El presidente de la patronal alicantina, implicado en la financiaci¨®n del PP
Seis conocidos empresarios asumieron gastos de los populares en 2007 y 2008
Las empresas del presidente de la Confederaci¨®n Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Rafael Mart¨ªnez, tambi¨¦n aparecen implicadas en la supuesta financiaci¨®n irregular de los populares valencianos.
Seg¨²n el auto del TSJ de Madrid, existen indicios de que seis conocidos empresarios de la Comunidad Valenciana -todos ellos relacionados con el sector de la construcci¨®n- asumieron el pago de distintos eventos del Partido Popular durante los a?os 2007 y 2008, bien de manera opaca, bien mediante facturas abonadas a la trama corrupta por servicios inexistentes.
As¨ª, seg¨²n el auto del juez Pedreira, el grupo Vallalba y sus sociedades Constructora Hormigones Mart¨ªnez y Pavimentos del Sureste -sociedades controladas por el presidente de la patronal alicantina, Rafael Mart¨ªnez- pagaron a Orange Market casi 194.000 euros durante 2007 por supuestos trabajos.
Los pagos a Orange Market sirvieron para rebajar la deuda oficial del PP
La investigaci¨®n revela que el dinero se destin¨® a actos electorales
Esta cantidad, seg¨²n los indicios investigados, habr¨ªa servido para rebajar la deuda oficial de los populares valencianos con la empresa de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, por los servicios prestados durante la campa?a electoral auton¨®mica y municipal de 2007. Ese mismo a?o, las constructoras Facsa, con 150.000 euros, y Piaf, con casi 27.000 euros, tambi¨¦n pagaron facturas a Orange Market que, supuestamente, sirvieron para aminorar la deuda oficial de los populares valencianos.
La investigaci¨®n revela que tambi¨¦n se produjeron pagos en dinero negro que, a pesar de no figurar en las cuentas del PP ni en los balances de las empresas, quedaron registrados en la contabilidad B de la trama corrupta.
Seg¨²n el auto, "los gestores efectivos" de Facsa, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Mart¨ªnez y Piaf habr¨ªan colaborado en un supuesto delito electoral.
En 2008, las constructoras que habr¨ªan financiado ilegalmente al PP valenciano ser¨ªan las sociedades del Grupo Sedesa, de la familia del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino (130.000 euros), Lubasa Desarrollos Inmobiliarios (m¨¢s de 50.000 euros), Enrique Ortiz e hijos (100.000 euros) y, otra vez, Facsa (231.000 euros) y Piaf (3.800 euros). La fiscal¨ªa considera que si los pagos investigados se refieren a los actos del PP con motivo de la campa?a de las elecciones generales los hechos podr¨ªan ser constitutivos tambi¨¦n de un delito electoral.
Unos delitos que se podr¨ªan sumar al de falsedad en documento mercantil, ya que las constructoras habr¨ªan intentado encubrir sus donaciones al PP.
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