Todo el Gobierno de Camps ama?¨® contratos con la trama de corrupci¨®n
Un informe pericial revela contrataciones fraccionadas o concursos manipulados
El Gobierno que preside Francisco Camps, del PP, contrat¨® de forma generalizada con la trama de corrupci¨®n que encabezaba Francisco Correa, tal como revela un informe de la Unidad de Auxilio Judicial al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el caso G¨¹rtel. El informe, del pasado 16 de abril, fue la bomba que ayer revel¨® el portavoz socialista en las Cortes valencianas, ?ngel Luna, en plena sesi¨®n de control a Camps.
"Incumpli¨® la ley en m¨¢s de 50 ocasiones", le recrimin¨® Luna al presidente valenciano, que se neg¨® a pedir disculpas por la trama de corrupci¨®n y dijo, en relaci¨®n con la decisi¨®n que el 12 de mayo tiene previsto adoptar el Tribunal Supremo sobre el caso de los trajes que le regal¨® la red G¨¹rtel: "Conf¨ªo en la justicia y la verdad, por eso estoy tranquilo".
El informe pericial aporta datos demoledores. Entre 2004 y 2009, el Ejecutivo valenciano adjudic¨® al menos 85 contratos con nueve empresas de la trama de corrupci¨®n, la principal de ellas la sociedad Orange Market, que dirig¨ªa ?lvaro P¨¦rez, cabeza visible de la red en Valencia. S¨®lo nueve de esos contratos se hicieron por concurso y, aun as¨ª, en varios casos se trat¨® de concursos ficticios o con irregularidades. La propia Presidencia de la Generalitat, la Vicepresidencia, siete consejer¨ªas (Justicia, Territorio y Vivienda, Infraestructuras y Transporte, Turismo, Cultura y Educaci¨®n, Bienestar Social y Sanidad), y ocho organismos y empresas p¨²blicas contrataron con la trama por una cantidad global de 7,2 millones.
El fraccionamiento de contratos para adjudicarlos a dedo y evitar el concurso fue la pr¨¢ctica m¨¢s habitual en un cat¨¢logo de irregularidades que incluye la adjudicaci¨®n directa de contratos por encima de 12.000 euros, que proh¨ªbe la ley, la vulneraci¨®n del principio de concurrencia al solicitar ofertas a empresas de la misma trama, la duplicidad en el pago de servicios, el pago por trabajos no realizados y la adjudicaci¨®n a empresas sin solvencia t¨¦cnica.
La Abogac¨ªa de la Generalitat emiti¨® anoche una nota en la que defiende que todos los contratos se ajustan a la legalidad y califica de "desproporcionadas, infundadas, y en alg¨²n caso falsas", las conclusiones de la Unidad de Auxilio Judicial, que integra a expertos de la Intervenci¨®n del Estado, de la Agencia Tributaria y del Banco de Espa?a, entre otros.
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