Sobre la impunidad de los cr¨ªmenes del franquismo

Como define sobriamente el DRAE, impunidad es falta de castigo e impune es el que queda sin castigo. Los cr¨ªmenes del franquismo quedaron sin castigo, ante todo, porque los vencidos en la guerra civil, desde el exilio o en el interior, no pudieron abrir una causa contra los culpables y, sobre todo, porque los vencedores en la Guerra Mundial, tras someterlos a cuarentena, decidieron hacer buenos negocios con ellos. Gran Breta?a fue, como no se cans¨® de repetir el presidente Aza?a, el primer enemigo de la Rep¨²blica en la guerra civil, y Estados Unidos y el Vaticano, flanqueados por Francia y Reino Unido, fueron los principales socios sobre los que, durante a?os sin fin, pudo Franco consolidar su poder.

La alianza estrat¨¦gica de las democracias occidentales con la Espa?a de Franco dur¨® hasta la muerte del dictador. Mientras tanto, nadie, ning¨²n juez, ning¨²n fiscal -funcionarios al servicio de la legalidad del r¨¦gimen, fuera cual fuese la ideolog¨ªa de cada cual- tuvo la oportunidad de abrir una causa penal contra los responsables de aquellos cr¨ªmenes. Luego, ninguno de esos mismos funcionarios, ya al servicio de la legalidad democr¨¢tica, reclam¨® la aplicaci¨®n de lo que ahora llamamos justicia internacional para el caso espa?ol. El primero en hacerlo ha sido Baltasar Garz¨®n que, modificando la definici¨®n de los tipos delictivos aplicables, abri¨® en 2008 una causa penal contra los autores de cr¨ªmenes.

Pero este juez tom¨® sus precauciones para asegurarse de que del procedimiento penal no se derivara la posibilidad de sentar en el banquillo a ning¨²n culpable. Porque "cr¨ªmenes del franquismo", adem¨¢s de los asesinatos de la guerra civil, fueron, entre otros, la muerte por torturas del secretario general del PSOE Tom¨¢s Centeno en 1953; o el fusilamiento del dirigente del PCE Juli¨¢n Grimau, 10 a?os despu¨¦s. Garz¨®n limit¨®, sin embargo, el periodo de su investigaci¨®n -en realidad: un auto basado en investigaciones publicadas por decenas de historiadores- hasta el cambio de gobierno de 1951, ocasi¨®n y fecha arbitrarias si no se recuerda que quienes fueron ministros hasta ese a?o, en 2008 estaban notoriamente muertos, como dej¨® escrito en su auto: eran sospechosos que quedar¨ªan sin castigo, o sea, impunes, aun en el caso de que su crimen hubiera sido contra la humanidad.

Es irrelevante saber qu¨¦ buscaba Garz¨®n con su auto, all¨¢ ¨¦l; lo que s¨ª se sabe es lo que no buscaba. Y lo que no buscaba era sentar en el banquillo ni a un solo culpable de los cr¨ªmenes del franquismo, porque si ese hubiera sido el objeto de su instrucci¨®n no la habr¨ªa limitado a 1951 ni reducido a 35 sospechosos muertos. Al establecer esa fecha l¨ªmite y al identificar con nombres y apellidos a 35 altos cargos de la dictadura, el instructor sab¨ªa que en breve plazo, que pretendi¨® alargar con alguna de sus martingalas, se ver¨ªa obligado a cerrar el sumario. Y as¨ª fue. Al recibir los certificados de defunci¨®n, a?adi¨® a la evidencia de que los presuntos culpables hab¨ªan fallecido, la sorprendente declaraci¨®n de extinci¨®n de responsabilidad de todos ellos ?porque estaban muertos!

Que, tras esta extinci¨®n de responsabilidad, los cr¨ªmenes del franquismo sigan impunes ?significa que no quede ninguna obligaci¨®n legal hacia sus v¨ªctimas? En absoluto. Los gobiernos, primero del PP, luego del PSOE, tienen encima de la mesa desde hace varios a?os demandas de familiares de buscar, exhumar, identificar y dar digno entierro a las v¨ªctimas de aquellos cr¨ªmenes. Los familiares est¨¢n en su derecho -como lo est¨¢n en el suyo los que prefieren mantener las fosas como lugares de memoria- y los poderes p¨²blicos en la obligaci¨®n de atenderlos. Para cumplir ese deber, no hac¨ªa falta enredarse en causas penales contra muertos impunes ni perderse en debates sobre leyes de memoria; bastaba una instrucci¨®n del Gobierno que recordara a jueces y forenses la obligaci¨®n legal de exhumar cad¨¢veres enterrados en fosas, destinando a esa tarea los funcionarios que fuera menester.

Por razones que el Gobierno sabr¨¢, no lo ha hecho, y de esa abdicaci¨®n se ha derivado el intento de proceder a las exhumaciones por la v¨ªa penal bajo el falso pretexto de que no queden impunes cr¨ªmenes cometidos hace m¨¢s de 70 a?os. Ante la evidencia de que, 70 a?os despu¨¦s, todos los posibles culpables han muerto, ser¨ªa mejor que cada uno cumpliera su deber, comenzando por el Gobierno y siguiendo por estos jueces que se dedican a sustanciar, sobre los cr¨ªmenes del franquismo, sus viejos rencores pol¨ªticos.