Dependencia en crisis

El desarrollo de la Ley de Dependencia (cuidado generalizado de los mayores con discapacidades) se ha cruzado con una crisis econ¨®mica profunda que ha dejado sin empleo al 20% de la poblaci¨®n activa y ha vaciado las arcas del Estado.

La ley, que fue discutida y aprobada en plena bonanza econ¨®mica hace cuatro a?os, genera un nuevo derecho que, por in¨¦dito, no tendr¨ªa el car¨¢cter irrenunciable de los otros tres pilares del Estado de bienestar: la educaci¨®n, la sanidad y las pensiones. Sin embargo, renunciar al desarrollo de la ley o frenarla a medio camino no deber¨ªa ser una opci¨®n, y menos una decisi¨®n unilateral de algunas autonom¨ªas. Precisamente porque en su esencia est¨¢ el convertir un hueco evidente del mercado laboral como es el de asistencia a los mayores y otras personas dependientes en un foco de creaci¨®n de empleos.

En contra de ese criterio, sin embargo, ya se han levantado algunas voces reclamando una revisi¨®n de los planes y algunas comunidades aut¨®nomas (en cuyas manos est¨¢ la gesti¨®n de la ley y el 50% de su financiaci¨®n) est¨¢n frenando su puesta en marcha por la v¨ªa de los hechos. Entre ellas, varias gobernadas por el PP (Murcia, Valencia, Madrid), pero tambi¨¦n presididas por partidos nacionalistas (Canarias) o el PSOE (Baleares).

Es evidente que seguir adelante con la Ley de Dependencia genera a corto plazo una ecuaci¨®n dif¨ªcil de resolver, salvo que se aumenten inmediatamente los ingresos por la v¨ªa de los impuestos o por el ahorro en el gasto. En este sentido, el pacto sanitario para racionalizar el gasto y un plan de ajuste m¨¢s ambicioso que el aprobado el viernes por el Gobierno ser¨ªan los caminos a seguir. En tiempos de crisis no se entender¨ªa que los poderes p¨²blicos acometieran recortes desprotegiendo a los que m¨¢s lo necesitan y arrebat¨¢ndoles una ayuda que, por otra parte, no supone un desembolso insuperable. S¨®lo la recaudaci¨®n del impuesto de patrimonio, que el Ejecutivo suprimi¨®, ser¨ªa suficiente para afrontar la factura a medio plazo.

El hecho de que 500.000 dependientes hayan logrado ya el apoyo estatal es un gran paso adelante. No es, sin embargo, un peque?o pago destinado a los familiares-cuidadores de los ancianos lo que resuelve el problema y nos acerca a los sistemas sociales de nuestros socios europeos. Tambi¨¦n aqu¨ª, la crisis y las carencias hist¨®ricas de nuestros servicios sociales est¨¢n desvirtuando el objetivo fundamental de la ley. Espa?a necesita m¨¢s plazas de residencias asistidas, hacer nuevas inversiones para conseguir una red asistencial adecuada y m¨¢s cuidadores profesionales que verdaderamente liberen de su carga a los familiares. S¨®lo as¨ª se podr¨¢ ir perfeccionando el sistema y se lograr¨¢ que la ley produzca el empleo previsto (ahora supone la tercera parte de esos 262.000 nuevos puestos de trabajo que se esperaban) y el consecuente retorno econ¨®mico a las arcas estatales.