No s¨®lo falta dinero para dependencia, falta control

La Ley de Dependencia, aprobada en noviembre de 2006 con un amplio consenso, -s¨®lo CiU, EA y PNV votaron en contra- se vendi¨® pol¨ªticamente desde dos ¨¢ngulos: por un lado, iba a configurar el cuarto pilar del Estado de bienestar, consagrando un nuevo derecho para todos los ciudadanos: la ayuda p¨²blica en caso de dependencia, tan reclamable en los tribunales como cualquiera de los otros pilares (la educaci¨®n, la sanidad y las pensiones).

Por otro lado, se calcul¨® que volver¨ªan a las arcas p¨²blicas unos 2.000 millones de euros anuales gracias a los retornos que proporcionar¨ªan la creaci¨®n de empleo, motor del consumo, y la repercusi¨®n de impuestos como el IVA. El libro blanco previ¨® la creaci¨®n de m¨¢s de 260.000 empleos directos en 2010 y se calcul¨® entonces que unas 115.000 personas podr¨ªan dejar los cuidados que prestaban a sus familiares en casa, mujeres en su mayor¨ªa, y salir al mercado laboral. Y una cifra parecida de inmigrantes, sobre todo, har¨ªa aflorar sus empleos. Nada se ha cumplido en su totalidad.

Se desconoce qu¨¦ recursos destinan las comunidades en exclusiva para la ley

La paga para el cuidador familiar se ha disparado al 57% y no genera empleo

Los repletos fondos del Estado en 2006 est¨¢n ahora exhaustos, pero entonces, del fantasma de la crisis no se o¨ªa ni un arrastre de cadenas; la ley pod¨ªa ser ambiciosa, tanto en el colectivo de personas a atender como en el tiempo r¨¦cord en que miles de ancianos disfrutar¨ªan del servicio que quisieran elegir. Las expectativas han generado una amplia frustraci¨®n social.

El sistema de la dependencia, con apenas tres a?os de vida y un desarrollo bien desigual por comunidades aut¨®nomas -una cuesti¨®n de voluntad pol¨ªtica en algunos casos, como demuestran las cifras oficiales- apenas est¨¢ despegando y ya hay quien plantea que hay que frenar y tomar aire: el presidente de Galicia, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, piensa que los dependientes moderados, que deben entrar en 2011 al sistema, pueden esperar.

Este debate se ha escuchado en comunidades de distinto signo pol¨ªtico, a pesar de que el Ministerio de Sanidad y Pol¨ªtica Social ha contestado siempre que el calendario se cumplir¨¢. Pero la financiaci¨®n que recibe sigue siendo la gran cuestionada, por insuficiente, dicen unos, y/o por incorrecta, seg¨²n otros. De ella depende la sostenibilidad del sistema.

Para hablar de financiaci¨®n hay que advertir antes que en el caso de la dependencia, de los asuntos sociales en general, las estad¨ªsticas espa?olas son tan pobres que apenas dan para un diagn¨®stico preciso. Y el lastre de todos los an¨¢lisis sobre financiaci¨®n es la opacidad de las comunidades sobre los fondos empleados exclusivamente para la dependencia en estos a?os, obligadas como est¨¢n a cofinanciar la ley. Hay numerosos estudios universitarios que acusan esta carencia. Y alguno del propio Gobierno. Cristina Herrero y Andr¨¦s de la Fuente, del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, hicieron un informe el a?o pasado sobre el impacto de la ley en los presupuestos auton¨®micos que empezaba advirtiendo sobre ello: "La estructura presupuestaria no permite la cuantificaci¨®n exacta del gasto de las comunidades en esta materia". En este informe se calcula que de 2006 a 2009 la suma del gasto auton¨®mico no financiero en las partidas de personas mayores y con discapacidad se ha incrementado en 2.518 millones [ver gr¨¢fico]. Se puede deducir que es presupuesto para dependencia, aunque no son m¨¢s que previsiones presupuestarias. S¨®lo el ahorro en gasto farmac¨¦utico acordado recientemente en Sanidad supondr¨¢ 1.500 millones de euros.

?Es sostenible esta ley? En el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda callan.

El gasto en dependencia est¨¢ alrededor del 0,4% del PIB, y cuando est¨¦ completado este sistema, en 2015, ser¨¢n unos 12.000 millones de euros, alrededor del 1% del PIB. Mientras que el gasto educativo, por poner un ejemplo, es un 4,9%. ?Se puede recortar en dependencia? ?Y cuestionar la sostenibilidad de un sistema que a¨²n no est¨¢ ni implantado? Hay opiniones diversas.

"La dependencia no pone en cuesti¨®n el Estado de bienestar, la ley debe ser sostenible, pero hay que buscar financiaci¨®n", comienza Jos¨¦ S¨¢nchez Maldonado, catedr¨¢tico de Hacienda P¨²blica de la Universidad de M¨¢laga. "Esto es asumible, pero se necesita voluntad pol¨ªtica. Cuando remontemos la crisis todo ir¨¢ cambiando", a?ade.

Maldonado, que ha elaborado un informe sobre las cifras econ¨®micas de la dependencia, propone una v¨ªa de financiaci¨®n complementaria que est¨¢ en boca de muchos: el impuesto sobre el patrimonio. "Ha sido un error quitar ese impuesto, por el que se recaudaban casi 3.000 millones de euros al a?o". Y cree que es factible a corto plazo elevar la presi¨®n fiscal, a¨²n muy por debajo de la de algunos pa¨ªses europeos. "Tanto por el IRPF como mediante el IVA, tenemos margen para subir los impuestos. Tambi¨¦n los especiales. Hay que esperar un poco a que se recupere el consumo. En dependencia no se debe hablar de hacer un uso racional para ahorrar", dice Maldonado.

Guillem L¨®pez Casasnovas, catedr¨¢tico de Econom¨ªa de la Universidad Pompeu Fabra, ha sido uno de los autores del estudio econ¨®mico sobre dependencia que encarg¨® el Congreso, en el que se afirmaba que la ley no ser¨ªa sostenible si no se modificaba su financiaci¨®n. "Esta norma, que se redact¨® en ¨¦poca de bonanza econ¨®mica, ha tratado de emular sistemas europeos que ya est¨¢n cambiando, como el brit¨¢nico, que ya abandona el sistema de prestaci¨®n por el de aseguramiento", dice. Se trata de que a los dependientes se les d¨¦ un recurso econ¨®mico y ellos puedan elegir y combinar los servicios que precisen y elijan; les llaman presupuestos personales. "Otros, como Holanda o Jap¨®n, pueden combinar servicios y ayudas econ¨®micas".

L¨®pez Casasnovas se decanta por el ahorro privado, a modo de seguro. "Y que sean permeables los fondos de pensiones por los fondos de dependencia", a?ade. "Habr¨ªa que incentivar el ahorro espec¨ªfico unos cinco a?os antes de la jubilaci¨®n, por ejemplo. Por esa v¨ªa se completar¨ªa la aportaci¨®n del usuario al sistema", explica. La ley se cofinancia entre el Gobierno y las comunidades, pero se estableci¨® un sistema de copago, para que el usuario costee una parte del servicio que recibe. En un primer momento se calcul¨® que Gobierno, comunidades y usuarios se dividir¨ªan por igual el coste, pero, en la pr¨¢ctica, los dependientes no est¨¢n aportando de media ese tercio previsto. L¨®pez Casasnovas cree que es injusto que los usuarios paguen en funci¨®n de su patrimonio porque "el que ha ahorrado y generado un patrimonio tiene que pagar m¨¢s, y el que ha dilapidado paga menos. Eso es injusto", repite.

?Todos los ciudadanos pueden ahorrar?

Julia Montserrat Codorniu, profesora de Pol¨ªtica Social de la Universidad de Girona, responde a esa cuesti¨®n: "El ahorro privado s¨®lo beneficia al que puede hacerlo. Los de clase baja no podr¨¢n, y las rentas medias no lo har¨ªan, porque primero hay que comprar la casa, el coche... El ahorro privado es un lujo. El que pueda hacerlo, bienvenido, porque tendr¨¢ prestaciones adicionales", dice.

Pero para que el sistema cubra a todos con justicia, Codorniu propone un "ahorro colectivo a trav¨¦s de la Seguridad Social, p¨²blico y obligatorio. S¨ª, una cotizaci¨®n social para la dependencia", dice. Tampoco entiende "esa moda de bajar los impuestos", ni "la ocurrencia de aprobar una ley que significar¨¢ alrededor del 1% del PIB y eliminar el impuesto sobre el patrimonio, que tan bien vendr¨ªa ahora". Pero cree que esta ley tiene un peligro espec¨ªfico, que es "la voluntad pol¨ªtica para implantarla y las prioridades para gestionar el dinero p¨²blico".

Codorniu ha estudiado a fondo el copago de los ciudadanos y cree que ese sistema est¨¢ "castigando especialmente a las rentas medias, mientras que las m¨¢s altas salen beneficiadas, porque hay un tope a la aportaci¨®n del ciudadano por esta v¨ªa". Una vez se llega a ese tope, los m¨¢s ricos salen ganando porque se pierde la progresividad. Tambi¨¦n critica que las comunidades m¨¢s pobres tienen que aportar lo que sus ciudadanos no pueden poner, mientras que las ricas se benefician m¨¢s del esfuerzo econ¨®mico que hace el usuario, de rentas m¨¢s altas. "Adem¨¢s, el 80% de los atendidos por esta ley son ancianos, por tanto, hablamos de pensiones peque?as. El copago, como media, apenas alcanza el 15% del coste del sistema; el resto, hasta el 33% previsto, lo est¨¢n poniendo las comunidades". Un 51% del total mientras que el Gobierno aportar¨ªa el 33% de media, seg¨²n estos c¨¢lculos.

En el PP elevan esta cifra al 70%, y de ah¨ª parten sus reivindicaciones de una financiaci¨®n m¨¢s abundante desde el Gobierno. La diputada Lourdes M¨¦ndez opina que "la ley no es sostenible tal y como se est¨¢ financiando. No es suficiente lo que aporta el Gobierno ni est¨¢ garantizado en el tiempo. Si el a?o pasado el Gobierno presupuest¨® 2.050 millones y hab¨ªa unas 500.000 personas atendidas, este a?o hay m¨¢s con derecho a ayuda y se han presupuestado 1.671 millones. Las cuentas no pueden salir", dice.

Pero cuentas se han hecho muchas. La Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales redact¨® su propio informe y calcul¨® comunidad a comunidad cu¨¢nto hab¨ªa puesto el Gobierno y cu¨¢nto los ciudadanos. El resto era lo aportado por las autonom¨ªas. El resultado de sus c¨¢lculos no difiere de otros estudios que se han efectuado despu¨¦s, incluido el del Ministerio de Hacienda. Y en ellos se ve que algunas comunidades no tienen muchas razones para la queja porque el presupuesto que les llegaba del Gobierno les daba para pagar a todos los dependientes atendidos y a¨²n ahorraban. Canarias era el caso m¨¢s rotundo.

Por datos como estos, o lo que representa la dependencia en el PIB, Luis Barriga, miembro de la asociaci¨®n de directoras y gerentes, afirma: "La dependencia es un sistema sostenible, m¨¢s que sostenible, estrat¨¦gico como un sector que debe generar riqueza y clave para modificar el modelo productivo". Los reajustes en la financiaci¨®n deben venir de "la lucha contra el fraude fiscal y por la v¨ªa impositiva", dice. Y saca a relucir el impuesto sobre el patrimonio, "que habr¨ªa que recuperar y elevarlo, si es preciso".

Una de las disfunciones en la financiaci¨®n de esta ley viene del desequilibrio entre las ayudas econ¨®micas y los servicios concedidos. El 57% de las personas est¨¢n siendo atendidas en casa por un familiar con una ayuda econ¨®mica. Esto no genera empleo alguno, pero salen muy baratas a la Administraci¨®n. El Gobierno no financia atendiendo al coste del servicio, algo que critica siempre el diputado de CiU, Carles Campuzano. Por tanto, las comunidades prefieren otorgar una ayuda econ¨®mica antes que una costosa plaza de geri¨¢trico a cuyo pago el anciano no contribuye mucho. "Como no se ha invertido de manera valiente en servicios, ahora nos encontramos con menos empleo del que se preve¨ªa. Y tampoco el retorno econ¨®mico por v¨ªa fiscal ha sido el previsto. Por eso, el debate no es tanto lo que la ley cuesta, sino lo que se est¨¢ dejando de ingresar", dice Barriga. Las ayudas econ¨®micas mantienen a las mujeres que cuidan lejos del mercado laboral, aunque muchas ya son pensionistas. "Con m¨¢s de la mitad de las personas dependientes cobrando una magra prestaci¨®n econ¨®mica cuyo destino final es desconocido, no se puede hablar de sostenibilidad del sistema", a?ade Barriga.

Con la econom¨ªa como est¨¢, el diputado catal¨¢n Carles Campuzano cree que "la cobertura p¨²blica debe limitarse a los dependientes graves y severos, para los dem¨¢s quiz¨¢ el modelo debe fundamentarse m¨¢s en el copago", algo en lo que coincide con L¨®pez Casasnovas. "Y habr¨ªa que analizar a fondo un IRPF finalista", a?ade.

La consejera de Igualdad y Bienestar Social de Andaluc¨ªa, Micaela Navarro, prefiere hacer hincapi¨¦ en los retornos que puede proporcionar esta ley. Su receta es establecer prioridades y reforzar las pol¨ªticas sociales en tiempos de crisis. Conf¨ªa plenamente en la sostenibilidad de este sistema. "La pol¨ªtica social es una inversi¨®n, no un gasto". No quiere entrar en detalles econ¨®micos, ni hablar de paralizar esta ley, uno de los pilares del bienestar, por la crisis: "?Acaso se van a cerrar los colegios y los hospitales?".