Constitucional renovado
La sentencia sobre el Estatut de un tribunal en pr¨®rroga correr¨ªa riesgo de deslegitimaci¨®n
El quinto fracaso del Tribunal Constitucional para emitir una sentencia sobre el Estatuto de Catalu?a es a la vez s¨ªntoma y preludio de la grave crisis institucional que se cierne sobre el sistema auton¨®mico espa?ol. Durante los cuatro infructuosos a?os transcurridos desde que los magistrados recibieron el encargo de pronunciarse sobre la constitucionalidad del texto se ha insistido, sobre todo, en identificar las responsabilidades por esta situaci¨®n, en la que nadie est¨¢ libre de culpa. Pero es hora de que el problema se aborde desde otra perspectiva. El pasado es el pasado, y de lo que se trata ahora es de buscar una salida que respete escrupulosamente el orden constitucional y tambi¨¦n la voluntad de los catalanes expresada por el Parlamento aut¨®nomo, avalada por el Congreso de los Diputados y ratificada en refer¨¦ndum.
Las frivolidades derivadas del sectarismo que arrasa la vida pol¨ªtica espa?ola han llevado a enfrentar el principio democr¨¢tico al principio constitucional, un conflicto que, puesto que nunca deber¨ªa haberse producido, carece de soluci¨®n concluyente. As¨ª tendr¨ªa que reconocerse por las partes implicadas, para despu¨¦s actuar en consecuencia. Los discursos ag¨®nicos sobre la ruptura de Espa?a o la desafecci¨®n de Catalu?a ni reflejan la realidad social e institucional actual ni contribuyen a encontrar una salida; son discursos de parte que anuncian males futuros para legitimar los propios puntos de vista sobre un contencioso presente.
Ante la imposibilidad de encontrar un rumbo claro de soluci¨®n, se impone navegar a vista. Tras aguardar en vano cuatro a?os, nada justificar¨ªa que un tribunal diezmado y desprestigiado emitiera una sentencia antes de la celebraci¨®n de las pr¨®ximas elecciones catalanas. Ser¨ªa una insensata interferencia que convertir¨ªa esas elecciones en un refer¨¦ndum sobre la viabilidad del sistema constitucional. Del mismo modo, obstinarse en que sea el tribunal en su actual composici¨®n quien se pronuncie, y no otro sin recusaciones ni pr¨®rrogas, pondr¨ªa de manifiesto una inaceptable pretensi¨®n de determinar el contenido de la sentencia a trav¨¦s de argucias. El Estado en su conjunto, del que forman parte las comunidades aut¨®nomas, saldr¨ªa debilitado, por m¨¢s r¨¦ditos inmediatos que pudieran obtener algunas fuerzas pol¨ªticas.
Un tribunal renovado y que pueda trabajar sin la presi¨®n de unas elecciones no es garant¨ªa de que el Estatuto sea declarado constitucional en su integridad; entre otras razones, porque es dudoso que lo sea. Pero tampoco es admisible que lo que se niegue a Catalu?a se permita a otras comunidades, sobre la base de que, por oportunismo, nadie present¨® recurso sobre sus reformas. La sentencia sobre el Estatuto, emitida por un Tribunal sin los lastres adquiridos y sin la urgencia de los acontecimientos, permitir¨ªa tal vez recuperar la coherencia del sistema. Navegar a vista equivaldr¨ªa, a estas alturas, al magro consuelo de hacer de la necesidad, virtud.
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