Oltra denuncia una rebaja de sanciones a asilos de Sedesa

La portavoz adjunta de Comprom¨ªs en las Cortes valencianas M¨®nica Oltra denunci¨® ayer que la Generalitat ha reducido en m¨¢s de 100.000 euros las sanciones propuestas por la inspecci¨®n a un grupo de residencias para mayores gestionadas por la empresa Sedesa, controlada hasta hace tres semanas por el hermano del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino. La Consejer¨ªa de Bienestar Social respondi¨® ayer que la reducci¨®n de la multa obedece a que la empresa resolvi¨® los problemas detectados por los inspectores en el plazo que se le dio para hacerlo.

Oltra destac¨® que 21 residencias del grupo Savia, marca bajo la cual opera la empresa Gerocentros del Mediterr¨¢neo -participada por Sedesa-, han recibido alg¨²n tipo de sanci¨®n leve, grave o muy grave desde 2007 por parte de los servicios de inspecci¨®n de la consejer¨ªa. La diputada explic¨® que la inspecci¨®n es la encargada de plantear la propuesta de sanci¨®n pero no fija la cantidad final, que depende de la direcci¨®n general de Personas con Discapacidad y Dependencia. Pese a que el conjunto de las sanciones deber¨ªa haber supuesto una multa de entre 121.500 y 600.000 euros, finalmente, la direcci¨®n general fij¨® una suma de 15.000 euros, seg¨²n Oltra.

Bienestar Social sostiene que no ha habido ning¨²n trato de favor

Comprom¨ªs ha registrado una pregunta las Cortes en la que pregunta al Consell los motivos para reducir la sanci¨®n y "si la raz¨®n es que las residencias eran de familiares de Cotino". Se trata de resoluciones "arbitrarias, no justificadas, no motivadas y que benefician a la empresa de familiares del se?or Cotino".

Bajo la gesti¨®n de Juan Cotino de Bienestar Social, se aument¨® el n¨²mero de plazas de residencias del grupo Savia concertadas con la Generalitat y del precio por plaza previsto inicialmente.

Fuentes de la Consejer¨ªa de Bienestar Social, ahora dirigida por Ang¨¦lica Such, negaron ayer que haya habido cualquier trato de favor y sostuvieron que el procedimiento seguido en estas sanciones ha sido el ordinario. "A todas las empresas se les da un plazo de seis meses para resolver el problema detectado, y si lo resuelven, como ha sido el caso, se les reduce la sanci¨®n", comentan. "El objetivo de la inspecci¨®n es que se resuelvan los defectos detectados".