El juez interroga durante dos horas al jefe de Portos, acusado de prevaricar
?lvarez-Campana se escuda en un informe de la UE sobre la etapa del bipartito
Tras dos horas de interrogatorio, el presidente de Portos de Galicia, Jos¨¦ Manuel ?lvarez-Campana, se march¨® ayer sonriente del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Santiago. Acusado por la fiscal¨ªa de prevaricaci¨®n medioambiental y urban¨ªstica por haber aprobado una declaraci¨®n de impacto ambiental irregular de la piscifactor¨ªa de Rinlo (Ribadeo) cuando era director general de Calidade e Avaliaci¨®n Ambiental en el ¨²ltimo Gobierno de Manuel Fraga. Ese proyecto lo paraliz¨® un juez en 2005 y tiene en contra dos sentencias de 2009 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
?lvarez-Campana esgrimi¨® en su defensa, seg¨²n fuentes judiciales, el ¨²nico documento que avala la legalidad de la planta: una resoluci¨®n de la Comisi¨®n Europea de 2007 que no apreciaba infracciones del derecho comunitario. Y ello porque aceptaba los cambios presentados en el proyecto despu¨¦s de la salida de ?lvarez-Campana del Gobierno, ya con el bipartito en el poder, que reduc¨ªan considerablemente la afectaci¨®n de la planta a la Red Natura.
El juez exige 10.000 euros a Adega para que se personen en la causa
"Estoy tranquilo", declar¨® al salir, si bien rechaz¨® comentar los pormenores de su declaraci¨®n. El fiscal especializado en Medio Ambiente, ?lvaro Garc¨ªa Ortiz, le acusa de actuar dejando de lado los criterios ambientales para salvaguardar "intereses ajenos de naturaleza econ¨®mica". ?lvarez-Campana prefiri¨® ayer guardar silencio sobre una acusaci¨®n de la que s¨ª se defendi¨® el mes pasado. Entonces aventur¨® que tanto el fiscal al querellarse como los magistrados del TSXG cuando anularon la declaraci¨®n se hab¨ªan equivocado por la complejidad de la normativa y el exceso de trabajo.
El escrito de la Comisi¨®n Europea, en el que tambi¨¦n se escudan la Conseller¨ªa do Mar y el presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, lleg¨® en respuesta a una denuncia de la asociaci¨®n ecologista Adega, que batall¨® desde el principio contra la piscifactor¨ªa y que no insisti¨® en su reclamaci¨®n administrativa porque el juez ya hab¨ªa paralizado las obras. La querella que se tramita ahora lleg¨®, de hecho, tras una denuncia de Adega a la fiscal¨ªa.
El colectivo trata ahora de sumarse a la querella como acusaci¨®n popular, pero todav¨ªa no ha reunido los 10.000 euros que el juez Javier M¨ªguez ha fijado como fianza. Fuentes de la investigaci¨®n se muestran sorprendidas sobre lo elevado de la cuant¨ªa. En el proceso contra el juez Baltasar Garz¨®n por su investigaci¨®n de los cr¨ªmenes del franquismo, la fianza exigida al sindicato Manos Limpias, ¨²nico sost¨¦n de la querella, fue de 6.000 euros.
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