En 33 intervenciones, ninguna explicaci¨®n

La oposici¨®n (PSOE e IU) al Gobierno regional lleva m¨¢s de un a?o pidiendo explicaciones en la Asamblea de Madrid sobre los trabajos que encarg¨® a la trama corrupta del caso G¨¹rtel. Muchos de ellos son contratos menores. El ex consejero de Deportes, Alberto L¨®pez Viejo, ordenaba trocearlos por debajo de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso p¨²blico.

"?C¨®mo pudo ocurrir eso sin que nadie lo controlara?", preguntaba el pasado jueves la diputada de IU, Reyes Montiel, durante la comisi¨®n de vigilancia de las contrataciones. "?Qui¨¦n cobraba realmente esos contratos? ?Van a hacer algo para evitar que vuelva a ocurrir?", a?adi¨® Livia Castillo, parlamentaria del PSM. "A estas cuestiones hemos contestado en 33 ocasiones. La presidenta madrile?a, Esperanza Aguirre, ha respondido a ocho preguntas sobre el asunto en la C¨¢mara regional; los consejeros, a otras 10. Ha habido otra decena de comparecencias en las comisiones...", respond¨ªa Borja Sarasola, secretario general t¨¦cnico de la Consejer¨ªa de Vicepresidencia y mano derecha del vicepresidente, Ignacio Gonz¨¢lez.

Las explicaciones que ofrecen los responsables regionales a las cuestiones de la oposici¨®n consisten, en la mayor¨ªa de las ocasiones, en un relato sobre las diferentes normativas y procesos que siguen para realizar los contratos. Pero dan pocas respuestas sobre lo ocurrido. "Se han fiscalizado todos los contratos de la Comunidad de Madrid. Todos", dijo Sarasola en la comisi¨®n. Pero evit¨® responder c¨®mo la red corrupta pudo contratar en 362 ocasiones con la Administraci¨®n regional, un tercio de esos contratos eran irregulares, seg¨²n un informe judicial. Adem¨¢s, no se refiri¨® a que los contratos de menor cuant¨ªa no los pueden revisar en la Asamblea de Madrid. Los grupos de la oposici¨®n los han solicitado pero no han logrado acceder a ellos.

El alto cargo popular aludi¨® a un informe de la C¨¢mara de Cuentas que asegura que "la Comunidad de Madrid tiene un modo de hacer orientado a la publicidad libre de concurrencia. "Porque", dijo, "tan s¨®lo un 23,5% de los contratos que realiza el Gobierno regional son menores", se?al¨®. Pero el alto cargo regional evit¨® explicar por qu¨¦ el Partido Popular impidi¨® que la C¨¢mara de Cuentas que fiscalizara los contratos de la red G¨¹rtel.

El propio consejero de Econom¨ªa y Hacienda, Antonio Beteta, asegur¨® que trocear contratos no es ilegal. "No se puede decir que se comete un delito cuando ese delito no existe ni est¨¢ tipificado", asegur¨® durante un pleno auton¨®mico. El responsable de las arcas regionales ha defendido en repetidas ocasiones la legalidad de los contratos con el G¨¹rtel, pero nunca ha explicado c¨®mo se pudieron realizar tantos contratos con la red corrupta sin que nadie se percatara de la situaci¨®n.

La secretaria general t¨¦cnica de la Consejer¨ªa de Presidencia, Justicia e Interior, Mar P¨¦rez Merino, aport¨® el jueves pasado una explicaci¨®n: "Esto es normal. El d¨ªa a d¨ªa de la Administraci¨®n", zanj¨® P¨¦rez.