Grupos antiabortistas aplauden la ley de familia que prepara Benestar
El colectivo Red Madre elogia la norma, "tan progresista que es hasta subversiva"
El proyecto de ley de apoyo a la familia que present¨® la semana pasada la Conselleria de Traballo e Benestar ya tiene un respaldo garantizado: el de los grupos antiabortistas. La norma es "tan progresista que es hasta subversiva" alega Coloma Vi¨²dez, portavoz del colectivo Red Madre, que se muestra encantado con que el proyecto obligue a la Xunta a organizar campa?as de sensibilizaci¨®n para ni?os y adolescentes sobre "la importancia de la protecci¨®n del derecho a la vida en formaci¨®n".
El texto aborda "preocupaciones fundamentales de los ciudadanos como el derecho a la vida y el apoyo a la mujer embarazada", defiende. El car¨¢cter revolucionario de la norma vendr¨ªa dado, "porque se opone al pensamiento pol¨ªtico dominante en este momento de que los hijos son una carga" y se pone al d¨ªa en "cuestiones biol¨®gicas fundamentales". "Estamos contentos", resume.
PSOE y BNG tuvieron dificultades para acceder al texto de la ley
Vi¨²dez fue la encargada de defender el a?o pasado la iniciativa legislativa popular que la Red Madre promovi¨® -dentro de una campa?a a escala estatal patrocinada por el Foro Espa?ol de la Familia, un grupo vinculado a la Asociaci¨®n Cat¨®lica de Propagandistas- una ley de apoyo a mujeres embarazadas que se tom¨® en consideraci¨®n gracias a los votos del PP, y que planeaba establecer conciertos entre la Xunta y organizaciones privadas para que ¨¦stas asesorasen a las gestantes sobre c¨®mo encarar el embarazo. Para discutir esa norma, distinta de la que present¨® Benestar la semana pasada, se constituy¨® una ponencia de los grupos parlamentarios de la que s¨®lo se hab¨ªa celebrado una reuni¨®n. El PP quiere ahora reactivarla y ha convocado otro encuentro para el pr¨®ximo martes.
Los partidos de la oposici¨®n se oponen a ambos proyectos. Beatriz Sestayo, responsable de Benestar Social del PSdeG, cree que la Xunta quiere "legislar contra el legislador", en referencia a la ley de plazos para la interrupci¨®n del embarazo que aprob¨® el Parlamento estatal. "Lo que est¨¢n haciendo es una ley antiaborto", asegura, al tiempo que critica que Benestar presentase el proyecto en un acto p¨²blico antes de llevarlo al Parlamento. Las referencias al "derecho a la vida en formaci¨®n" obedecen, a su entender, a los presiones de los grupos de derecha. "Gobiernan para los suyos y esto es lo que hay", se queja, y avisa de que ha pedido a la conselleira que comparezca en la C¨¢mara para explicar la norma.
Tanto los socialistas como el BNG se?alaron ayer sus dificultades para acceder al texto, que la Red Madre ya ten¨ªa el lunes. La portavoz nacionalista de Igualdade en el Parlamento, Ana Pont¨®n, asegura que en su grupo no recibieron la ley hasta ayer.
Sobre la controvertida referencia a la vida en formaci¨®n, sostiene que es "un derecho nuevo que se acaba de inventar el PP", y acusa al partido de "alinearse con los grupos extremistas, que tienen una confusi¨®n con los derechos de las mujeres", apunta.
Las campa?as que anuncia la ley "no tienen que ver con la protecci¨®n de los derechos de las mujeres, y cuestionan su capacidad de decidir sobre su cuerpo", aduce. "En el BNG defendemos sus derechos sexuales y reproductivos", remacha.
El proyecto omite cualquier menci¨®n a estos derechos y opta, en cambio, por establecer como principio rector de las pol¨ªticas p¨²blicas sobre maternidad la "protecci¨®n institucional del derecho a la vida". Vi¨²dez aplaude este precepto y defiende que el enfoque es positivo y repite la consigna: "El hijo es un ser humano que merece toda consideraci¨®n". De la interrupci¨®n del embarazo dice que es "matar a un hijo" y sostiene que conlleva graves consecuencias psicol¨®gicas para la madre.
PSOE y BNG protestan adem¨¢s, por extensi¨®n, por la actitud del PP y la Xunta respecto a los servicios sociales. "Sorprende que tengan un discurso tan defensor de la familia y que despu¨¦s en la pr¨¢ctica no apliquen las medidas que recetan", alega Pont¨®n, que acusa al Ejecutivo de apostar por la privatizaci¨®n de las prestaciones.
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