Huelgas con rehenes

C¨¢ndido M¨¦ndez e Ignacio Fern¨¢ndez Toxo, secretarios generales de CC OO y UGT, anunciaron ayer que hoy mismo se inicia, con manifestaciones y concentraciones en m¨¢s de 40 ciudades, "un proceso ascendente hacia la huelga general" del 29 de septiembre contra la reforma laboral y los recortes del gasto p¨²blico. Pero m¨¢s interesante que ese anuncio fue la advertencia de M¨¦ndez en el sentido de que lo ocurrido en la huelga del metro madrile?o conten¨ªa un aviso para las Administraciones: si fijan servicios m¨ªnimos abusivos, los trabajadores no los respetar¨¢n.

El derecho de huelga, que nadie cuestiona, implica la obligaci¨®n de respetar la legalidad; los servicios m¨ªnimos son una garant¨ªa de proporcionalidad entre ese derecho y el de los usuarios de servicios p¨²blicos esenciales: dos millones diarios en el caso del metro de Madrid. No se recuerda ocasi¨®n en la que los sindicatos convocantes de una huelga en los servicios p¨²blicos no hayan considerado abusivos los servicios m¨ªnimos decretados, lo que ha hecho perder peso a ese argumento.

Hace unos a?os, sindicatos corporativos con l¨ªderes narcisistas protagonizaron huelgas salvajes en ese sector, con millones de ciudadanos tomados como rehenes de su radicalidad; se dijo entonces que eso no habr¨ªa pasado si hubieran tenido m¨¢s peso los sindicatos mayoritarios; pero en esta huelga, CC OO y UGT forman parte, junto a otras tres siglas, del comit¨¦ de empresa. Las palabras de M¨¦ndez constituyen, por ello, una p¨¦sima referencia ante el 29 de septiembre.

La huelga de ayer tiene su origen en la decisi¨®n del Gobierno regional de Madrid de extender a los empleados de las empresas p¨²blicas que gestiona la reducci¨®n salarial decidida para los funcionarios. Algo que no hizo el Gobierno central, pero s¨ª otras comunidades, como Catalu?a o el Pa¨ªs Vasco, con el argumento de que la inmensa mayor¨ªa de esos empleados ten¨ªa garantizado su puesto de trabajo, a diferencia de los de las empresas privadas.

El comit¨¦ de empresa alega que exist¨ªa un convenio en vigor hasta 2012 que la decisi¨®n de la Comunidad rompe unilateralmente. Pero tambi¨¦n lo ten¨ªan los funcionarios. Es posible que haya faltado una explicaci¨®n m¨¢s pedag¨®gica de la gravedad de una situaci¨®n que obligaba a esos sacrificios a cambio de la seguridad en el empleo; y mayor claridad para explicar c¨®mo encaja la reducci¨®n salarial del 5% con la garant¨ªa posterior de mantenimiento del poder adquisitivo incluida mediante una enmienda a los presupuestos de Madrid.

Pero nada de esto justifica la inflexibilidad de un comit¨¦ de empresa que anuncia con toda tranquilidad que no respetar¨¢ la legalidad, y una parte del cual amenaza incluso con convertir la huelga en indefinida. Caiga quien caiga, es decir, a despecho de los dos millones de usuarios damnificados directos, y los a¨²n m¨¢s numerosos atrapados por el gigantesco atasco en que se convirti¨® la capital de Espa?a. ?Es as¨ª como piensan convencer a los ciudadanos de que se sumen a la huelga general?