Una declaraci¨®n jurada sustituir¨¢ a las urnas en el Ej¨¦rcito

?C¨®mo se puede verificar la representatividad de una asociaci¨®n de militares sin celebrar elecciones en las Fuerzas Armadas, como sucede en la Guardia Civil? Y m¨¢s a¨²n ?c¨®mo comprobar cu¨¢ntos afiliados tiene una asociaci¨®n sin vulnerar el derecho de los mismos a la intimidad? El anteproyecto de ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que el Gobierno decidi¨® ayer remitir al Consejo de Estado, intenta sortear ambos obst¨¢culos recurriendo a un valor de indudable raigambre castrense: el honor de la palabra dada. Es decir, el Ministerio de Defensa se fiar¨¢ de la cifra de afiliados que declare cada asociaci¨®n.

En t¨¦rminos jur¨ªdicos, eso se traduce en que el 31 de diciembre de cada a?o las asociaciones militares presentar¨¢n una "declaraci¨®n responsable" -seg¨²n lo previsto en el art¨ªculo 71 bis de la Ley 30/1992 de R¨¦gimen Jur¨ªdico de las Administraciones P¨²blicas- en la que har¨¢n constar, por categor¨ªas, cu¨¢ntos militares, en activo o en la reserva, tienen afiliados. Eso s¨ª, "la inexactitud, falsedad u omisi¨®n" de datos esenciales dar¨¢ lugar a la p¨¦rdida de todos los derechos, "sin perjuicio de las responsabilidades, penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar".

La falsedad en la cifra de asociados supondr¨¢ perder todos los derechos

El n¨²mero de afiliados no es un dato balad¨ª, pues para sentarse en el Consejo de Personal, el nuevo ¨®rgano que servir¨¢ de foro de encuentro entre el Ministerio de Defensa y las asociaciones para debatir asuntos relacionados con el r¨¦gimen de personal y las condiciones de vida y trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas, las asociaciones deber¨¢n certificar que tienen en sus filas al 1% de todos los militares (m¨¢s de 1.400), al 3% de los oficiales o suboficiales (entre 600 y 900) o al 1,5% de la tropa (unos 1.300). Eso s¨ª, el Consejo de Ministros podr¨¢ reducir estos porcentajes.

La apelaci¨®n a la "comunicaci¨®n responsable", como f¨®rmula para determinar la representatividad de las asociaciones, es la principal novedad introducida a ¨²ltima hora en el anteproyecto de ley que regula por vez primera el derecho de los militares a asociarse para la defensa de sus intereses profesionales.

La laxitud del procedimiento que servir¨¢ para acreditar la afiliaci¨®n se corresponde, no obstante, con la vaguedad de los derechos reconocidos a los representantes de las asociaciones. El texto les garantiza que ser¨¢n protegidos frente a "discriminaciones en su promoci¨®n profesional" y que podr¨¢n "asistir a las reuniones del Consejo de Personal" del que forman parte. Nada se dice del disfrute de horas libres para dedicarse a la actividad asociativa o del libre acceso a las instalaciones militares. S¨ª podr¨¢n convocar reuniones, pero ¨¦stas se celebrar¨¢n "preferentemente en las Delegaciones o Subdelegaciones de Defensa", fuera del horario de trabajo y sin afectar al funcionamiento de las unidades. Las reuniones dentro de los cuarteles deber¨¢n ser "previa y expresamente autorizadas por su jefe".

No est¨¢ previsto que el Consejo de Personal emita dict¨¢menes ni informes, por lo que sus actas s¨®lo reflejar¨¢n las posiciones expuestas por los representantes de las asociaciones y de la Administraci¨®n. Tampoco se dice expresamente que Defensa deba someter al Consejo, con car¨¢cter previo, aquellas normas que afecten a temas de su competencia. Se configura as¨ª un modelo de "interlocuci¨®n" con las asociaciones, m¨¢s que de representaci¨®n o participaci¨®n, muy alejado del vigente en la Guardia Civil, que se ha querido evitar a toda costa evitar.

La Asociaci¨®n Unificada de Militares Espa?oles (AUME) calific¨® ayer de "positivo" el anteproyecto, pero advirti¨® de que ¨¦ste debe ser "enriquecido y mejorado". La ministra de Defensa, Carme Chac¨®n, insisti¨® en que la consecuci¨®n de un "amplio consenso" -especialmente con el PP, que en principio ha dado su visto bueno- es un "requisito indispensable" para que el proyecto salga adelante.