Los condenados por el 'caso Yak-42' eluden el cumplimiento de sus penas

La cat¨¢strofe del Yak-42, de la que hoy se cumplen siete a?os, ya tiene una condena, la que dict¨® el pasado 17 de marzo el Supremo, pero es cada vez m¨¢s improbable que llegue a tener una pena. Como se esperaba, la Audiencia Nacional orden¨® ayer suspender el ingreso en prisi¨®n del general Vicente Navarro, condenado a tres a?os de c¨¢rcel por la falsa identificaci¨®n de 30 de los 62 cad¨¢veres de los militares fallecidos en el siniestro.

El tribunal alega una raz¨®n que nadie puede cuestionar. Navarro "presenta una enfermedad grave e incurable, est¨¢ en fase terminal y necesita cuidados paliativos". Un m¨¦dico forense certific¨® que sufre c¨¢ncer de pulm¨®n.

El fiscal ha informado a favor de que se suspenda tambi¨¦n el ingreso en prisi¨®n de los comandantes m¨¦dicos Jos¨¦ Ram¨®n Ram¨ªrez y Miguel ?ngel S¨¢ez, condenados a 18 meses de privaci¨®n de libertad como c¨®mplices de Navarro. El fiscal aprecia que ambos carecen de antecedentes penales, han sido condenados a menos de dos a?os y, junto al general, han abonado ya 300.000 euros de indemnizaci¨®n para las familias de las v¨ªctimas.

Una asociaci¨®n que dirige un ex jefe del Ej¨¦rcito paga las indemnizaciones

Pero ni Navarro ni sus subordinados han pagado un solo euro de indemnizaci¨®n. Lo ha hecho por ellos la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil; una asociaci¨®n que agrupa a unos 30.000 militares y guardias retirados y est¨¢ reconocida como de utilidad p¨²blica. Su presidente de honor es el Rey y sus sedes est¨¢n en instalaciones militares.

La citada hermandad realiz¨® una colecta y abri¨® una cuenta bancaria "para atender a las responsabilidades millonarias pedidas a nuestros compa?eros por su presunta responsabilidad en la identificaci¨®n de los restos del personal fallecido en el accidente del Yak-42", seg¨²n el anuncio difundido entre los militares.

Llama la atenci¨®n que considere "presunta" una responsabilidad fijada ya por el Supremo, pero a¨²n m¨¢s que califique de "compa?eros" a los condenados y, en cambio, se refiera con el apelativo mucho m¨¢s fr¨ªo de "personal fallecido" a los militares que perecieron en el Yak-42.

Se da la circunstancia de que el presidente de la hermandad es el general Eduardo Gonz¨¢lez-Gallarza, jefe del Ej¨¦rcito del Aire cuando se produjo el siniestro, en el que fallecieron 21 subordinados suyos. Aunque puede haber pesado m¨¢s el hecho de que, antes de unificarse los cuerpos m¨¦dicos militares, Navarro perteneciera al Ej¨¦rcito del Aire.

Las familias de las v¨ªctimas pidieron que Gonz¨¢lez-Gallarza declarase como imputado en la causa que a¨²n se instruye por las supuestas irregularidades en la contrataci¨®n del Yak-42, pero la Audiencia Nacional lo rechaz¨® de plano en marzo pasado.

Finalmente, la sentencia del Supremo impon¨ªa a los tres militares la pena de inhabilitaci¨®n especial para el ejercicio de funciones p¨²blicas. Para Navarro, ya retirado, esta pena carece de efecto, pero para los comandantes supone la p¨¦rdida de su carrera. Los tres han pedido que se suspenda la ejecuci¨®n de esta medida mientras se tramita la solicitud de indulto presentada ante el Ministerio de Justicia. Cientos de militares han suscrito esta petici¨®n, distribuida a trav¨¦s de Internet. El Ministerio de Defensa no ha iniciado a¨²n el expediente de separaci¨®n del servicio porque, alega, no ha recibido la orden de ejecutar la sentencia.

En un art¨ªculo publicado hace un a?o, el general Gallarza aseguraba que si Navarro y sus subordinados erraron al identificar 30 cuerpos "no fue por negligencia, sino por las dif¨ªciles condiciones en que trabajaron y la presi¨®n a la que estaban sometidos". No explicaba de qui¨¦n.