La ley de Ajuste suspende el pacto con los sindicatos
El Gobierno ahorrar¨¢ 100 millones con las medidas
El Gobierno aprob¨® ayer en un Consejo extraordinario convocado con ese ¨²nico objeto la ley de modificaci¨®n de los Presupuestos a trav¨¦s de la que aplicar¨¢ el ajuste salarial a los empleados p¨²blicos y con la que prev¨¦ ahorrar 100 millones de euros. La consecuencia que m¨¢s quebraderos de cabeza puede crearle, es la ruptura que supone respecto de los acuerdos con los sindicatos ELA, CCOO y UGT alcanzados el oto?o pasado, por primera vez en diez a?os. El Ejecutivo exhibi¨® ese pacto con la mayor¨ªa sindical en la Administraci¨®n p¨²blica como un gran logro.
El texto del proyecto de ley enviado ayer mismo al Parlamento -un art¨ªculo ¨²nico, 12 disposiciones adicionales y dos finales- lo explicita en la Adicional quinta: "Se suspenden parcialmente [para hacer posible la rebaja retributiva] todos los acuerdos firmados" no s¨®lo entre la Administraci¨®n general y las centrales, sino tambi¨¦n los de sus organismos aut¨®nomos, los entes p¨²blicos de derecho privado y las sociedades p¨²blicas. El modo de aplicaci¨®n por el que ha optado el Gobierno, con el margen que le permit¨ªan el decreto ley del Ejecutivo central, publicado en el BOE el pasado 24 de mayo, y sus competencias propias, reducir¨¢ el impacto sobre los salarios, pero eso no le ahorrar¨¢ el enfado sindical.
El ahorro permitir¨¢ al Ejecutivo no agotar su l¨ªmite de endeudamiento
La Mesa de la C¨¢mara tramitar¨¢ el proyecto en su pr¨®xima reuni¨®n
El Ejecutivo afirm¨® ayer que ha aplicado el ajuste decretado por Zapatero con la f¨®rmula "menos lesiva posible y manteniendo el compromiso de solidaridad". El recorte salarial oscilar¨¢ entre el 0,98% del primer escal¨®n funcionarial al 5% del m¨¢s alto. Personal laboral, trabajadores eventuales y todos los empleados del sector p¨²blico, incluidas las sociedades y empresas p¨²blicas, tendr¨¢n reducciones equivalentes. Para los altos cargos el recorte ascender¨¢ al 5% del sueldo para los directores, el 6% para viceconsejeros, el 7% para los miembros del Gobierno y el 8% para el lehendakari, Patxi L¨®pez. Todo ello con efectos desde el 1 de junio.
En su exposici¨®n de motivos, el texto legal recalca que el decreto del Gobierno central es "de aplicaci¨®n obligada a todas las administraciones p¨²blicas". El Gobierno ha tenido en cuenta para aplicarlo "la situaci¨®n de Euskadi y su autogobierno", destac¨® luego en un comunicado. As¨ª, y a¨²n siendo la situaci¨®n "comparativamente mejor" a la del resto de Espa?a, las medidas se consideran "precisas" para reducir el d¨¦ficit p¨²blico y emprender el camino de una estabilidad presupuestaria que resulte compatible tanto con "el crecimiento econ¨®mico y la creaci¨®n de empleo como con el mantenimiento y desarrollo de los servicios p¨²blicos".
El proyecto de ley explicita tambi¨¦n que el ahorro obtenido no se destinar¨¢ en ning¨²n caso a financiar otros gastos, sino que se dedicar¨¢ exclusivamente a reducir el endeudamiento. Ello supone que el Gobierno no llegar¨¢ al l¨ªmite de endeudamiento previsto en los Presupuestos de este a?o (cerca de 2.000 millones).
La mayor repercusi¨®n en la rebaja de las retribuciones la notar¨¢n los afectados no tanto en las n¨®minas mensuales como en la pr¨®xima paga extra de Navidad. Los funcionarios ver¨¢n tambi¨¦n reducida a la mitad la aportaci¨®n de la Administraci¨®n a sus planes de pensiones, de empleo o contratos de seguros colectivos referidos a la jubilaci¨®n.
La previsi¨®n para las entidades p¨²blicas pasa por una rebaja id¨¦ntica a la que sufre el funcionariado, incluido el caso de sus directivos, cuyas retribuciones no podr¨¢n superar las que reciben los viceconsejeros.
El proyecto de ley prev¨¦ tambi¨¦n la rebaja salarial para los profesores de los centros concertados por la v¨ªa de la reducci¨®n en el cap¨ªtulo de gastos de personal en los conciertos con esos colegios. El descenso supondr¨¢ una proporci¨®n an¨¢loga a la que se aplique a los docentes de los centros p¨²blicos. En el caso de la ense?anza universitaria, el personal docente e investigador, sean o no funcionarios, no se ver¨¢ afectado por el recorte auton¨®mico, ya que est¨¢ directamente sometido al decreto ley del Ejecutivo central. No ocurre lo mismo con el personal de administraci¨®n y servicios, al que si le ser¨¢ de aplicaci¨®n la ley vasca.
Tras la aprobaci¨®n por el Consejo de Gobierno y su env¨ªo ayer mismo al Parlamento, la Mesa de la C¨¢mara dar¨¢ tr¨¢mite al proyecto en su pr¨®xima reuni¨®n, prevista para el lunes. Sobre el papel podr¨ªa debatirse en el siguiente pleno, el d¨ªa 17, aunque el Gobierno dej¨® en el aire que pueda retrasarse al siguiente, el 24.
El Parlamento, el Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas y otras instituciones que cuentan con cap¨ªtulos independientes en los Presupuestos de la comunidad aut¨®noma tendr¨¢n que abordar la aplicaci¨®n de la ley tambi¨¦n, tanto para los parlamentarios, en el caso de la C¨¢mara, como para todo el personal que trabaja en ellas. En el caso del Parlamento existe un problema a?adido: si se aplica la rebaja con el mismo criterio, sus empleados ver¨¢n reducido su salario en mayor cuant¨ªa que el de las otras administraciones, porque apenas cuentan con complementos de los que han quedado a salvo de la tijera.
Las diputaciones, sin una propuesta fiscal com¨²n
Las diferencias entre las tres diputaciones van a impedir el pr¨®ximo jueves cualquier decisi¨®n del ?rgano de Coordinaci¨®n Tributaria (OCT) sobre fiscalidad, a tenor de lo dicho ayer por el diputado general de ?lava, Xabier Agirre, y confirmado por fuentes de la ejecutiva del PNV: las tres diputaciones acudir¨¢n a esa reuni¨®n sin la propuesta com¨²n que el
lehendakari,
Patxi L¨®pez, les ha reclamado tras aflorar las discordancias entre ellos. La reuni¨®n que el presidente del PNV, I?igo Urkullu, mantuvo anteayer con los diputados generales generales (Agirre y sus hom¨®logos de Vizcaya, Jos¨¦ Luis Bilbao, y Guip¨²zcoa, Markel Olano)no arroj¨® un acuerdo suficiente para articular ya esa propuesta, que, seg¨²n el PNV, no corre prisa.
Esa situaci¨®n diluye las expectativas de que el OCT vaya a avanzar de modo significativo en la reflexi¨®n sobre la reforma fiscal planteada por el
lehendakari,
con una subida de los impuestos a las rentas m¨¢s altas como bandera m¨¢s visible. En relaci¨®n con ella, Agirre dijo ayer en una entrevista en Radio Vitoria: "Las medidas que yo dije que est¨¢bamos estudiando estar¨¢n incluidas en la propuesta conjunta". Sin embargo, esa es una batalla que tiene a¨²n que librar y ganar primero en el seno de su partido. Las relaciones entre Agirre y la direcci¨®n del PNV est¨¢n enrarecidas, no s¨®lo por esta cuesti¨®n y por el
caso De Miguel,
sino tambi¨¦n por su negativa a ser el candidato de su partido a la alcald¨ªa de Vitoria en 2011, lo que le pidi¨® el propio Urkullu. La ejeutiva regional le ha vuelto ya a proponer para la reelecci¨®n al frente de la Diputaci¨®n.
El Ejecutivo, entre tanto, s¨®lo puede esperar, con menor capacidad de acci¨®n que los presidentes de las comunidades de r¨¦gimen com¨²n. Andaluc¨ªa, por ejemplo, gravar¨¢ las rentas por encima de 80.000 euros anuales en el tramo auton¨®mico del IRPF.
La Ley de Concierto Econ¨®mico se?ala en su art¨ªculo 1.2: "La exacci¨®n, gesti¨®n, liquidaci¨®n, inspecci¨®n, revisi¨®n y recaudaci¨®n de los tributos (...) de los territorios hist¨®ricos corresponde a las respectivas diputaciones forales". Al Gobierno le reserva ¨²nicamente la capacidad de armonizaci¨®n, en el caso de una discordancia territorial. El anterior Ejecutivo estuvo a punto de intervenir ante el mantenimiento del Impuesto de Sociedades por la Diputaci¨®n de Guip¨²zcoa y el PNV no querr¨¢ ahora darle esa baza al Ejecutivo en ning¨²n caso.
Fuentes de Econom¨ªa pidieron ayer "sosiego" y aseguraron que el OCT continuar¨¢ su trabajo el jueves "con las diferentes iniciativas y propuestas existentes". Todas ellas "tienen el objetivo com¨²n de adaptar el modelo tributario al actual contexto econ¨®mico" de crisis, a?adieron.
Las diputaciones saben como el Gobierno que "el actual sistema no es capaz de garantizar un nivel de recursos suficientes", destcaron. El Ejecutivo ha impulsado ya medidas en el OCT y seguir¨¢ colaborando en ¨¦l "en el dise?o y la toma de decisiones", independientemente de que las diputaciones presenten o no una posici¨®n concreta, concluyeron.
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