes.

Balaguer es un destino del que huye cualquier juez como de la peste, lo mismo que ocurre en decenas de juzgados. Basta ver el ¨²ltimo concurso de ascenso de la categor¨ªa de juez a magistrado que resolvi¨® el CGPJ a final de 2009 para comprobar que hay plazas a las que nadie quiere ir porque son un polvor¨ªn para la carrera profesional, adem¨¢s de alejarlos de su entorno familiar. Se ofertaron 123 plazas, y s¨®lo se cubrieron 47.

Junto a ese colectivo de jueces que trabajan muchas veces en condiciones cochambrosas, hay tambi¨¦n amplios sectores, la mayor¨ªa con m¨¢s de una decena de a?os en la carrera, que tienen funcionarios especializados, ocupan destinos en los que la carga de trabajo es soportable y ejercen en edificios habitualmente dignos, con una plantilla estable de funcionarios experimentados y casi todos los medios t¨¦cnicos y humanos que hacen falta. Con todo, a muchos de esos jueces les salen jornadas semanales de hasta 40 horas si se cuentan las que emplean para hacer los juicios, deliberar, escribir las sentencias, autos o recibir abogados. Tampoco faltan quienes apenas van al juzgado o la secci¨®n de la Audiencia que les corresponde y les sale gratis.

No existe el equivalente a un control de calidad de las resoluciones que se dictan, m¨¢s all¨¢ del sistema ordinario de recursos. Es decir, que un tribunal puede modificar la sentencia que haya dictado otro, pero no existe ninguna vigilancia sobre los dislates de resoluciones que se dictan en ocasiones, ni tampoco se premian las que resuelven un pleito muy complicado que requiere una inmersi¨®n en cuestiones muy especializadas.

Tampoco existe un control de producci¨®n eficaz, m¨¢s all¨¢ de los m¨®dulos que establece el CGPJ sobre la carga de trabajo deseable y que s¨®lo sirve para hacer estad¨ªsticas. Porque no puede valorarse de la misma manera la tramitaci¨®n de una demanda por un accidente de tr¨¢fico sin mayores consecuencias, que un pleito civil por un choque de dos aviones en el espacio a¨¦reo alem¨¢n en el que murieron 72 personas y que, por esas cuestiones de la competencia judicial, acab¨® en un juzgado civil de Barcelona con los abogados de las compa?¨ªas norteamericanas y cuya sentencia exige meses de trabajo.