Uno de cada 10 asalariados trabaja en el sector p¨²blico

M¨¢s de la mitad de los j¨®venes catalanes quieren ser funcionarios. Y una id¨¦ntica proporci¨®n de parados plantea presentarse a oposiciones para trabajar en la Administraci¨®n. As¨ª lo se?alan varias encuestas. Los alicientes son un puesto de trabajo fijo y un horario. Y ese es el argumento de quienes est¨¢n a favor de la bajada salarial del 5% anunciada por el Ejecutivo central: si los trabajadores de las empresas privadas asumen el coste de la crisis con el despido, los funcionarios deben aceptar una rebaja de su sueldo.

En Catalu?a 299.779 personas trabajan en la funci¨®n p¨²blica, el 10% de todos los asalariados. De estas, la Generalitat emplea al 54,1%; el Gobierno central, al 10,4%, y las administraciones locales, al tercio restante, seg¨²n un estudio de la patronal Pimec.El adelgazamiento de la Administraci¨®n y las rebajas salariales de los empleados p¨²blicos han sido uno de los caballos de batalla de las patronales. Los empresarios razonan que si la crisis ha afectado a todos los ciudadanos, los empleados p¨²blicos deben asumir ese coste. Los sindicatos plantean lo contrario y argumentan que la estabilidad laboral es la ¨²nica v¨ªa para dar servicios de calidad a los ciudadanos y que, adem¨¢s, era el ¨²nico colectivo con un consumo estable.

Catalu?a tiene menos funcionarios por los servicios concertados

Los expertos sugieren introducir el trabajo por objetivos

En las dos legislaturas del tripartito, entre 2004 y 2009, la plantilla de la Generalitat creci¨® el 23,8%. Fue la Administraci¨®n que contrat¨® a m¨¢s empleados, por delante de las instituciones locales, con el 20,1% m¨¢s de trabajadores, seg¨²n Pimec. En cambio, el Gobierno central redujo sus funcionarios en Catalu?a el 4,5%. El salto de la Administraci¨®n auton¨®mica, no obstante, se justifica por la contrataci¨®n de profesores y por el despliegue de los Mossos d'Esquadra, que supuso incorporar a m¨¢s polic¨ªas.

El incremento tambi¨¦n se explica por el aumento de empresas p¨²blicas integradas en la Generalitat. Seg¨²n datos del Ejecutivo catal¨¢n, en 2003 ten¨ªa 92 sociedades, mientras que ahora tiene 203 empresas que dan trabajo a 35.156 personas. Y es ah¨ª donde, seg¨²n las patronales, hay recorrido. Estas calculan que el 5% del trabajo de la Administraci¨®n est¨¢ externalizado, lo cual consideran insuficiente. Los sindicatos tambi¨¦n rechazan esta petici¨®n.

El profesor del Centro Sector P¨²blico-Sector Privado del IESE Joaquim Triad¨² indica que el "margen de maniobra de la Administraci¨®n para no crecer" es "bajo". Catalu?a seguir¨¢ necesitando m¨¢s profesores, m¨¦dicos y polic¨ªas. Y aun as¨ª, Triad¨² pone en perspectiva el volumen de funcionarios: Catalu?a es la comunidad con una menor proporci¨®n de trabajadores p¨²blicos.

La Comunidad de Madrid es la autonom¨ªa con m¨¢s funcionarios en n¨²meros absolutos y la segunda con relaci¨®n a sus habitantes. Cuenta con 422.848 funcionarios, 65,7 empleados por habitante. Ello se debe a que la capital espa?ola concentra los ¨®rganos del Gobierno central, lo cual, seg¨²n los expertos, tambi¨¦n ha permitido que el paro se mantenga en tasas m¨¢s bajas que en el resto de las comunidades.

Con relaci¨®n a la poblaci¨®n, la autonom¨ªa con m¨¢s funcionarios es Extremadura, seguida de Madrid, Arag¨®n, Castilla y Le¨®n, y Castilla-La Mancha, por encima de 60 empleados p¨²blicos por habitante. Catalu?a es la que menos tiene, tanto por habitante (38,1) como por poblaci¨®n ocupada, puesto que cerca del 10% de los catalanes con un puesto de trabajo son funcionarios. Una de las razones es el peso de la escuela y la sanidad concertadas.

El director del Servicio de Estudios Econ¨®micos y Sociales de Fomento, Salvador Guillermo, explica que el mayor lastre lo tiene el Gobierno central. "Sigue aumentando su plantilla pese a que ha ido traspasando competencias a las comunidades", asegura. En los ¨²ltimos siete a?os, la plantilla del Estado ha crecido en 34.010 funcionarios tras un lustro en el que fueron bajando.

Seg¨²n los c¨¢lculos de este diario, el Gobierno catal¨¢n podr¨¢ ahorrarse este a?o 215 millones de euros en sueldos. Sin embargo, los sindicatos recuerdan que el cap¨ªtulo 1, el que hace referencia a las retribuciones, es muy amplio para ir recortando. Es decir, incluye desde el sueldo del presidente del Gobierno, de 169.446 euros, hasta el m¨¢s bajo de la plantilla, de 16.491 euros. La tabla salarial de los funcionarios, asimismo, es muy dispar. Hay 69 categor¨ªas que van desde esos casi 16.500 euros hasta los 70.296 del nivel m¨¢s alto.

La brecha salarial no hace m¨¢s que abrirse, seg¨²n un estudio de la secci¨®n sindical de CC OO del Departamento de Innovaci¨®n, Universidades y Empresa. La diferencia entre el que m¨¢s cobra de esa escala salarial y el que menos percibe se ha incrementado el 14,07% entre 2003 y 2009, de forma que la distancia pas¨® del 311,2% al 325,7%.

Para Francisco Longo, sin embargo, esa brecha est¨¢ justificada e incluso es insuficiente. Seg¨²n el director del Instituto de Direcci¨®n y Gesti¨®n P¨²blica de ESADE, los sueldos de los funcionarios de base son demasiado altos, en comparaci¨®n con lo que se paga en la empresa privada, mientras que la retribuci¨®n de los puestos superiores est¨¢ "por debajo de mercado". Esta situaci¨®n hace complicado "atraer talento, ya que los mejor preparados para puestos cualificados se van a la empresa privada", razona.

No opinan lo mismo los trabajadores, cuyo objetivo es que el salario m¨¢s bajo de ning¨²n convenio est¨¦ por debajo de los 1.000 euros. Algo que comparte la Generalitat, siempre que se aumente la productividad. Y es que ese es uno de los retos de la funci¨®n p¨²blica, seg¨²n los expertos consultados. "Ser¨ªa interesante introducir aspectos del sector privado, como el trabajo por objetivos", asegura Triad¨².

La segunda asignatura pendiente es, seg¨²n este profesor, introducir elementos de flexibilidad, desde optimizar los horarios hasta romper la rigidez para moverse entre departamentos y administraciones. Algo que trata de favorecer el Gobierno catal¨¢n, que quiere reservar el 15% de las plazas a la movilidad laboral a trav¨¦s de la Ley de la Funci¨®n P¨²blica, en tr¨¢mite parlamentario.