Tomemos en serio al TC... y a la Constituci¨®n

Nuestro Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, pero es un ¨®rgano jurisdiccional: resuelve conflictos en Derecho mediante la interpretaci¨®n de la Constituci¨®n, de la que act¨²a no como ¨²nico sino como supremo int¨¦rprete.

A partir de ah¨ª, es imposible exagerar la relevancia estrat¨¦gica del Tribunal Constitucional en la preservaci¨®n de nuestra convivencia, de su vigor normativo y de su capacidad de integrar el pluralismo de Espa?a y el dinamismo que le abre cauces de futuro.

Por eso mismo es tambi¨¦n imposible subestimar la importancia del prestigio del ¨®rgano y de sus miembros para la confiabilidad de nuestras reglas de juego. Durante 30 a?os, el Estado auton¨®mico se ha venido construyendo a lomos de sus sentencias. No es extra?o que el deterioro de la credibilidad de este ¨®rgano amenace seriamente su funci¨®n integradora.

El PP bloquea la renovaci¨®n del TC para decantar a su favor la sentencia del Estatut

Esta pendiente tiene riesgos incalculables para la credibilidad del Constitucional

A lo largo de este tiempo, la reputaci¨®n del Tribunal Constitucional ha estado expuesta a varios riesgos, entre los que se ha subrayado la hipertrofia del amparo y su judicializaci¨®n (con la traslaci¨®n al Tribunal Constitucional de las mismas inercias, sesgos, dilaciones e ineficiencias de la Justicia ordinaria).

Para explicarlo, los especialistas han aducido factores org¨¢nicos (la p¨¦rdida de adecuaci¨®n de sus medios ante una carga creciente) y otros estructurales (sus fricciones cada vez menos soterradas con otros ¨®rganos, notablemente el Tribunal Supremo). Pero hay tambi¨¦n causas pol¨ªticas.

Destaco aqu¨ª la insensata t¨¢ctica de asalto partidista al Constitucional, exacerbada en estos a?os por una operaci¨®n orquestada desde parte de la derecha para deslegitimar la producci¨®n legislativa del Gobierno socialista, en especial contra aqu¨¦lla de mayor calado reformista.

El jal¨®n m¨¢s significativo del desencadenamiento de esta sumisi¨®n del Tribunal Constitucional a tan miope tacticismo arranca en la torticera recusaci¨®n interpuesta por el PP en el asunto Estatut de Catalu?a, no s¨®lo contra P¨¦rez Tremps (sobre la rechazable alegaci¨®n de un trabajo doctrinal muy anterior, en el marco de una obra cient¨ªfica cuya solidez le aval¨® para el cargo) sino contra la propia presidenta del ¨®rgano, Maria Emilia Casas (sobre la ominosa alegaci¨®n de un estudio del que no era ella la autora, sino su marido, jurista tambi¨¦n de prestigio).

Desde entonces hemos asistido a una deriva catastr¨®fica que duele y preocupa, no s¨®lo a los profesores de Derecho Constitucional, sino a cuantos ciudadanos estamos identificados con sus valores profundos y sabemos que ¨¦stos no se sostienen por s¨ª solos. Por el contrario, requieren, por su fragilidad, de uncompromiso c¨ªvico intensivo e incesante.

Han trascurrido cuatro a?os desde la aprobaci¨®n del Estatut, y eludo aqu¨ª argumentar sobre el fondo o sobre la problem¨¢tica derivada de recurrir en Catalu?a lo que no ha sido impugnado ni en Andaluc¨ªa ni en la Comunidad Valenciana. Me centro -por su gravedad- en la inaceptable imposici¨®n de una inconfesada mutaci¨®n constitucional, en contra de la din¨¢mica reglada por la propia Constituci¨®n para renovar el ¨®rgano por tercios cada cuatro a?os, sirviendo al saludable objetivo de impedir que la composici¨®n del Constitucional responda en cada momento a las mayor¨ªas pol¨ªticas decantadas en las urnas.

En contra de este mandato, el Partido Popular ha conseguido imponer su obstaculizaci¨®n de la inteligente pauta de renovaci¨®n que ordena y quiere la Constituci¨®n. Su estrategia, cada vez m¨¢s transparente de puro desfachatada, comporta bloquear el ¨®rgano para apuntalar como sea una cuasi petrificada correlaci¨®n de fuerzas dentro del Tribunal, cuyo objetivo ser¨¢ decantar la sentencia del Estatut conforme a sus intereses.

Yendo todav¨ªa m¨¢s lejos, el Partido Popular parece haberse ya determinado a impedir toda renovaci¨®n hasta que se cumpla su c¨¢lculo de una mayor¨ªa de derecha en el Congreso y el Senado, tras esa hipot¨¦tica victoria en 2012 que las urnas les negaron en 2004 y en 2008. Si ese designio se cumpliese y, como quiere el PP, la renovaci¨®n s¨®lo fuese posible despu¨¦s de que los espa?oles "se rindan" de una vez por todas y reconozcan que "se equivocaron" al apoyar en su d¨ªa mayor¨ªas progresistas, la pr¨®xima renovaci¨®n incluir¨ªa por nueve a?os nada menos que a una abrumadora mayor¨ªa del total de 12 magistrados (los cuatro cuyo mandato ha vencido, los cuatro cuyo mandato vencer¨¢ en 2010, y el relevo del fallecido). Entre ellos, los cuatro del Senado, c¨¢mara en la que no s¨®lo el juego de mayor¨ªas y minor¨ªas es menos proporcional que en el Congreso, sino en la que, adem¨¢s, hemos visto c¨®mo el Partido Popular ha desnaturalizado el cauce establecido por la Ley para posibilitar las propuestas auton¨®micas, ordenando a sus parlamentarios en todas las Comunidades Aut¨®nomas que voten a una misma candidatura sin conexi¨®n ninguna ni con los territorios ni con el principio auton¨®mico que se trataba de integrar con el dispositivo previsto.

La consecuencia pr¨¢ctica est¨¢ al alcance de cualquiera: de acuerdo con los c¨¢lculos del PP, una mayor¨ªa netamente conservadora tendr¨ªa garantizada nueve a?os por delante, ajena a la pauta reglada de renovaci¨®n pautada, equilibrada y por tercios que cada cuatro a?os quiere la Constituci¨®n para asegurar, justamente, la imposibilidad de un Tribunal Constitucional cuya composici¨®n coincida y se subordine sin m¨¢s a la mayor¨ªa electoral reflejada en ambas C¨¢maras y, por tanto, en el Gobierno.

De ese horizonte dependen, como es evidente, los enjuiciamientos a¨²n pendientes sobre las leyes reformistas en materia de igualdad, derechos civiles y sociales de la anterior legislatura. Semejante escenario nada tiene que ver con el del modelo de Tribunal Constitucional que propugna la Constituci¨®n, la misma con la que se llenan la boca muchos de los que nunca acaban de cre¨¦rsela de veras.

Es mucho lo que est¨¢ en juego. Cuantos tomamos en serio la Constituci¨®n estamos todav¨ªa a tiempo de rescatar al Tribunal Constitucional de una pendiente cuyos riesgos para su autoridad y credibilidad exceden lo que hoy podamos acertar a calcular.

Juan Fernando L¨®pez Aguilar es catedr¨¢tico de Derecho Constitucional y presidente de la delegaci¨®n socialista espa?ola en el Parlamento Europeo.