Ni crucifijos ni funerales cat¨®licos

Los funerales de Estado en 2004 por las v¨ªctimas del 11-M no podr¨¢n volver a repetirse si sale adelante la ley de Libertad Religiosa que prepara el Gobierno. Aquella ceremonia fue exclusivamente cat¨®lica -la ofici¨® en la catedral madrile?a de La Almudena el arzobispo de la capital, Antonio Mar¨ªa Rouco Varela-, a pesar de que entre los 191 muertos hab¨ªa un buen pu?ado de musulmanes y de cristianos ortodoxos. El borrador del texto legal que maneja el Ejecutivo establece que el Estado organizar¨¢ exclusivamente funerales civiles y solo se podr¨¢ desarrollar una ceremonia religiosa si las familias de los fallecidos lo solicitan. Y si entre los militares espa?oles ca¨ªdos hubiera cat¨®licos y musulmanes, tendr¨ªan que celebrarse dos ceremonias sucesivas o una sola multiconfesional.

El Estado "evitar¨¢ toda confusi¨®n" con las actividades de las religiones

Las exequias ser¨¢n civiles salvo que los familiares pidan lo contrario

"Los actos y celebraciones oficiales organizados por los poderes p¨²blicos se llevar¨¢n a cabo de forma que no integren ceremonias de car¨¢cter religioso", dice el borrador de la Ley Org¨¢nica de Libertad de Conciencia y Religiosa, norma que, seg¨²n ha trascendido tras la visita de Zapatero al Papa, el Gobierno no va a poner en marcha hasta despu¨¦s del verano. Se refiere, en primer lugar, a los funerales, pero tambi¨¦n a cualquier otro acto estatal.

El texto, seg¨²n confirman fuentes oficiales, habla, por primera vez, de la "laicidad del Estado" -es el t¨ªtulo de un cap¨ªtulo y de un art¨ªculo-. En los art¨ªculos que desarrollan esta laicidad, sin embargo, no se afirma que Espa?a ser¨¢ un Estado laico, sino que se habla solo de "neutralidad de los poderes p¨²blicos ante la religi¨®n o las creencias" y de la obligaci¨®n del Estado de evitar "toda confusi¨®n entre funciones estatales y actividades religiosas".

La nueva ley servir¨¢ tambi¨¦n para determinar el alcance de los derechos de libertad religiosa y de conciencia y para que se tenga m¨¢s en cuenta la nueva realidad confesional de Espa?a en la que, en parte a causa de la inmigraci¨®n, han crecido otras religiones; especialmente, el n¨²mero de musulmanes (1,4 millones), protestantes (rebasan el mill¨®n) y cristianos ortodoxos (600.000).

Las consecuencias concretas de la laicidad est¨¢n fijadas en cuatro art¨ªculos. Aparte de regular los actos oficiales, el texto proh¨ªbe los s¨ªmbolos religiosos en determinados lugares: "En los establecimientos p¨²blicos no se exhibir¨¢n s¨ªmbolos religiosos, salvo aquellos con valor hist¨®rico-art¨ªstico, arquitect¨®nico y cultural protegidos por las leyes". Es decir, no podr¨¢ haber crucifijos en colegios ni hospitales p¨²blicos, ni tampoco en ayuntamientos o ministerios.

Hay una excepci¨®n a esta regla en el texto. Pese a estar financiados con dinero p¨²blico, los colegios concertados o los centros m¨¦dicos privados con convenio con la Seguridad Social s¨ª podr¨¢n exhibir simbolog¨ªa acorde con su credo. El Ministerio de Justicia estima, de todas formas, que un 80% de los s¨ªmbolos carentes de valor art¨ªstico han sido ya suprimidos de los edificios p¨²blicos.

Las autoridades tendr¨¢n sus propias limitaciones. Si acuden a "actos estrictamente religiosos", deber¨¢n hacerlo "de tal manera que no suponga una quiebra de los principios de neutralidad y no discriminaci¨®n", prosigue el texto. Es decir, que no solo deber¨¢n atender las invitaciones de la Iglesia cat¨®lica y participar, por ejemplo, en procesiones, sino que tambi¨¦n deber¨¢n acudir a actos de las dem¨¢s confesiones como ya sucede, por ejemplo, en Ceuta con la Musala (rezo colectivo con el que finaliza el Ramad¨¢n), al que asisten el alcalde y el delegado del Gobierno. La mitad de la poblaci¨®n de la ciudad es musulmana.

La presencia de funcionarios en actos religiosos est¨¢ regulada de forma distinta a la de las autoridades. El texto establece que ser¨¢ siempre "voluntaria". El nuevo reglamento de honores militares se ha anticipado, en cierta medida, a la futura ley. Aprobado el 19 de mayo, estipula tambi¨¦n que cuando Defensa autorice a escoltas o piquetes a asistir a celebraciones religiosas, la participaci¨®n de los militares "tendr¨¢ car¨¢cter voluntario" y no tendr¨¢n que rendir honores al Sant¨ªsimo, a la Virgen ni a los santos patronos.

Esta participaci¨®n de los funcionarios, incluso si es voluntaria, podr¨ªa chocar, seg¨²n expertos consultados por este peri¨®dico, con la "neutralidad" de los poderes p¨²blicos y con la obligaci¨®n de evitar "toda confusi¨®n entre funciones estatales y actividades religiosas" que consagra la ley.

La comisi¨®n que redacta el anteproyecto de ley no ha decidido a¨²n si regular¨¢ o no en la ley los s¨ªmbolos religiosos individuales que llevan, en espacios p¨²blicos, ciudadanos que no representan al Estado; prendas como el hiyab (pa?uelo isl¨¢mico), cuya colocaci¨®n en abril sobre el cabello de Najwa Malha, alumna de un colegio de Pozuelo de Alarc¨®n (Madrid), desat¨® una pol¨¦mica. "Es uno los asuntos que se siguen debatiendo", indican fuentes de la vicepresidencia primera del Gobierno. El ministro de Justicia, Francisco Caama?o, s¨ª es favorable a legislar sobre el velo isl¨¢mico. "Hay que precisar qu¨¦ elementos religiosos de identificaci¨®n personal puede portar un ciudadano dentro de los espacios p¨²blicos", afirm¨® el 4 de mayo en Telecinco. La ley "deber¨¢ ser clara" y aplicar "el sentido com¨²n y la tolerancia", insisti¨®.

Uno de los contenidos de la libertad de conciencia es el derecho a "vivir y comportarse de acuerdo con las propias convicciones y creencias", que conlleva el de "expresar" la religi¨®n propia. Los ¨²nicos l¨ªmites que recoge el texto son el orden p¨²blico y los derechos de los dem¨¢s. Pero la regulaci¨®n que se propone es similar a la de la ley de libertad religiosa vigente, de 1980, que no consigui¨® dejar claro si el hiyab est¨¢ jur¨ªdicamente permitido en aulas o salas de juicio o si cualquier colegio o juez puede impedir su uso.

El Gobierno propone tambi¨¦n equipar pr¨¢cticamente a las cuatro religiones que gozan en Espa?a de "notorio arraigo" -mormones, testigos de Jehov¨¢, budistas y ortodoxos- con las tres que en 1992 firmaron acuerdos con el Estado: musulmanes, protestantes y jud¨ªos. La Iglesia cat¨®lica goza de una situaci¨®n mejor gracias a los acuerdos de 1979, y continuar¨¢ manteniendo estos privilegios. Seguir¨¢ siendo, por ejemplo, la ¨²nica confesi¨®n a la que los contribuyentes podr¨¢n dedicar el 0,7% de su IRPF.

El borrador del proyecto de ley establece las condiciones (a?os de inscripci¨®n, n¨²mero m¨ªnimo de lugares de culto, etc¨¦tera) para que otras religiones obtengan el estatus de "notorio arraigo" y la consiguiente capacidad de interlocuci¨®n con el Estado, as¨ª como las ventajas fiscales que conlleva. Hasta ahora era la Comisi¨®n Asesora de Libertad Religiosa la que lo decid¨ªa, y sin criterios muy definidos. El hinduismo podr¨ªa ser el primer candidato a conseguir esta condici¨®n con la nueva ley, que reconoce nuevos derechos para estas confesiones.

Los 37 art¨ªculos en preparaci¨®n sustituir¨¢n a los ocho de la ley de 1980. La vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega preside la comisi¨®n encargada de redactar la ley, de la que tambi¨¦n es miembro el director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Contreras. Este catedr¨¢tico consult¨® previamente algunos aspectos de la ley con las confesiones religiosas reunidas en un foro informal.

Esquerra Republicana de Catalunya es la formaci¨®n que parece tener m¨¢s prisa para que salga adelante la ley. Su portavoz adjunto, Joan Tard¨¤, present¨® una moci¨®n en el Congreso que los socialistas enmendaron y aprobaron el 18 de mayo con el voto en contra de PP y UPN y la abstenci¨®n de CiU y PNV. La moci¨®n insta al Gobierno a someter el anteproyecto de la ley a una primera lectura antes del 30 de junio. No parece probable que se respete este plazo, pero el Consejo de Ministros le dar¨¢ un primer repaso antes de las vacaciones veraniegas. En el mejor de los casos entrar¨¢ en la C¨¢mara baja a finales de a?o.

El PP se ha opuesto de antemano a la nueva ley por dos razones. La primera es de oportunidad. "No es el momento por necesidad social, prioridad ni por reconocer un nuevo derecho", declar¨® el diputado Santiago Cervera en el Congreso. Adem¨¢s, se lament¨®, la ley "intervendr¨¢ aspectos no sustantivos, pero s¨ª simb¨®licos" equiparables a "tradiciones y convenciones" de Espa?a.

La Iglesia cat¨®lica tampoco est¨¢ de acuerdo. El Papa Benedicto XVI traslad¨® el jueves en El Vaticano al presidente Jos¨¦ Lu¨ªs Rodr¨ªguez Zapatero sus reticencias ante la iniciativa legislativa en gestaci¨®n.