Poda de funcionarios
Con la deuda que no deja de crecer y con el paro en la cima, el Gobierno se ha cre¨ªdo obligado a demostrar su firme voluntad de atajar el gasto p¨²blico y acometer un plan de poda de altos cargos y de reducci¨®n de n¨²mero de funcionarios limitando al 10% la reposici¨®n de plazas vacantes. De lo primero, ya se ha visto el glorioso resultado: 16 millones de euros, a costa, entre otras cirug¨ªas, de dejar a la Biblioteca Nacional sin direcci¨®n general: parece una broma si no fuera una muestra de la estima en que el Gobierno tiene a la instituci¨®n que deb¨ªa ser, con el Museo del Prado, la ni?a de los ojos de su Ministerio de Cultura.
Y de la reducci¨®n de funcionarios, no vendr¨¢ mal recordar que la impresi¨®n de despilfarro e ineficiencia, no siempre justificadas, de la funci¨®n p¨²blica en Espa?a nada tiene que ver con su n¨²mero. De hecho, Espa?a est¨¢, en cantidad de empleados p¨²blicos muy por debajo de Francia, y no digamos ya de los pa¨ªses n¨®rdicos. Sumamos entre funcionarios y contratados, si el Bolet¨ªn estad¨ªstico del personal al servicio de las administraciones p¨²blicas no miente, 2,66 millones, lo cual parece una enormidad -no ha faltado ilustre periodista que haya propuesto su dr¨¢stica reducci¨®n hasta quedar en 700.000- pero no somos m¨¢s que el 11,6% de la poblaci¨®n activa y el 14,3% de la hoy ocupada.
Lo interesante es que, de ese total, medio mill¨®n trabaja en las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y otros 650.000 en los diferentes niveles del sistema educativo, de infantil a universitario: nada menos que 43 funcionarios de cada 100 son empleados en sanidad y educaci¨®n. Tal vez se podr¨ªa reducir este n¨²mero a su cuarta parte, como propone Luis Mar¨ªa Ans¨®n, pero entonces habr¨ªa que explicar c¨®mo se proporcionan a cada espa?olito que viene al mundo 14 a?os de escolarizaci¨®n obligatoria, o c¨®mo se garantiza a todo el que lo demanda una atenci¨®n m¨¦dica y hospitalaria gratuita y de calidad como la dispensada por el Servicio Nacional de Salud.
Una vez descontados los empleados en instituciones docentes y sanitarias, resulta que, del resto, algo m¨¢s de un cuarto de mill¨®n son militares, polic¨ªas y guardias civiles, o sea, personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que es preciso a?adir el personal adscrito a la administraci¨®n de justicia y a los centros penitenciarios y las polic¨ªas locales y auton¨®micas, lo cual eleva el total de los encargados de seguridad interior y exterior a otro medio mill¨®n. ?Propondr¨ªa alguien que tambi¨¦n esos efectivos se podaran hasta reducir a 125.000 la suma de polic¨ªas, guardias civiles, jueces y dem¨¢s que velan por el orden y la seguridad?
Por supuesto, todos estos funcionarios, m¨¢s los conductores de autobuses urbanos, los encargados de la limpieza de calles, plazas y paseos, los diligentes expendedores de documentos de identidad, pasaportes y carn¨¦s de conducir, los vigilantes de museos, etc., etc., no se caracterizan precisamente por sus altos salarios ni por sus millonarios planes de pensiones: congelar el salario de un m¨¦dico, un maestro, un polic¨ªa, un administrativo, no tiene id¨¦nticos efectos que congelar el de un directivo del BBVA o del Santander. Vamos, que con congelar a unos cuantos de estos habr¨ªa para mantener la temperatura de varias decenas de miles de aquellos: el salario anual de 1.000 funcionarios importa la mitad del plan de pensiones de alg¨²n alto ejecutivo bancario. En todo caso, no es por ah¨ª por donde el Estado podr¨¢ ahorrar sin grave deterioro de los servicios que los ciudadanos reciben de las instituciones sostenidas en el trabajo de estos funcionarios.
?Por d¨®nde, pues? Por una mayor eficiencia, desde luego, pero tambi¨¦n por donde sobran, por las burocracias clientelares que han crecido al rebufo de las autonom¨ªas sin m¨¢s control que la amistad de presidentes, consejeros y dem¨¢s cargos en funci¨®n de neocaciques. Ah¨ª, en s¨¦quitos de autoridades auton¨®micas, en oficinas abiertas en el extranjero, en televisiones para amigos, en directores o directoras generales de identidad, en asesores internos y externos, en estudios sobre el color de los peces y otras corruptelas y corrupciones, es por donde habr¨ªa que comenzar los planes de austeridad y de poda. Lo que pasa es que a base de reducir el Estado, las tijeras del Gobierno no alcanzan para iniciar esos trabajos de saneamiento y se mete en faena suprimiendo la direcci¨®n general de la Biblioteca Nacional. Lo dicho: la monta?a pari¨® otra vez -y van ya ni sabe cu¨¢ntas- un rat¨®n.
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