Camps y su Gobierno afrontan hasta siete delitos por su relaci¨®n con la trama G¨¹rtel

No se trata exclusivamente de un delito de cohecho impropio por haber aceptado regalos de trajes de un contratista de la administraci¨®n valenciana. La rama valenciana del caso G¨¹rtel, la m¨¢s extensa trama de corrupci¨®n vinculada a un partido en democracia, va mucho m¨¢s all¨¢ de los regalos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los que ya estaba en camino de ser juzgado. Por la puerta que abri¨® la reciente sentencia del Supremo que volvi¨® a imputar a Camps, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso G¨¹rtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha decidido enviar el grueso de la causa valenciana al Tribunal Superior de esta comunidad aut¨®noma. En esa causa figuran indicios de hasta siete delitos vinculados a la corrupci¨®n relacionados con el ama?o de contratos a favor de la red G¨¹rtel (prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias); con la aceptaci¨®n de regalos pagados por ?lvaro P¨¦rez, el Bigotes, jefe de la trama corrupta en Valencia, a dirigentes del PP (cohecho) y con la ocultaci¨®n a Hacienda de gastos del partido en la campa?a de 2007 (delito electoral). El juez recoge en su auto los argumentos de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que considera que Camps pudo incurrir en cohecho propio (recibir regalos a cambio de adjudicar contratos) en lugar del cohecho pasivo impropio que ahora se le imputa (recibir regalos por su condici¨®n de autoridad sin vinculaci¨®n con la adjudicaci¨®n de contratos). Otros delitos que se apuntan en el auto son los de falsedad en documento mercantil, cometida supuestamente para pagar de forma irregular facturas del PP; y blanqueo de capitales. La decisi¨®n de Pedreira de inhibirse en favor del Tribunal valenciano, que ya estableci¨® en febrero pasado que los informes policiales sobre financiaci¨®n ilegal del PP hab¨ªa que investigarlos aunque rechaz¨® hacerlo por una cuesti¨®n de competencias en ese momento procesal, se produce a instancias de la fiscal¨ªa, que justifica la necesidad de tomar esta decisi¨®n ahora para "evitar la prescripci¨®n de los delitos electorales". Anticorrupci¨®n se basa en los informes de la Brigada Policial contra el Blanqueo de 31 de julio de 2009 y los de las unidades de auxilio judicial de la Intervenci¨®n del Estado y de la Agencia Tributaria, de 13 de abril y 6 de mayo de este a?o. Seg¨²n esos informes, hay dos grandes bloques de supuestos delitos que, de acuerdo con la fiscal¨ªa y el juez, aconsejan "su acumulaci¨®n" al procedimiento que instruye el juez valenciano Jos¨¦ Flors por "la conexidad" con los investigados en esa causa, consistentes en el "regalo de prendas de vestir a funcionarios p¨²blicos".

El juez y la fiscal¨ªa quieren evitar la prescripci¨®n de los delitos electorales

Tres informes fundamentan los indicios para ampliar el caso

El ex tesorero del PP Luis B¨¢rcenas es se?alado por la financiaci¨®n ilegal

Implicados el vicepresidente Vicente Rambla y dos diputados

Por una parte, Pedreira apunta los delitos de tr¨¢fico de influencias en la contrataci¨®n de la empresa Orange Market con la Generalitat valenciana. El Gobierno de Camps adjudic¨® al menos 85 contratos entre 2004 y 2009 a la empresa Orange Market, que dirig¨ªa ?lvaro P¨¦rez, en su mayor parte de forma irregular, por un total de 7,2 millones de euros. "Por ello", se?ala el ministerio p¨²blico, "el delito de cohecho que se investigaba en el Tribunal de Valencia podr¨ªa no ser, en algunos casos, el previsto en el art¨ªculo 426 del C¨®digo Penal, sino el tipificado en los art¨ªculos 425, 419 o 420", lo que implicar¨ªa que no ser¨ªa objeto de juicio con jurado y la condena pasar¨ªa de una multa a la inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico.

Por otra parte, est¨¢n los supuestos delitos electorales, que implican a media docena de empresarios que habr¨ªan financiado irregularmente al PP valenciano a trav¨¦s de Orange Market y que, tambi¨¦n de acuerdo con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, podr¨ªan determinar "una diferente valoraci¨®n jur¨ªdica" de los regalos percibidos por Ricardo Costa. Seg¨²n la Agencia Tributaria, el PP valenciano ocult¨® a Hacienda 2,5 millones en la campa?a auton¨®mica y local de 2007. Costa, que fue forzado a dimitir de su cargo de secretario general para convertirse en la ¨²nica v¨ªctima pol¨ªtica hasta el momento del caso G¨¹rtel en el PP valenciano, ve esfumarse as¨ª las posibilidades de quedar apartado del procedimiento por cohecho pasivo impropio en el que est¨¢ envuelto junto a Camps, al ex vicepresidente V¨ªctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejer¨ªa de Turismo Rafael Betoret.

En relaci¨®n con la supuesta financiaci¨®n ilegal, el auto se?ala a Luis B¨¢rcenas, ex tesorero nacional del PP, y Cristina Ib¨¢?ez, administradora del PP valenciano en 2007, como responsables. Y afirma que con ellos habr¨ªan cooperado el propio Costa, el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el diputado y vicesecretario del PP valenciano David Serra, y la ex tesorera y diputada auton¨®mica Yolanda Garc¨ªa. Y tambi¨¦n dos personajes a¨²n sin identificar, conocidos como El Cantante y El Pr¨ªncipe, que efectuaron los pagos por cuenta del PP.