El segundo fracaso
La intervenci¨®n de Cajasur obliga a investigar la responsabilidad de los gestores destituidos
La intervenci¨®n de Cajasur, la caja fundada y gestionada por la Iglesia cat¨®lica, en la madrugada del s¨¢bado, despu¨¦s de un rocambolesco fracaso de la fusi¨®n con Unicaja en el ¨²ltimo minuto, resume las dificultades que est¨¢n atascando el proceso de rescate de las cajas de ahorros y suscita muchos recelos sobre la capacidad del sistema financiero para regenerarse por el sistema de fusiones.
La noticia y sus consecuencias son p¨¦simas. Cajasur estalla en el mismo momento en que los inversores dudan de la solvencia de los activos espa?oles, lo cual hace temer nuevas subidas del diferencial de deuda en los pr¨®ximos d¨ªas; y llega cuando el Gobierno se dispone a aplicar un dr¨¢stico recorte del gasto. Los dep¨®sitos de Cajasur est¨¢n garantizados despu¨¦s de la intervenci¨®n del Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB) y la entidad, cuyo Consejo de Administraci¨®n fue destituido de forma fulminante, seguir¨¢ operando con relativa normalidad.
El fracaso de la fusi¨®n (el segundo que cosecha Unicaja) no puede despacharse sin m¨¢s con una intervenci¨®n de urgencia y la tranquilidad de que la quiebra de Cajasur no implica riesgo sist¨¦mico. Existe una culpa flagrante de los directivos, con su presidente, el sacerdote Santiago G¨®mez Sierra en primera l¨ªnea, en la gesti¨®n de la caja andaluza, a la que han dejado con unas p¨¦rdidas de casi 600 millones en 2009; y esa responsabilidad se agrava por la incapacidad del Consejo para aprobar una fusi¨®n que era la salida m¨¢s honorable y m¨¢s barata. En su lugar, sea por la falta de entendimiento con Unicaja, sea por el p¨¢nico a un conflicto laboral, los consejeros de Cajasur decidieron endosar el problema al erario p¨²blico (el FROB ha inyectado 550 millones en la entidad). La moraleja, vista desde la calle, es sencilla: mientras los parados, los pensionistas y los funcionarios pagan las consecuencias de la crisis, el Consejo de Cajasur carga sobre el Estado la factura de su incompetencia.
Ahora le corresponde al Banco de Espa?a actuar con el m¨¢ximo rigor. Despu¨¦s de la destituci¨®n del Consejo (que deber¨ªa extenderse a la Fundaci¨®n), el regulador tiene que abrir una investigaci¨®n para determinar si cabe exigir responsabilidades civiles a los gestores. No es saludable asistir a rescates financieros con dinero p¨²blico sin corregir las conductas de quienes arruinan instituciones saneadas.
El Banco de Espa?a tampoco queda en buen lugar. Sus advertencias no han evitado el estropicio de la fusi¨®n andaluza (Cajasur es la segunda intervenida, despu¨¦s de la de CCM en marzo de 2009). Algunos Gobiernos aut¨®nomos (Galicia en especial) han desafiado su autoridad y han impuesto, contra toda racionalidad, fusiones de cajas con el ¨²nico criterio de mantener una ventanilla para asegurar los pr¨¦stamos regionales. El tiempo se acaba, hay riesgo de insolvencia en varias cajas y flaquea el m¨¦todo elegido para las fusiones. Si hay un momento adecuado para demostrar que el Banco de Espa?a controla firmemente la reforma financiera, es este.
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