Una mayor¨ªa trata de fijar por ley que se pueda abortar en Navarra

La oposici¨®n al Gobierno de Navarra har¨¢ valer previsiblemente su mayor¨ªa parlamentaria para aprobar en las pr¨®ximas semanas una modificaci¨®n de la ley foral de salud que garantice la pr¨¢ctica de abortos en la comunidad, hasta la fecha financiados pero derivados a otras regiones cercanas. La proposici¨®n de ley, admitida ayer a tr¨¢mite por el Parlamento aut¨®nomo, fue presentada la semana pasada por el Partido Socialista de Navarra (PSN) tras conocerse la intenci¨®n del Gobierno de UPN de recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley del aborto, que establece el aborto libre hasta la semana 14 y bajo supuestos hasta la 22. Tanto Nafarroa Bai como IU ya han anunciado el apoyo a la iniciativa socialista, que se debatir¨¢ directamente en el pleno dada su actualidad.

La Comunidad se limita a financiar las intervenciones en otras autonom¨ªas

El PSN pretende as¨ª dinamitar los argumentos del Gobierno de Miguel Sanz, para quien la nueva ley estatal supone un contrafuero al regular la organizaci¨®n y funcionamiento de los servicios sanitarios en Navarra. El texto, que entrar¨¢ en vigor el 3 de julio, concreta en su disposici¨®n final quinta la garant¨ªa de practicar abortos en la comunidad de residencia de la mujer embarazada.

De aplicarse esta resoluci¨®n, Navarra deber¨ªa ofrecer este servicio y no derivar, como hasta ahora, a las embarazadas a otras comunidades. Actualmente, el Ejecutivo alude a la objeci¨®n de conciencia de los m¨¦dicos navarros para no practicar abortos ni en la red p¨²blica ni en la privada y se limita a correr con los gastos de los desplazamientos a centros de otras ciudades. Seg¨²n la consejera navarra, Mar¨ªa Kutz, esta situaci¨®n es legal al atenerse a la normativa vigente.

El PSN quiere dejar sin argumentos al Gobierno de Sanz, que basa su recurso en la invasi¨®n de competencias. Los socialistas buscan hacer uso de esa autonom¨ªa en la organizaci¨®n sanitaria, que recoge la Constituci¨®n y el Amejoramiento, para cambiar la ley foral y ajustarla a la nacional.

El objetivo final es "garantizar que las mujeres navarras tengan los mismos derechos que las dem¨¢s espa?olas en las comunidades donde residen", explican desde el PSN. Ayer, el portavoz parlamentario de UPN, Carlos Garc¨ªa Adanero, sostuvo que este es "un tema competencial y lo normal es que el Parlamento estuviera con el Gobierno en cuanto a no dejar que se pueda legislar en Madrid lo que corresponde a Navarra".

Desde que el lunes pasado se conoci¨® la intenci¨®n del Gobierno aut¨®nomo de interponer recurso, el aborto fue sin duda el gran protagonista de la semana pol¨ªtica en Navarra. Un acuerdo que ahora debe contar con el visto bueno del Consejo de Navarra, al que el Ejecutivo ha solicitado un estudio jur¨ªdico. En su defensa, Miguel Sanz apela, adem¨¢s de a la invasi¨®n de competencias, a la "coherencia pol¨ªtica e ideol¨®gica" de su partido: "Recurrimos al alto tribunal para defender nuestras ideas y el derecho del no nacido", recalca.

La iniciativa del Gobierno ha contado con el apoyo del PP, mientras que desde el CDN (hasta hace unos meses socio de Gobierno de UPN y con dos parlamentarios) afirman que la ley del aborto no les gusta, pero consideran "precipitado" el anuncio del Gobierno de recurrirla. "Nosotros hemos sido cautos, estamos a la espera del informe del Consejo de Navarra y si se?ala que hay razones para presentar un recurso de inconstitucionalidad CDN lo apoyar¨¢", afirm¨® su presidente, Jos¨¦ Andr¨¦s Burguete.

En contra se han mostrado claramente Nafarroa Bai e IU, que junto con el PSN suman la mayor¨ªa del Parlamento foral (26 de los 50 votos). Ambos partidos pidieron adem¨¢s la dimisi¨®n de la consejera de Salud y la reprobaci¨®n del Ejecutivo. Sin embargo, y a pesar de ser conscientes de que la modificaci¨®n de la ley se aprobar¨¢ en el Parlamento, IU lamenta que el Gobierno "tendr¨¢ instrumentos para no aplicarla". De hecho, as¨ª lo advirti¨® Miguel Sanz: "La capacidad de regulaci¨®n y organizaci¨®n de los servicios sanitarios de Navarra la tiene atribuida su Gobierno, no el Parlamento", afirm¨®.