El fiscal pide c¨¢rcel para el ex alcalde de Gondomar
Carlos Silva certific¨® la falsa legalidad de unas viviendas en el municipio
El fiscal pide dos a?os de prisi¨®n y otros dos de inhabilitaci¨®n para el ex alcalde de Gondomar Carlos Silva (PP), concejal de Personal, Econom¨ªa y Hacienda y presidente en la sombra del actual gobierno local de tr¨¢nsfugas, por un supuesto delito de falsedad documental. A Silva se le acusa de certificar en falso que unas viviendas no hab¨ªan incurrido en infracciones urban¨ªsticas. Su abogado, Jos¨¦ Mart¨ªnez Torea, aleg¨® ayer en el juicio que los papeles sobre los que Silva estamp¨® su firma entraron en el ayuntamiento y se camuflaron dentro de la carpeta del alcalde, sin que nadie, ni siquiera el propio regidor, reparara en que estaban all¨ª de matute.
Los documentos, "tres al menos", firmados en 2005 y 2006, aunque con anterioridad hubo otros del mismo tenor, seg¨²n los testigos, certificaban que las citadas viviendas no estaban afectadas por ning¨²n expediente de infracci¨®n urban¨ªstica. De este modo, seg¨²n el fiscal, sus titulares pod¨ªan escriturarlas como nuevas y legalizarlas, pese a que se hab¨ªan construido sin licencia.
Jes¨²s Groba, comprador de dos de esos pisos "sin escriturar porque el vendedor no quer¨ªa", explic¨® en el juicio que conoci¨® en un bar del pueblo a un tal Antonio -sin m¨¢s datos-, que le present¨® a un tal Gonz¨¢lez -sin m¨¢s datos- "que pod¨ªa resolverle el problema", es decir, la legalizaci¨®n de las viviendas, a cambio de 500 euros por cada operaci¨®n, que pag¨® al tal Gonz¨¢lez. "Un se?or hizo todo el papeleo para legalizar", refrend¨® Carmen Fern¨¢ndez D¨¢vila, esposa de Groba.
Silva s¨®lo se enter¨® de ese negocio, seg¨²n declar¨® ayer, por los agentes del Seprona que investigaban el asunto, pero no por ello pidi¨® despu¨¦s ninguna explicaci¨®n ni dentro ni fuera del ayuntamiento. Adujo la imposibilidad de leer todos los documentos que le pasaban a la firma -"doy por supuesto que est¨¢n analizados por los t¨¦cnicos responsables", dijo- y que desconoc¨ªa para qu¨¦ serv¨ªan las certificaciones que le inculpan.
Los testimonios de los tres agentes de la Guardia Civil que investigaron el asunto dejaron claro que tales documentos certificaban una falsa antig¨¹edad de las viviendas (para que prescribiera su infracci¨®n), de las que no constan expedientes en el ayuntamiento; a una de ellas le fue denegada la licencia de construcci¨®n. Los agentes iniciaron sus pesquisas a partir de una denuncia sobre "la proliferaci¨®n de construcciones ilegales en el municipio". Las certificaciones no entran entre las funciones del alcalde, dijo la secretaria municipal, Nuria Lobato, aunque el aparejador, Alfonso Soli?o, y el arquitecto, Jos¨¦ Antonio ?lvarez, reconocieron haber visto otras "certificaciones similares" que "pod¨ªan incidir en la prescripci¨®n de la ilegalidad o en expedientes de infracci¨®n".
"Anomal¨ªas hay un ciento, pero no para abrir expediente de todas", precis¨® Soli?o. La inspectora de obras, Mar¨ªa Jes¨²s Fern¨¢ndez, lo refrend¨® indirectamente al se?alar en varias ocasiones el agobio de su trabajo por la multitud de inspecciones que tiene que realizar, motivo por el cual tampoco pudo precisar ayer si en alguna ocasi¨®n visit¨® con ese fin las viviendas de la causa. Con los testimonios de estos y otros funcionarios fue imposible aclarar c¨®mo, en el traj¨ªn com¨²n entre el departamento de urbanismo y la alcald¨ªa, llegaron los papeles a la carpeta de firmas. Los pudo colocar cualquiera, aventur¨® el defensor.
Premiado por Rafael Louz¨¢n
Carlos Silva, alcalde de Gondomar entre 1999 y 2007, ya fue condenado en diciembre de 2008, junto con los cinco concejales de su Xunta de Goberno, a 18 meses de prisi¨®n y ocho a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n urban¨ªstica: concedieron m¨¢s de 300 licencias al amparo de un plan general anulado. Con una de esas licencias fue beneficiado Jaime Fern¨¢ndez, auxiliar administrativo responsable del Registro, que ayer declar¨® en el juicio para exculpar a Silva.
Tambi¨¦n testific¨® ayer el ex concejal de Urbanismo Alejandro G¨®mez. Pese a su protagonismo, se libr¨® del citado proceso por prevaricaci¨®n, pero este mismo mes se sentar¨¢ en el banquillo por cohecho, acusado de recibir dinero por anticipar recalificaciones en un plan general que iba a aprobarse.
El que la sentencia por prevaricaci¨®n no sea firme justific¨® a Rafael Louz¨¢n, presidente provincial del PP, para ratificar hace unos d¨ªas la dedicaci¨®n exclusiva de Silva en la Diputaci¨®n (65.000 euros). El premio a Silva lleg¨® tras fracasar "por est¨¦tica" su candidatura a presidir el actual gobierno local de tr¨¢nsfugas, que no obstante dirige en la sombra y en sinton¨ªa con Louz¨¢n.
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