El PP pontevedr¨¦s incumple su c¨®digo ¨¦tico con tres alcaldes imputados por corrupci¨®n

Rafael Louz¨¢n, presidente provincial del PP en Pontevedra, apoya expl¨ªcitamente la continuidad de tres alcaldes -los de Gondomar, en la sombra, Tui y Portas-, con imputaciones o condenas judiciales en primera instancia por delitos que les impedir¨ªan continuar en el cargo, seg¨²n el c¨®digo ¨¦tico incorporado a los estatutos del propio partido y el m¨¢s reciente de buenas pr¨¢cticas, aprobado en la vor¨¢gine del caso G¨¹rtel y que ya ha tenido consecuencias disciplinarias para sus imputados. Louz¨¢n, sin embargo, insiste en esperar a que haya sentencias firmes en los procesos de sus alcaldes.

Carlos Silva, ex alcalde de Gondomar, fue condenado en diciembre de 2008 a 18 meses de prisi¨®n y ocho a?os de inhabilitaci¨®n por un delito continuado de prevaricaci¨®n urban¨ªstica; la sentencia est¨¢ pendiente del fallo de la Audiencia Provincial, ante la que fue recurrida. Silva volver¨¢ a sentarse en el banquillo el pr¨®ximo 20 de mayo para responder de un delito de falsedad documental por certificar obras ilegales. Fracasada su tentativa de volver a la alcald¨ªa con la moci¨®n de censura al nacionalista Ant¨®n Ara¨²xo, ejerce en la sombra la direcci¨®n del gobierno de tr¨¢nsfugas, del que es concejal, y a mayores fue compensado con un puesto de dedicaci¨®n exclusiva en la Diputaci¨®n Provincial.

A Carlos Silva se le compens¨® incluso con un puesto en la Diputaci¨®n

El alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fern¨¢ndez Rocha, apoderado de la inmobiliaria de su hijo, Provitui, hegem¨®nica en el ayuntamiento, est¨¢ imputado por un juzgado local de cinco delitos (prevaricaci¨®n, cohecho, tr¨¢fico de influencias, contra la ordenaci¨®n del territorio y sobre el patrimonio hist¨®rico) por su actuaci¨®n como alcalde en la tramitaci¨®n de operaciones de la inmobiliaria. Fue el propio N¨²?ez Feij¨®o, cuando era conselleiro de Pol¨ªtica Territorial, quien destap¨® el asunto, pero tanto ¨¦l como Louz¨¢n esperan a la sentencia de la Audiencia Provincial para mover ficha.

Roberto V¨¢zquez, en fin, alcalde de Portas, ha sido recientemente condenado a un a?o de inhabilitaci¨®n por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios: utiliz¨® dos de sus empresas familiares como intermediarias para realizar contratos p¨²blicos. Tambi¨¦n est¨¢ pendiente de juicio por un presunto delito fiscal.

El c¨®digo ¨¦tico del PP, de 1993 y cuyas disposiciones fueron incorporadas a los estatutos del partido, compromete a sus militantes, entre otras cosas, a "no dedicarse por s¨ª ni por persona interpuesta a actividades de gesti¨®n, asesoramiento o mediaci¨®n que puedan tener la m¨¢s m¨ªnima relaci¨®n con el objeto de las competencias que por su cargo le est¨¢n encomendadas". Papel mojado en Pontevedra, como la exigencia de responsabilidades pol¨ªticas cuando "de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisi¨®n de un delito". La direcci¨®n del PP pontevedr¨¦s, consultada por EL PA?S, se enroca en el requisito de sentencia firme antes que someterse a la ¨¦tica oficial del partido.