Sanxenxo inicia la demolici¨®n de un edificio tras 26 a?os de litigio

Despu¨¦s de 26 a?os de litigio, los habitantes del edificio Boavista de Sanxenxo, en primera l¨ªnea del paseo Baltar, fueron desalojados ayer sin altercados para proceder al derribo del inmueble. El edificio, con 24 apartamentos de alquiler, s¨®lo ten¨ªa licencia para dos viviendas unifamiliares de dos plantas. En su lugar, se construy¨® uno de siete alturas.

La presencia de agentes de la Guardia Civil, bomberos, Polic¨ªa Local y el n¨²cleo duro del gobierno municipal con la alcaldesa Catalina Gonz¨¢lez al frente no intimidaron a la titular del inmueble, Irene D¨ªaz, que en cuanto se le notific¨® la orden de desalojo puso rumbo al juzgado de Cambados monedero en mano para interponer una denuncia por allanamiento de morada. Al regresar, se encontr¨® con su casa vallada y cuando intent¨® entrar "no le dejaron coger ni el cepillo de dientes", seg¨²n su abogado Carlos Corredoira, que defini¨® la situaci¨®n como "abusiva y propia de estados fascistas". Otras cinco denuncias se presentaron a lo largo de la jornada por los propios inquilinos que no fueron notificados de la actuaci¨®n.

La polic¨ªa desaloja a ocho personas y precinta el inmueble para tirarlo

Fue ¨¦ste uno m¨¢s, no el ¨²ltimo, de los "50.000 recursos", dec¨ªa la regidora, que han conseguido dilatar en el tiempo un derribo ordenado en 1996 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esta misma ma?ana el letrado ten¨ªa previsto presentar nuevos escritos ante el TSXG al amparo de la Ley de Protecci¨®n de Derechos Fundamentales, argumentando que el ayuntamiento carec¨ªa de autorizaci¨®n de entrada -s¨ª de desalojo y derribo- y que el proyecto de demolici¨®n municipal visado en 2009 no se corresponde con el autorizado por el alto tribunal, del a?o 2006. La diferencia entre uno y otro radica en el volumen afectado y el coste tambi¨¦n mayor del derribo, que pasa de los 94.000 euros iniciales a los 140.000 que habr¨¢ de sufragar la propietaria, visiblemente afectada. Su marido sal¨ªa ayer esposado del inmueble -fue puesto en libertad poco despu¨¦s sin pasar siquiera a disposici¨®n judicial- porque "no quer¨ªa salir por su propia voluntad, estaba en la cama y no se quer¨ªa levantar", explic¨® la alcaldesa.

Adem¨¢s del matrimonio y su hijo, tambi¨¦n se encontraban en el interior otras 5 personas (dos se?ores y una pareja de origen sudamericano con un ni?o) que viv¨ªan en r¨¦gimen de alquiler y que salieron cargando colchones y maletas ante los numerosos medios de comunicaci¨®n y la expectaci¨®n vecinal. Los inquilinos, en contra de lo afirmado por el abogado, aseguraron haber sido enga?ados por los due?os a los que el d¨ªa anterior preguntaron si ten¨ªan que marcharse, seg¨²n Catalina Gonz¨¢lez. "Les dijeron que no, que no iba a pasar nada, utiliz¨¢ndolos como pretexto para que no se pudiera entrar y desalojar", asegura la regidora. Y es que los residentes, as¨ª lo confirm¨® Corredoira, "no fueron parte en este procedimiento y no se les notific¨® nada" pese a que as¨ª lo establec¨ªa el auto del TSXG. La titular, Irene D¨ªaz, apenas acertaba a decir: "Si me cierran la casa, ?d¨®nde voy a ir?".

El letrado manifest¨® que sus "clientes no est¨¢n en contra de la demolici¨®n, quieren que se haga conforme al proyecto aprobado en 2005 [que autoriz¨® la corporaci¨®n encabezada entonces por Telmo Mart¨ªn y suscrito por la hoy directora de Urbanismo, Encarnaci¨®n Rivas] no por el que aprob¨® el Ayuntamiento sin dar audiencia a la propietaria" y que deja en pie tan solo 719 metros cuadrados frente a los 1.019,21 que se contemplaban anteriormente.

Las obras, pol¨¦micas ya en su d¨ªa e interrumpidas en varias ocasiones, comenzaron en 1984, en tiempos del alcalde Ram¨®n Guisasola. Despu¨¦s llegar¨ªan Elisardo Balboa, Jos¨¦ Antonio Nieto y el entonces socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez -presente ayer en Baltar- y precisamente quien inici¨® el expediente en el a?o 94. La obra pudo ser legalizada si los propietarios hubieran querido, record¨® la alcaldesa, e incluso "podr¨ªa ser objeto de amnist¨ªa" por tener m¨¢s de 10 a?os de antig¨¹edad y estar a¨²n en pie, lamentaba el abogado. Tras el derribo s¨®lo se mantendr¨¢ el s¨®tano, entreplanta y piso. Corredoira advierte de que el Ayuntamiento tendr¨¢ que rendir cuentas en los juzgados.