Un problema de Espa?a

Que nadie se enga?e: la situaci¨®n del Estatuto de Autonom¨ªa de Catalu?a, pendiente de una sentencia que resuelva el recurso presentado en su contra por el Partido Popular y el Defensor del Pueblo, entre otros, no afecta s¨®lo a Catalu?a y a los catalanes, sino que afecta al conjunto de Espa?a y a los espa?oles.

Es una irresponsabilidad minimizar, como est¨¢ haciendo el Gobierno del Estado, los efectos de una sentencia negativa, dictada por un tribunal con un grav¨ªsimo d¨¦ficit de legitimidad. El ¨²ltimo intento de dictar una sentencia confirma todos los temores. Adem¨¢s de los incidentes acumulados estos a?os: recusaciones, filtraciones y mandatos caducados, asistimos a un proceso de deliberaci¨®n y acuerdo m¨¢s propio de una c¨¢mara parlamentaria que de un tribunal, con sus bloques pol¨ªticamente dependientes, que intentan pactar una sentencia como si de un proyecto de ley se tratara.

Lo prudente ser¨ªa que el TC renunciara a sentenciar el Estatuto y abordara su propia renovaci¨®n

?Catalu?a, tal como la entiende la mayor¨ªa de su gente, no cabe en la Constituci¨®n?

El Tribunal Constitucional no puede dictar una sentencia pol¨ªtica, no puede rehacer el pacto suscrito por el Parlament y las Cortes, s¨®lo le corresponde dictaminar si el Estatuto est¨¢ dentro de los l¨ªmites de una Constituci¨®n que es abierta y flexible. Un m¨ªnimo sentido de la prudencia aconseja que, dadas las circunstancias, el Tribunal renuncie en estos momentos a dictar sentencia y se realice la pendiente renovaci¨®n de sus componentes.

El mensaje para la sociedad catalana, de confirmarse las hip¨®tesis m¨¢s negativas, ser¨ªa claro: las aspiraciones de m¨¢s autogobierno y m¨¢s reconocimiento nacional de Catalu?a no tendr¨ªan cabida en el actual marco constitucional. Catalu?a tal y como la viven y la sienten la mayor¨ªa de la ciudadan¨ªa no tendr¨ªa encaje en la Constituci¨®n. El resultado ser¨ªa el de una grave crisis constitucional. Quiz¨¢s su efecto no fuera inmediato, pero s¨ª irreversible. La Constituci¨®n de 1978, que permite, hasta ahora, opciones pol¨ªticas diversas en el desarrollo del Estado de las autonom¨ªas, dejar¨ªa de ser el marco para el desarrollo pol¨ªtico de la voluntad de autogobierno de Catalu?a. Otras opciones se abrir¨ªan paso, desde el pacto federal a la independencia, pero con el denominador com¨²n de dar por superada la Constituci¨®n.

Una sentencia negativa significar¨ªa un ataque a la dignidad de Catalu?a, que no podr¨ªa ser metabolizada por la sociedad catalana como una eventualidad m¨¢s de cualquier proceso pol¨ªtico complejo, sino como una clara voluntad de reducir el autogobierno y de frustrar cualquier avance en el reconocimiento de nuestra identidad, despu¨¦s de haber seguido un proceso constitucionalmente escrupuloso.

Es cierto que a¨²n no se cono

-ce la sentencia, pero por las filtraciones de prensa que se han producido, la sentencia te¨®ricamente positiva o "progresista" era claramente contraria a aspectos fundamentales para Catalu?a como la lengua o las competencias y, por tanto, inaceptable.

En este momento, despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional haya fracasado en un nuevo intento de dictar sentencia, es necesario recordar qu¨¦ pretend¨ªamos cuando impulsamos la elaboraci¨®n del nuevo Estatuto, cu¨¢l es el balance de su desarrollo y qu¨¦ hacer en esta dif¨ªcil situaci¨®n.

La aprobaci¨®n del Estatuto ten¨ªa tres grandes objetivos: incrementar el autogobierno, con m¨¢s poder pol¨ªtico y econ¨®mico para Catalu?a; mejorar el encaje de Catalu?a en el Estado a partir de un mayor reconocimiento de nuestra identidad; y contribuir a la mejora del Estado auton¨®mico, a su proceso de federalizaci¨®n, ampliando los mecanismos de colaboraci¨®n, bilateral y multilateral, y la participaci¨®n de Catalu?a en los organismos y las decisiones del Estado que le afectan.

No hace falta recordar que el proceso de aprobaci¨®n del Estatuto fue dram¨¢tico, con un hostigamiento constante por parte del PP, con recogida de firmas contra su tramitaci¨®n y con el recurso ante el Tribunal Constitucional como colof¨®n. El PP ha actuado como partido no ya centralista, sino claramente nacionalista espa?ol, situando Catalu?a y sus aspiraciones como principal adversario. La prueba m¨¢s evidente es que el PP no ha tenido ning¨²n escr¨²pulo en aprobar estatutos con art¨ªculos id¨¦nticos o casi id¨¦nticos a los que ha recurrido del Estatuto catal¨¢n ante el Tribunal Constitucional.

Cabe preguntar al PP qu¨¦ es lo que se ha roto en estos m¨¢s de tres a?os, con la aplicaci¨®n del principio de bilateralidad o el nuevo modelo de financiaci¨®n, el incremento de las inversiones en infraestructuras, el traspaso de la inspecci¨®n de trabajo, el servicio ferroviario de cercan¨ªas o la aprobaci¨®n de m¨¢s de 40 leyes por parte del Parlamento de Catalu?a. La respuesta es clara: nada. El Estatuto se ha desarrollado con normalidad. Es m¨¢s, se han aprobado una nueva generaci¨®n de estatutos que en gran medida siguen el camino del Estatuto catal¨¢n.

Lo ¨²nico que el PP est¨¢ resquebrajando con su recurso contra el Estatuto, con la manipulaci¨®n e instrumentalizaci¨®n del Tribunal Constitucional y su hostilidad es la paciencia de la sociedad catalana y la propia legitimidad del alto tribunal.

El Estatuto se est¨¢ desplegando con normalidad y a buen ritmo, especialmente en aquello que depende en exclusiva del Gobierno y del Parlamento de Catalu?a. El balance ya no es tan positivo si se analiza el desarrollo que depende del Gobierno del Estado. Est¨¢n pendientes de desarrollo leyes tan importantes como la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial o la reforma de la normativa de diversos organismos del Estado para garantizar la participaci¨®n de la Generalitat y de otras comunidades aut¨®nomas en los mismos. Sin duda, se han producido avances fundamentales, como el nuevo modelo de financiaci¨®n, pero despu¨¦s de largos y desgastantes procesos negociadores. Esto es consecuencia, en buena medida, de la falta de una clara hoja de ruta por parte del Gobierno. El PSOE carece de un objetivo de llegada del modelo auton¨®mico, de un proyecto claramente federalista que asuma la Espa?a plural, sin complejos, ante la derecha.

Ante esta situaci¨®n dif¨ªcil, con la espada de Damocles de la sentencia encima del Estatuto, es necesario preguntarse c¨®mo actuar y qu¨¦ hacer. En mi opini¨®n, debemos actuar con las siguientes premisas: unidad y firmeza para defender el Estatuto y voluntad pol¨ªtica para superar la crisis institucional en la que se encuentra el Tribunal Constitucional.

Unidad de los partidos pol¨ªticos y de la sociedad catalana en la defensa del autogobierno. La divisi¨®n, como tuvimos ocasi¨®n de comprobar en el proceso de aprobaci¨®n del Estatuto, es nuestra principal debilidad. Es un error desear una sentencia negativa para avanzar en otro tipo de proyectos, el cuanto peor mejor nunca ha tra¨ªdo nada positivo y, hoy por hoy, el Estatuto es el marco real para hacer avanzar el autogobierno. Y es necesaria voluntad pol¨ªtica, del PSOE y especialmente del PP, para renovar el Tribunal Constitucional y realizar los cambios legislativos necesarios para que esta situaci¨®n no pueda volver a repetirse, para garantizar la renovaci¨®n autom¨¢tica de los miembros del tribunal y evitar que los estatutos sean sometidos a control de constitucionalidad.

Y es que ¨¦ste no es un problema catal¨¢n. Como siempre, como ha sucedido a lo largo de la historia, los problemas catalanes son problemas de la configuraci¨®n del Estado, son problemas espa?oles.

Joan Saura es consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participaci¨®n de la Generalitat catalana y presidente de ICV.