Una ley valiente y cautelosa

En un contexto poco dado a las buenas noticias, resulta bienvenido el arranque del proceso que debe conducir a la aprobaci¨®n de la ley org¨¢nica sobre los derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, debe interpretarse como la culminaci¨®n legislativa de un largo proceso que comenz¨® en tiempos de Guti¨¦rrez Mellado -del que forman parte la plena profesionalizaci¨®n, la ley de defensa nacional, la de la carrera militar y las reales ordenanzas-, tratando de transformar lo que entonces era un evidente poder f¨¢ctico en un instrumento fiel de la autoridad civil en una Espa?a democr¨¢tica. Desde aquella ¨¦poca, la instituci¨®n ha realizado una transformaci¨®n que otras a¨²n tienen pendiente a d¨ªa de hoy.

Aunque de manera expl¨ªcita ya estaba recogida en el programa electoral del partido del Gobierno desde 2004, tanto la delicadeza de algunos de sus contenidos como la falta de consenso pol¨ªtico han ido retrasando su tramitaci¨®n. Por eso mismo el impulso que ahora recibe -con un consenso inicial entre los dos grandes partidos- debe entenderse como un gesto de valent¨ªa pol¨ªtica en tiempos revueltos. El proyecto es, sin sorpresa alguna, tan moderado en sus formas como lleno de cautelas en su contenido. Y esto es as¨ª porque, con la pretensi¨®n gen¨¦rica de regular determinados derechos, establece por primera vez en la historia el de asociaci¨®n profesional de los militares. En este terreno, efectivamente, todas las precauciones son pocas, teniendo en cuenta la especial condici¨®n de quienes son el brazo armado del Estado.

Es por eso por lo que el anteproyecto que se acaba de dar a conocer ha procurado delimitar con la mayor precisi¨®n posible las fronteras que no deben traspasar ni las asociaciones, ni el Consejo de Personal ni el Observatorio de la Vida Militar. As¨ª, en su intento l¨®gico por quedarse un paso por detr¨¢s de lo reconocido al conjunto de los espa?oles, cada derecho aparece circunvalado por un deber. En el texto queda claro que ni los militares pueden sindicarse -una l¨ªnea roja que conviene no cruzar-, ni las asociaciones, Consejo y Observatorio pueden inmiscuirse en la pol¨ªtica de seguridad y defensa, en el planeamiento y desarrollo de las operaciones militares o en el empleo de la fuerza. Su labor se ci?e exclusivamente a la pol¨ªtica de personal, con idea de presentar propuestas, solicitudes y sugerencias, en un plano de asesoramiento (pero nunca de decisi¨®n o aprobaci¨®n).

Queda por ver, adem¨¢s de las vicisitudes parlamentarias que pueda sufrir la ley ante el previsible enrarecimiento del clima pol¨ªtico, c¨®mo reaccionar¨¢n los propios militares (que seguir¨¢n teniendo abiertos los canales regulares para presentar individualmente sus quejas), sus delegados (que deber¨¢n acreditar anualmente su representatividad y ser capaces de desarrollar una agenda in¨¦dita en los cuarteles) y el propio Observatorio (¨®rgano asesor y consultivo cuya credibilidad depender¨¢, en gran medida, de la personalidad de sus siete miembros, elegidos por el Congreso de Diputados). ?sta ser¨¢, si llega a buen puerto en la pr¨®xima primavera, la ley de referencia de esta legislatura en el terreno de la defensa. Ojal¨¢.

Jes¨²s A. N¨²?ez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acci¨®n Humanitaria (IECAH).