El juez ordena abrir juicio contra la 'n¨²mero dos' del PSM
El Tribunal Superior de Justicia cree que Trinidad Roll¨¢n, ex alcaldesa de Torrej¨®n, pudo cometer un delito de prevaricaci¨®n
La secretaria de Organizaci¨®n del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Roll¨¢n, se sentar¨¢ en el banquillo de los acusados. As¨ª lo han acordado los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ven indicios de un delito de prevaricaci¨®n administrativa. No ser¨¢ el ¨²nico cargo p¨²blico, porque tambi¨¦n est¨¢n imputados los otros 13 concejales del Ayuntamiento de Torrej¨®n de Ardoz que formaban en 2001 el equipo de gobierno municipal. Roll¨¢n se neg¨® a hacer declaraciones sobre la imputaci¨®n hasta que comience el juicio, seg¨²n explicaron fuentes del PSM.
Los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM creen que los 14 concejales pudieron cometer un delito de prevaricaci¨®n recogido en el art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal. Por tanto, se enfrentan a una condena de ocho a?os de inhabilitaci¨®n especial para el desempe?o de un cargo p¨²blico. El hecho que se enjuiciar¨¢ y para el que todav¨ªa no hay fecha se basa en el equipo de gobierno al frente del que estaba Trinidad Roll¨¢n, que aprob¨® un convenio urban¨ªstico que supuso la venta de suelo municipal a la empresa Patrimonio Siglo XXI, SA, por un valor de 3,24 millones de euros. El secretario del Ayuntamiento, seg¨²n el informe de calificaci¨®n del fiscal, puso de relieve "la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito".
Viviendas sociales
El convenio lo firm¨® el entonces concejal de Urbanismo Francisco Mart¨ªn Rojas en la sede municipal el 14 de septiembre de 2001. Su fin era construir 107 viviendas de protecci¨®n oficial, que actualmente est¨¢n construidas y habitadas. El 26 de noviembre de 2001 el pleno del Ayuntamiento de Torrej¨®n aprob¨® el convenio, que fue elevado a escritura p¨²blica el 20 de enero de 2002.
Los otros imputados son el propio Francisco Mart¨ªn Rojas, Julia L¨®pez Jim¨¦nez, Mar¨ªa del Mar Gonz¨¢lez Romero, Josefina Ginovart Amor¨®s, Mar¨ªa de los Desamparados Gallego Alfaro, Francisco Montero Almir¨®n, Luc¨ªa Tiz¨®n Cu?arro, Valent¨ªn G¨®mez Goraz, Luis Ceres Rodr¨ªguez, Juana Fern¨¢ndez Rodr¨ªguez, F¨¦lix Ortega Arias y Juan Francisco L¨®pez G¨¢rate. Como tambi¨¦n est¨¢ imputada la diputada regional Esperanza Rozas Pi?as y goza de aforamiento, el caso lo estudiar¨¢ directamente el TSJM.De los otros 13 concejales imputados, nueve pertenecen al PSOE y los otros cuatro al Partido Dem¨®crata Espa?ol (PADE). Los magistrados del TSJM creen que hay "indicios racionales de criminalidad". Por ello, los jueces creen que debe abrirse la vista, para que se produzca "el debate necesario y esclarecedor propio del juicio oral". Contra esta decisi¨®n no cabe recurso alguno.
Trinidad Roll¨¢n no quiere hacer declaraciones hasta que empiece el juicio o haya una sentencia. Este peri¨®dico intent¨®, sin ¨¦xito, conseguir la versi¨®n del secretario general del PSM, Tom¨¢s G¨®mez.
Los que s¨ª hablaron fueron los concejales socialistas a trav¨¦s de un comunicado de prensa. Los ediles recordaron que no est¨¢n acusados "ni de beneficiarse ni de enriquecerse personalmente". "Se trata de una posible prevaricaci¨®n urban¨ªstica, es decir, si se ha adoptado una resoluci¨®n jur¨ªdica injusta a sabiendas. Mediante este acuerdo plenario los 14 concejales salvaron la construcci¨®n de 107 viviendas de integraci¨®n social y permitieron llevar a cabo la construcci¨®n de otras 390 viviendas p¨²blicas", relatan los afectados.
Los concejales recuerdan que exist¨ªa un informe jur¨ªdico favorable al convenio firmado por parte de la abogada del Ayuntamiento, lo que tambi¨¦n se tradujo en un ingreso de 559 millones de pesetas (3.359.000 euros) para equipamientos sociales en el municipio. Seg¨²n su versi¨®n, el secretario y el interventor no hicieron informes "durante la larga tramitaci¨®n del procedimiento, confundiendo a los concejales, ya que no pudieron conocer ni valorar sus informes antes del pleno". "Los concejales del PSOE actuaron como siempre han trabajado honestamente y al servicio del municipio y de los intereses generales. Esto se demostrar¨¢ evidentemente en el juicio", concluyen.
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